Si el mensaje no era claro, la semana pasada -desde la “mañanera”- se acreditó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no dejará que los priistas se reagrupen en las elecciones de 2023 y menos en la batalla por el Estado de México. Sí o sí, AMLO quiere la gubernatura mexiquense.
Para ello, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ex presidente, Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como “lavado de dinero”, al detectar -por los reportes financieros- “un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, por poco más de 26 millones de pesos.
Adicionalmente, se identificó una empresa que proveyó servicios al gobierno durante el mandato de Peña Nieto -a la cual estaría presuntamente vinculado como accionista- por más de 10 mil 500 millones de pesos.
Naturalmente, el exmandatario mexiquense respondió -vía Twitter: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”.
Más allá de los montos -que no son menores- y de la ruta jurídica que sigan las investigaciones correspondientes, el mensaje a Peña Nieto y los priistas es: <<conocemos todas sus cuentas y cómo se han movido>>, independientemente de si lo hecho ha sido legal o no, porque la UIF tiene toda la información de los priistas del país desde enero de 2019. Las carpetas están listas. Quien avisa no traiciona.
Habrá que añadir los shows mediáticos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, “Alito”, para exhibir sus bienes altamente costosos. Todo ello abona a la etiqueta de corrupción, abusos y excesos que se le ha colocado, casi exclusivamente, al PRI.
En 2018 y 2019, en este mismo espacio, advertimos que -llegado el momento oportuno- el presidente López Obrador procedería en contra de su antecesor, para afianzar su movimiento político en el país. Lograr ese objetivo pasa -obligadamente- por el Estado de México, donde el nombramiento del nuevo secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa -ligado directamente con Peña Nieto- se leyó como una intervención de ese grupo en el gobierno de Alfredo Del Mazo, con miras a 2023.
Ante ello, la pregunta es: ¿La clase política priista está dispuesta a la confrontación directa con el poder presidencial para mantener vivo al PRI?
PERCEPCIÓN
En Morena seis personas aspiran a la candidatura por la Gubernatura. ¿Encuestas o negociación? Ya se verá.
Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx.
Twitter: @RJoyaC
