El reto que ha significado la gestión de la pandemia por la enfermedad de COVID-19, obliga a mirar una de las funciones que -al menos en el sector público- se ha enfocado con mayor empeño (y uso de recursos) en la promoción de quienes encabezan las instituciones y no en generar participación social: la comunicación.
Los gobiernos de todos los ámbitos: locales, regionales y nacionales, enfrentaron la necesidad de “comunicar” mensajes para reducir los contagios y el número de muertes. Éstas últimas ya superan los 3 millones en todo el mundo.
La comunicación de los gobiernos debió convencer a la población para que, en una primera fase, mantuviéramos el confinamiento domiciliario, suspendiéramos actividades económicas, educativas, de recreación y aplicáramos medidas de higiene.
Sin embargo, recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación “por el continuo incremento en el número de casos y defunciones y recordó la necesidad de aumentar las actividades mundiales de vacunación”.
La última declaración del “Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional sobre la pandemia de enfermedad de coronavirus de 2019”, señala que seguirá siendo “una emergencia de salud pública de importancia internacional”, y emitió orientaciones entre las que destaca la “Comunicación de los riesgos, participación pública y gestión de riesgos”. En ese campo existen vacíos delicados.
Se recomendó: “proporcionar materiales de comunicación y orientación para explicar a las comunidades la necesidad permanente de combatir de forma sostenible la pandemia”, y difundir mensajes para hacer frente al cansancio por la situación.
Asimismo: explicar los beneficios y riesgos de la vacunación y la necesidad de mantener las medidas sociales y de salud pública, así como combatir la desinformación. Ofrecer información actual y fiable, herramientas y estrategias para que la población se responsabilice, participe y exprese sus inquietudes.
Enfatizan la necesidad de “comunicar de forma clara y coherente” todo lo relacionado con la vacunación contra COVID-19, incluida la relación beneficio-riesgo y los posibles efectos adversos posvacunales”. Advierten que “ninguna vacuna es eficaz al 100 % y que el riesgo de contraer la enfermedad, sobre todo las formas graves de esa, se reduce considerablemente pero no se elimina”.
Hasta ahora, ninguna instancia de los tres poderes del Estado ha convocado a los medios de comunicación y a las estructuras de las instituciones públicas para articular esfuerzos comunicacionales que disminuyan contagios y muertes. Las cifras acreditan los vacíos.
PERCEPCIÓN
Esta semana cierran las comparecencias de quienes aspiran a dirigir la Universidad Autónoma del Estado de México. El 14 de mayo será la elección.
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx.
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