/ martes 3 de septiembre de 2019

Un informe sin mujeres


Ni la coyuntura de una manifestación que cimbró la capital del país para decir “ya basta”, ni la violenta realidad a la que cada día nos enfrentamos las mexicanas, merecieron atención en el primer informe presidencial, que este domingo solo dedicó una mención a las mujeres en su discurso y fue en referencia a un programa que “da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos”.

Desde el inicio, la administración federal pretendió eliminar las unidades de género en sus dependencias y, de hecho, la “legislatura de la paridad” con el aval de la mayoría que lidera Morena, recortó para este 2019 el presupuesto denominado “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” que, si bien aumentó 29.9% respecto del año anterior, se debe a la inclusión del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que representa 58.7% del total etiquetado.

Obviamente en el mundo feliz del nuevo régimen, tampoco hubo espacio para la palabra feminicidios y la pregunta es: además de leyes, alertas de género o manifestaciones, ¿qué hace falta para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas que en pleno siglo XXI se erige, como afirma la Organización de las Naciones Unidas, en “una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras en el mundo”?

El actual gobierno debe asumir su responsabilidad, garantizando políticas, evaluaciones y presupuestos consistentes en el tiempo y en todo el territorio, amén de una coordinación eficaz de los tres poderes y los gobiernos federal, estatales y locales.

Lo que sí menciona el documento impreso del informe, –aunque no es un logro propio-- es la llegada de Spotlight a México, una iniciativa mundial financiada por la Unión Europea con el respaldo técnico de la ONU, orientada a eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en cinco municipios del país: Ecatepec, Naucalpan, Chihuahua, Ciudad Juárez y Chilpancingo.

El reto, advirtió el gobernador Alfredo del Mazo al dar el banderazo de salida en territorio mexiquense, es “hacer visible el fenómeno, sacar a las agresiones de la oscuridad donde crecen, a los perpetradores del anonimato que los protege y a las víctimas del silencio que promueve su condición o justifica su condición”.

La iniciativa de la ONU nos permitirá en el Estado de México y ojalá en el país, revisar y fortalecer esfuerzos que ya se realizan. Sin embargo, existen focos rojos en el horizonte: en su primer año, el gobierno federal se ha empeñado en desmantelar programas, instituciones y organizaciones sociales que significaban una importante red de apoyo y protección a los derechos de las mujeres y sus familias, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo o los albergues para víctimas de violencia y sus familias.

Spotlight llega cuando en nuestra sociedad el temor se convirtió en hartazgo y la izquierda está en el poder, lo que debe obligarla a dejar de usar como banderas políticas la violencia contra las mujeres y los feminicidios, para demostrar que el discurso puede llevarse con efectividad a la práctica y responsabilizarse de devolvernos la seguridad que merecemos.

*Maestra en Derechos Humanos y Garantías.

Diputada federal mexiquense.


Ni la coyuntura de una manifestación que cimbró la capital del país para decir “ya basta”, ni la violenta realidad a la que cada día nos enfrentamos las mexicanas, merecieron atención en el primer informe presidencial, que este domingo solo dedicó una mención a las mujeres en su discurso y fue en referencia a un programa que “da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos”.

Desde el inicio, la administración federal pretendió eliminar las unidades de género en sus dependencias y, de hecho, la “legislatura de la paridad” con el aval de la mayoría que lidera Morena, recortó para este 2019 el presupuesto denominado “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” que, si bien aumentó 29.9% respecto del año anterior, se debe a la inclusión del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que representa 58.7% del total etiquetado.

Obviamente en el mundo feliz del nuevo régimen, tampoco hubo espacio para la palabra feminicidios y la pregunta es: además de leyes, alertas de género o manifestaciones, ¿qué hace falta para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas que en pleno siglo XXI se erige, como afirma la Organización de las Naciones Unidas, en “una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras en el mundo”?

El actual gobierno debe asumir su responsabilidad, garantizando políticas, evaluaciones y presupuestos consistentes en el tiempo y en todo el territorio, amén de una coordinación eficaz de los tres poderes y los gobiernos federal, estatales y locales.

Lo que sí menciona el documento impreso del informe, –aunque no es un logro propio-- es la llegada de Spotlight a México, una iniciativa mundial financiada por la Unión Europea con el respaldo técnico de la ONU, orientada a eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en cinco municipios del país: Ecatepec, Naucalpan, Chihuahua, Ciudad Juárez y Chilpancingo.

El reto, advirtió el gobernador Alfredo del Mazo al dar el banderazo de salida en territorio mexiquense, es “hacer visible el fenómeno, sacar a las agresiones de la oscuridad donde crecen, a los perpetradores del anonimato que los protege y a las víctimas del silencio que promueve su condición o justifica su condición”.

La iniciativa de la ONU nos permitirá en el Estado de México y ojalá en el país, revisar y fortalecer esfuerzos que ya se realizan. Sin embargo, existen focos rojos en el horizonte: en su primer año, el gobierno federal se ha empeñado en desmantelar programas, instituciones y organizaciones sociales que significaban una importante red de apoyo y protección a los derechos de las mujeres y sus familias, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo o los albergues para víctimas de violencia y sus familias.

Spotlight llega cuando en nuestra sociedad el temor se convirtió en hartazgo y la izquierda está en el poder, lo que debe obligarla a dejar de usar como banderas políticas la violencia contra las mujeres y los feminicidios, para demostrar que el discurso puede llevarse con efectividad a la práctica y responsabilizarse de devolvernos la seguridad que merecemos.

*Maestra en Derechos Humanos y Garantías.

Diputada federal mexiquense.

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