/ miércoles 18 de diciembre de 2019

Vida Pública | 2019, el año más inseguro


2019 ya es el año más inseguro y violento de la historia nacional. De enero a noviembre se registraron más homicidios dolosos que en el mismo periodo de cualquier año anterior; se han incrementado los secuestros en más de 30%, y han sido robados más hidrocarburos que nunca desde que el llamado "huachicoleo" se registra (sí, el combate orquestado por el presidente hace un año, fue un rotundo fracaso, pues ahora se roban más de 5 mil barriles diarios de hidrocarburos) por sólo enlistar tres de los más connotados delitos. Este año ha sido una verdadera desgracia y en vías de empeorar.

Habrá quien, no sin cierta razón, distribuya la responsabilidad entre los gobiernos anteriores, pero lo cierto es que, hoy por hoy, el desastre es completamente responsabilidad del gobierno en funciones. No hay modo de evadir esa contundente realidad.

Ayuntamientos y gobernadores son, ciertamente, corresponsables en sus respectivas jurisdicciones, de modo que ahora que cada mañana se realizan decenas, si no es que cientos de reuniones de coordinación en seguridad, la inseguridad está peor que nunca, lo que hace suponer que dichas reuniones han resultado estériles.

Objetivamente hablando se requieren más que indicadores de desempeño que nada más muestran que están trabajando, indicadores de resultados que den cuenta para qué sirve el esfuerzo. Las autoridades municipales y estatales deberían reportar, en tiempo real, los avances y logros en términos de incidencia delictiva, prevalencia de delitos, "cifra negra" y crímenes prevenidos y atendidos, además de sanciones aplicadas a responsables de faltas administrativas y delitos menores que impidan la impunidad, subrayadamente de las expresiones de violencia de género, y número de sentencias condenatorias. Toda ella, información que al día de hoy desconocemos y que debería ser pública, con lo cual la labor de las autoridades sería mejor conocida y valorada, y la ciudadanía podría asumir plenamente sus obligaciones cívicas.

Es difícil de entender por qué razón las autoridades no hacen lo que el sentido de responsabilidad y, sobre todo, el sentido común indica: medir el tamaño del problema, desarmarlo en sus partes para comprenderlo, y acometerlo con método para resolver simultáneamente, cada una de sus partes de manera organizada.

Son excepciones que aparecen en la geografía nacional como pequeños y dispersos lunares, que se pueden contar con los dedos de las manos las ciudades que realizan evaluaciones científicas de la criminalidad, a partir de las cuales guían su política de combate criminal.

Para lograrlo no hace falta más que observar cómo trabaja la policía en países y ciudades del planeta donde opera con razonable eficacia, para entender que el modelo a seguir exige proximidad entre autoridades y vecinos, y jueces cívicos que apliquen la justicia para castigar toda conducta ilegal, antes de que escale a delito. Esta es la fórmula que nuestro municipio, estado y país necesitan.

Habiendo formulado solicitudes a través del sistema de transparencia, hemos comprobado con preocupación que no existen las encuestas y los estudios que son indispensables en el Estado de México. La ausencia de esa información equivale a que un doctor practique una cirugía sin tener al menos una radiografía, para saber cómo y con qué propósito operar. Más pronto que tarde serán necesarios los estudios demoscópicos que hemos propuesto desde hace un año: mientras más pronto, será menos difícil recuperar la armonía social que todos merecemos y será mejor la respuesta gubernamental a la mayor exigencia social.

@HuicocheaAlanis


2019 ya es el año más inseguro y violento de la historia nacional. De enero a noviembre se registraron más homicidios dolosos que en el mismo periodo de cualquier año anterior; se han incrementado los secuestros en más de 30%, y han sido robados más hidrocarburos que nunca desde que el llamado "huachicoleo" se registra (sí, el combate orquestado por el presidente hace un año, fue un rotundo fracaso, pues ahora se roban más de 5 mil barriles diarios de hidrocarburos) por sólo enlistar tres de los más connotados delitos. Este año ha sido una verdadera desgracia y en vías de empeorar.

Habrá quien, no sin cierta razón, distribuya la responsabilidad entre los gobiernos anteriores, pero lo cierto es que, hoy por hoy, el desastre es completamente responsabilidad del gobierno en funciones. No hay modo de evadir esa contundente realidad.

Ayuntamientos y gobernadores son, ciertamente, corresponsables en sus respectivas jurisdicciones, de modo que ahora que cada mañana se realizan decenas, si no es que cientos de reuniones de coordinación en seguridad, la inseguridad está peor que nunca, lo que hace suponer que dichas reuniones han resultado estériles.

Objetivamente hablando se requieren más que indicadores de desempeño que nada más muestran que están trabajando, indicadores de resultados que den cuenta para qué sirve el esfuerzo. Las autoridades municipales y estatales deberían reportar, en tiempo real, los avances y logros en términos de incidencia delictiva, prevalencia de delitos, "cifra negra" y crímenes prevenidos y atendidos, además de sanciones aplicadas a responsables de faltas administrativas y delitos menores que impidan la impunidad, subrayadamente de las expresiones de violencia de género, y número de sentencias condenatorias. Toda ella, información que al día de hoy desconocemos y que debería ser pública, con lo cual la labor de las autoridades sería mejor conocida y valorada, y la ciudadanía podría asumir plenamente sus obligaciones cívicas.

Es difícil de entender por qué razón las autoridades no hacen lo que el sentido de responsabilidad y, sobre todo, el sentido común indica: medir el tamaño del problema, desarmarlo en sus partes para comprenderlo, y acometerlo con método para resolver simultáneamente, cada una de sus partes de manera organizada.

Son excepciones que aparecen en la geografía nacional como pequeños y dispersos lunares, que se pueden contar con los dedos de las manos las ciudades que realizan evaluaciones científicas de la criminalidad, a partir de las cuales guían su política de combate criminal.

Para lograrlo no hace falta más que observar cómo trabaja la policía en países y ciudades del planeta donde opera con razonable eficacia, para entender que el modelo a seguir exige proximidad entre autoridades y vecinos, y jueces cívicos que apliquen la justicia para castigar toda conducta ilegal, antes de que escale a delito. Esta es la fórmula que nuestro municipio, estado y país necesitan.

Habiendo formulado solicitudes a través del sistema de transparencia, hemos comprobado con preocupación que no existen las encuestas y los estudios que son indispensables en el Estado de México. La ausencia de esa información equivale a que un doctor practique una cirugía sin tener al menos una radiografía, para saber cómo y con qué propósito operar. Más pronto que tarde serán necesarios los estudios demoscópicos que hemos propuesto desde hace un año: mientras más pronto, será menos difícil recuperar la armonía social que todos merecemos y será mejor la respuesta gubernamental a la mayor exigencia social.

@HuicocheaAlanis