/ miércoles 12 de diciembre de 2018

Vida Pública


Mejorar la seguridad en el Estado de México

Es urgente y es posible, mejorar la seguridad en el Estado de México. Contundentes por donde se miren, los datos son claros, de acuerdo con el Índice del Estado de Derecho en el país, elaborado por la prestigiada organización internacional World Justice Project, en 2018, la entidad aparece muy mal calificada, por debajo de la media nacional en 5 de los 8 factores analizados; el penúltimo en orden y seguridad, antepenúltimo en ausencia de corrupción y límites al poder gubernamental; lugar 28 en Derechos fundamentales, superando por muy poco a Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Guerrero; 27 en Justicia penal en el que las CDMX y Querétaro, entidades vecinas, ocupan los lugares 9 y 1, respectivamente. En resumen, es el peor evaluado, apenas por encima de Baja California Sur y Guerrero, al ocupar el lugar 30 de 32 en el Índice de Respeto al Estado de Derecho.

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2018 del INEGI, la fuente de información oficial más recurrente y aceptada en la materia, es la entidad federativa con más víctimas del delito por cada 100 mil habitantes (46,705), la que tiene la peor percepción de inseguridad, únicamente superada por Tabasco; la que menos denuncias recibe y atiende, junto con Guerrero y Tamaulipas. (Estado de México, 94.8%; Guerrero, 96.8% y Tamaulipas, 96.4%); y la que registra uno de los más altos índices de insatisfacción con la seguridad: 91.8%.

En resumen, según el Instituto, los mexiquenses no le tienen confianza a sus cuerpos de seguridad local; a la policía de tránsito la califican con 29.5% (la media nacional es de 42%); a las municipales, con 36.6% (la media nacional es de 48.2%); a la ministerial con 37.1% (la media nacional es de 53%); y a la estatal, con 42.1% (la media nacional es de 54.3%). Otro estudio, también del INEGI, destaca que Ecatepec, Toluca y Nezahualcoyotl, se encuentran dentro de las ciudades más inseguras del país, (92.3%, 84.8% y 79.7%, respectivamente), practicamente a la par de Acapulco, 89.0% y Chilpancingo, 93.3%, entre otras.

Precedidas por la decisión política de cambiar esta realidad y mejorar su percepción, es evidente que se requiere mucho más que coordinarse y colaborar con las autoridades federales en el territorio del estado, es preciso mucho más que un incremento en el número de efectivos y algo distinto a incrementar la inversión de recursos en equipo, capacitación y tecnología; se requiere todo lo anterior pero, sobre todo, se necesita un nuevo modelo de policía, el de policía estatal eficaz.

A partir de un par de reformas a la constitución política local y a una decena de leyes vigentes en el Estado, así como la creación de tres normas nuevas y una serie de medidas de carácter administrativo, es posible crear en un tiempo relativamente corto, el modelo con el cual, el esfuerzo y los recursos institucionales tendrán objetivos claros, medibles, conocidos por todos; dará sentido a la colaboración entre el Poder Ejecutivo Estatal, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial local, además de que podrá articular la cooperación de autoridades municipales y, muy relevantemente, dará visibilidad, legitimidad y eficacia, a la participación ciudadana. En pocas palabras, con la ley es posible crear la estrategia integral que evidentemente ahora no tenemos, y mejorar la seguridad en el Estado de México.

La oportundad y, sobre todo, la obligación de asumir la responsabilidad por la seguridad de nosotros y de nuestras familias, está en nuestras propias manos. Nadie puede, nadie debe y a nadie deberíamos permitirle que venga a hacer, lo que podemos asumir nosotros mismos.

@HuicocheaAlanis


Mejorar la seguridad en el Estado de México

Es urgente y es posible, mejorar la seguridad en el Estado de México. Contundentes por donde se miren, los datos son claros, de acuerdo con el Índice del Estado de Derecho en el país, elaborado por la prestigiada organización internacional World Justice Project, en 2018, la entidad aparece muy mal calificada, por debajo de la media nacional en 5 de los 8 factores analizados; el penúltimo en orden y seguridad, antepenúltimo en ausencia de corrupción y límites al poder gubernamental; lugar 28 en Derechos fundamentales, superando por muy poco a Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Guerrero; 27 en Justicia penal en el que las CDMX y Querétaro, entidades vecinas, ocupan los lugares 9 y 1, respectivamente. En resumen, es el peor evaluado, apenas por encima de Baja California Sur y Guerrero, al ocupar el lugar 30 de 32 en el Índice de Respeto al Estado de Derecho.

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2018 del INEGI, la fuente de información oficial más recurrente y aceptada en la materia, es la entidad federativa con más víctimas del delito por cada 100 mil habitantes (46,705), la que tiene la peor percepción de inseguridad, únicamente superada por Tabasco; la que menos denuncias recibe y atiende, junto con Guerrero y Tamaulipas. (Estado de México, 94.8%; Guerrero, 96.8% y Tamaulipas, 96.4%); y la que registra uno de los más altos índices de insatisfacción con la seguridad: 91.8%.

En resumen, según el Instituto, los mexiquenses no le tienen confianza a sus cuerpos de seguridad local; a la policía de tránsito la califican con 29.5% (la media nacional es de 42%); a las municipales, con 36.6% (la media nacional es de 48.2%); a la ministerial con 37.1% (la media nacional es de 53%); y a la estatal, con 42.1% (la media nacional es de 54.3%). Otro estudio, también del INEGI, destaca que Ecatepec, Toluca y Nezahualcoyotl, se encuentran dentro de las ciudades más inseguras del país, (92.3%, 84.8% y 79.7%, respectivamente), practicamente a la par de Acapulco, 89.0% y Chilpancingo, 93.3%, entre otras.

Precedidas por la decisión política de cambiar esta realidad y mejorar su percepción, es evidente que se requiere mucho más que coordinarse y colaborar con las autoridades federales en el territorio del estado, es preciso mucho más que un incremento en el número de efectivos y algo distinto a incrementar la inversión de recursos en equipo, capacitación y tecnología; se requiere todo lo anterior pero, sobre todo, se necesita un nuevo modelo de policía, el de policía estatal eficaz.

A partir de un par de reformas a la constitución política local y a una decena de leyes vigentes en el Estado, así como la creación de tres normas nuevas y una serie de medidas de carácter administrativo, es posible crear en un tiempo relativamente corto, el modelo con el cual, el esfuerzo y los recursos institucionales tendrán objetivos claros, medibles, conocidos por todos; dará sentido a la colaboración entre el Poder Ejecutivo Estatal, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial local, además de que podrá articular la cooperación de autoridades municipales y, muy relevantemente, dará visibilidad, legitimidad y eficacia, a la participación ciudadana. En pocas palabras, con la ley es posible crear la estrategia integral que evidentemente ahora no tenemos, y mejorar la seguridad en el Estado de México.

La oportundad y, sobre todo, la obligación de asumir la responsabilidad por la seguridad de nosotros y de nuestras familias, está en nuestras propias manos. Nadie puede, nadie debe y a nadie deberíamos permitirle que venga a hacer, lo que podemos asumir nosotros mismos.

@HuicocheaAlanis

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