/ jueves 10 de enero de 2019

Vida Pública


Guardia Nacional, insuficiente

Ayuntamientos y gobernadores son igualmente responsables de la seguridad, que el gobierno federal. Es la misma obligación jurídica, política, ética e histórica la de los presidentes municipales y la de los gobernadores, que la del Presidente de la República; por eso, lo que éste haga, no puede ser todo, exige y necesita complementarse con el esfuerzo de aquellos y articularse con el trabajo de las autoridades estatales y municipales.

Para que resulte benéfica la creación de la Guardia Nacional, es imperativo que los gobernadores replanteen el trabajo de las policías a su cargo y redefinan la función de las fiscalías o procuradurías estatales; y que los presidentes municipales aprovechen la gran oportunidad que tienen de adoptar el modelo de policía de proximidad para restablecer la confianza, recuperar la seguridad en sus comunidades y que vivamos en paz.

Trabajando con estrategia, los ayuntamientos pueden mejorar las condiciones laborales de los policías y exigirles más; medir e incentivar su desempeño con objetividad y transparencia, capacitarlos para que apliquen una política de proximidad que permita prevenir los delitos; atender médica, psicológica, social y jurídicamente a las víctimas en centros de atención especializados; recibir denuncias sin depender del ministerio público e iniciar de inmediato las investigaciones para aprehender a más delincuentes; para reducir la incidencia delictiva y bajar los niveles de violencia, para cambiar en el corto plazo la percepción de peligro en nuestras ciudades. Así se ha hecho en otras partes del mundo y en algunas ciudades del país, y puede hacerse en todas. No es sencillo, pero existe el método y se cuenta con la experiencia.

Los gobernadores, por su parte, aprovechando la transformación de las procuradurías en fiscalías, y para lograr que dicho cambio vaya mucho más allá del simple nombre, pueden y deben permitir que esas instancias, ahora autónomas, se consoliden como impecables e implacables defensoras de los intereses de la sociedad ante los tribunales, en verdaderas y poderosas defensoras de la sociedad, no del gobierno; y concentrar el proceso de investigación y persecución de los delitos, en una la policía civil, fuerte, grande, especializada, profesionalizada, capacitada, equipada, respetada y respetuosa de la sociedad a la que sirve, porque forma parte de ella.

Esta semana que se desahogan consultas en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta del Presidente de la República y, sobre todo, en estos días que los Presidentes Municipales del Estado de México están asumiendo sus obligaciones, es el momento propicio para dar el giro que todos prometieron, ofrezcan con acciones los resultados que la ciudadanía espera y merece, y generen una innovadora y ya probada estrategia de seguridad para vivir en paz.


Guardia Nacional, insuficiente

Ayuntamientos y gobernadores son igualmente responsables de la seguridad, que el gobierno federal. Es la misma obligación jurídica, política, ética e histórica la de los presidentes municipales y la de los gobernadores, que la del Presidente de la República; por eso, lo que éste haga, no puede ser todo, exige y necesita complementarse con el esfuerzo de aquellos y articularse con el trabajo de las autoridades estatales y municipales.

Para que resulte benéfica la creación de la Guardia Nacional, es imperativo que los gobernadores replanteen el trabajo de las policías a su cargo y redefinan la función de las fiscalías o procuradurías estatales; y que los presidentes municipales aprovechen la gran oportunidad que tienen de adoptar el modelo de policía de proximidad para restablecer la confianza, recuperar la seguridad en sus comunidades y que vivamos en paz.

Trabajando con estrategia, los ayuntamientos pueden mejorar las condiciones laborales de los policías y exigirles más; medir e incentivar su desempeño con objetividad y transparencia, capacitarlos para que apliquen una política de proximidad que permita prevenir los delitos; atender médica, psicológica, social y jurídicamente a las víctimas en centros de atención especializados; recibir denuncias sin depender del ministerio público e iniciar de inmediato las investigaciones para aprehender a más delincuentes; para reducir la incidencia delictiva y bajar los niveles de violencia, para cambiar en el corto plazo la percepción de peligro en nuestras ciudades. Así se ha hecho en otras partes del mundo y en algunas ciudades del país, y puede hacerse en todas. No es sencillo, pero existe el método y se cuenta con la experiencia.

Los gobernadores, por su parte, aprovechando la transformación de las procuradurías en fiscalías, y para lograr que dicho cambio vaya mucho más allá del simple nombre, pueden y deben permitir que esas instancias, ahora autónomas, se consoliden como impecables e implacables defensoras de los intereses de la sociedad ante los tribunales, en verdaderas y poderosas defensoras de la sociedad, no del gobierno; y concentrar el proceso de investigación y persecución de los delitos, en una la policía civil, fuerte, grande, especializada, profesionalizada, capacitada, equipada, respetada y respetuosa de la sociedad a la que sirve, porque forma parte de ella.

Esta semana que se desahogan consultas en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta del Presidente de la República y, sobre todo, en estos días que los Presidentes Municipales del Estado de México están asumiendo sus obligaciones, es el momento propicio para dar el giro que todos prometieron, ofrezcan con acciones los resultados que la ciudadanía espera y merece, y generen una innovadora y ya probada estrategia de seguridad para vivir en paz.

miércoles 10 de julio de 2019

Vida Pública

miércoles 03 de julio de 2019

Vida Pública

miércoles 26 de junio de 2019

Vida Pública

miércoles 19 de junio de 2019

Vida Pública

miércoles 12 de junio de 2019

Vida Pública

miércoles 05 de junio de 2019

Vida Pública

Cargar Más