Policía estatal eficaz
Claramente, las policías estatales no pueden ni deben seguir trabajando como hasta ahora, pues de continuar así, ya sabemos cuáles serán los resultados. La renovación periódica de mando y de su equipamiento, el cambio de uniformes, la actualización de su armamento, incluso los marginales y nunca suficientes incrementos salariales, aunados a los ensayos por incrementar la motivación, los forzosos cursos de capacitación y la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en aparatosos centros de comando, todo, acompañado del evidente incremento en el gasto público a cada año y a cada sexenio, ha fracasado a la luz de los resultados: más del 90 por ciento de los delitos que ocurren, ni siquiera son denunciados, pues las personas que los padecen no confían en las autoridades, y con razón, pues menos de 1 de cada 100 se resuelve y castiga.
Aunque bien intencionados, los esfuerzos de las autoridades, si es que abonan algo, no son lo que se necesita. En ese orden de ideas se inscribe la creación de la Guardia Nacional (GN) que, sin entrar al debate de su vocación militar, al sumar elementos, fuerza y procurar la coordinación, algo aportará, pero desde ahora es previsible el resultado, pues no se trata sino de más, mucho más, de lo mismo. Y aún así, no alcanzará. Cuando la GN esté completa con sus 50 mil efectivos, contaremos con alrededor de 550 mil marinos, militares y policías de todo tipo, de ellos, casi 400 mil son desde ahora policías estatales adscritos a diversas corporaciones, y municipales. Es la fuerza más grande que tenemos, y es también la más criticada, olvidada, castigada y socialmente devaluada. También es la que entrega la mayoría de los pobres resultados, pues de los pocos delincuentes detenidos, prácticamente todos los atrapan el flagrancia; literalmente, se tropiezan con ellos.
Y es precisamente con la policía estatal con la que podríamos 1. prevenir más delitos y lograr la armonía social, 2. disminuir el número de crímenes, 3. mejorar la percepción de seguridad, 4. aumentar el número de denuncias que se persiguen e investigan, 5. realizar más investigaciones y de carácter científico y 6. proveer los elementos de prueba para que la fiscalía arme casos sólidos y los presente al juez impidiendo que alguien evada la justicia. Son las 6 claves para vivir en civilidad, que es posible lograr, trabajando con estrategia con las policías de los estados.
Esas seis claves son posibles realizando una serie de acciones administrativas, acompañadas de pequeñas, aunque importantes, reformas legislativas locales.
En razón del limitado espacio, referiré nada más los primeros dos pasos. Primero, es preciso aprovechar que el número de policías es trescientas veces superior al de ministerios públicos (8 mil en todo el país) y que aquellos andan en las calles y carreteras, mientras a los MP hay que irlos a buscar a sus, generalmente desagradables instalaciones, para permitir que los uniformados reciban las denuncias de los delitos y puedan, incluso, iniciar las investigaciones de inmediato. Con ese pequeño y, sin embargo, revolucionario cambio, el sistema de justicia daría un vuelco, pues multiplicaría la capacidad de atención del estado, obligaría a una reacción más inmediata de más autoridad, daría sentido a las capacitaciones que reciben y deben recibir los policías, acercaría a la autoridad con la gente, generaría un vínculo de corresponsabilidad entre ambos y, muy importantemente, libraría a la Fiscalía de quehacer, para que ya no dedique tiempo a lo único que por ahora hace, que deje la burocrática tarea de registrar denuncias, y se concentre en la que debería ser su función exclusiva y muy profesional: defender los intereses de la sociedad, presentando ante los jueces los casos que demuestren la culpabilidad de los delincuentes.
Segundo, es indispensable concentrar, fortalecer, dignificar y profesionalizar a las policías; pasar de las policías a La Policía, y reservar a ella la persecución y, obviamente, la investigación de los delitos. Que sean las secretarías de seguridad, que dependen de los gobernadores, las que detenten el mando único policial, y no las fiscalías, que ahora son autónomas y, como tales, no deben tener el mando de la fuerza que es la primera expresión del poder público y de la legalidad de todo régimen legal y democrático de Derecho.
Dos primeros pasos posibles y realistas que sí cambian la lógica de la seguridad que ha primado hasta ahora, para hacer las cosas no sólo de manera diferente, sino para obtener más y mucho mejores resultados. Así funciona en los países en los que la seguridad prevalece, y no hay razón para mantener aquí un esquema que en un siglo no ha dado resultados.
Dos pasos que requieren un sólo impulso: voluntad política y arrojo de los gobernantes.
@HuicocheaAlanis
