/ miércoles 12 de junio de 2019

Vida Pública


Tan sencillo que es empezar a mejorar la seguridad

“Vaya a presentar su denuncia, joven”, ordenaron dos displicentes policías de la Ciudad de México, desde su patrulla, cuando un agitado joven les avisó que había localizado en proximidades de laUniversidad de El Pedregal, el auto abandonado de su primo, quien minutos antes había sido raptado, y cuyos secuestradores ya habían contactado a la familia para extorsionarla.

Esos primeros instantes fueron determinantes. Ahora sabemos que Norberto Ronquillo fue asesinado un rato después, y hoy su tragedia nos llena de espanto, coraje e impotencia. El caso, ampliamente difundido por los medios de comunicación es, sin embargo, un ejemplo más de un sistema de justicia que inexplicablemente nos resistimos a cambiar y mejorar.

Los patrulleros mencionados actuaron con cobardía e indiferencia pero, por sorprendente que parezca, en estricto sentido, hicieron lo que la ley les manda: esperar a que el Ministerio Público reciba la denuncia y les indique iniciar la investigación. Absurdo, sí, pero legal.

Es urgente dar a los policías municipales, estatales y federales la facultad de recibir denuncias y delitos, por cualquier medio y en todo momento -sobre todo ahora que múltiples plataformas tecnológicas permiten la comunicación en tiempo real y su registro-así como iniciar las investigaciones de inmediato, pues sabido es que los primeros minutos son vitales para la solución de un crimen cualquiera.

Para eso se requiere reformar el artículo 21 Constitucional que actualmente dice: “La investigación de los delitos corresponde alMinisterio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.Razón por la cual los patrulleros que quizá podrían haber resuelto el rapto, detenido a los secuestradores y, lo mejor, salvado la vida del joven estudiante, optaron por ordenar al primo de la víctima que acudiera a la agencia del MP a levantar su denuncia; cosa que ocurrió dos horas después. Aunque más tarde los propios familiares pidieron a las autoridades no intervenir, pues ellos ya conducían las negociaciones que terminaron fatalmente.

Por increíble que parezca también, hay resistencias a este cambio. Son muchos y poderosos quienes defienden el actual y absurdo “orden”de cosas. Que los 8 mil ministerios públicos que hay en el país conserven esta suerte de monopolio de la investigación y no permitan que 500 mil policías que tenemos uniformados en las calles reciban denuncias e investiguen delitos, como todo monopolio, ha generado enormes intereses que impiden cambiar esta deformidad. Cabe recordar, además, que esta anómala situación es exclusiva de México. Es una singularidad que no sólo nos distingue, sobre todo, nos perjudica.

Esta es una más de las cosas que demuestran que lo que más preocupa a los gobernados, no necesariamente corresponde a lo que ocupa a los gobernantes. Iniciar y concretar esta reforma es otro de los primeros pasos que se requieren para resolver un asunto complejo: la inseguridad.

Van dos propuestas en estas líneas: realizar encuestas municipales de victimización y reformar el artículo 21 constitucional. Dos cosas relativamente sencillas, para lo que más merecemos: vivir en paz.

@HuicocheaAlanis


Tan sencillo que es empezar a mejorar la seguridad

“Vaya a presentar su denuncia, joven”, ordenaron dos displicentes policías de la Ciudad de México, desde su patrulla, cuando un agitado joven les avisó que había localizado en proximidades de laUniversidad de El Pedregal, el auto abandonado de su primo, quien minutos antes había sido raptado, y cuyos secuestradores ya habían contactado a la familia para extorsionarla.

Esos primeros instantes fueron determinantes. Ahora sabemos que Norberto Ronquillo fue asesinado un rato después, y hoy su tragedia nos llena de espanto, coraje e impotencia. El caso, ampliamente difundido por los medios de comunicación es, sin embargo, un ejemplo más de un sistema de justicia que inexplicablemente nos resistimos a cambiar y mejorar.

Los patrulleros mencionados actuaron con cobardía e indiferencia pero, por sorprendente que parezca, en estricto sentido, hicieron lo que la ley les manda: esperar a que el Ministerio Público reciba la denuncia y les indique iniciar la investigación. Absurdo, sí, pero legal.

Es urgente dar a los policías municipales, estatales y federales la facultad de recibir denuncias y delitos, por cualquier medio y en todo momento -sobre todo ahora que múltiples plataformas tecnológicas permiten la comunicación en tiempo real y su registro-así como iniciar las investigaciones de inmediato, pues sabido es que los primeros minutos son vitales para la solución de un crimen cualquiera.

Para eso se requiere reformar el artículo 21 Constitucional que actualmente dice: “La investigación de los delitos corresponde alMinisterio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.Razón por la cual los patrulleros que quizá podrían haber resuelto el rapto, detenido a los secuestradores y, lo mejor, salvado la vida del joven estudiante, optaron por ordenar al primo de la víctima que acudiera a la agencia del MP a levantar su denuncia; cosa que ocurrió dos horas después. Aunque más tarde los propios familiares pidieron a las autoridades no intervenir, pues ellos ya conducían las negociaciones que terminaron fatalmente.

Por increíble que parezca también, hay resistencias a este cambio. Son muchos y poderosos quienes defienden el actual y absurdo “orden”de cosas. Que los 8 mil ministerios públicos que hay en el país conserven esta suerte de monopolio de la investigación y no permitan que 500 mil policías que tenemos uniformados en las calles reciban denuncias e investiguen delitos, como todo monopolio, ha generado enormes intereses que impiden cambiar esta deformidad. Cabe recordar, además, que esta anómala situación es exclusiva de México. Es una singularidad que no sólo nos distingue, sobre todo, nos perjudica.

Esta es una más de las cosas que demuestran que lo que más preocupa a los gobernados, no necesariamente corresponde a lo que ocupa a los gobernantes. Iniciar y concretar esta reforma es otro de los primeros pasos que se requieren para resolver un asunto complejo: la inseguridad.

Van dos propuestas en estas líneas: realizar encuestas municipales de victimización y reformar el artículo 21 constitucional. Dos cosas relativamente sencillas, para lo que más merecemos: vivir en paz.

@HuicocheaAlanis

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