/ miércoles 10 de julio de 2019

Vida Pública


Encuestas de victimización, ya son imperativo legal

Al ser creada la Guardia Nacional, los gobiernos estatales asumieron la responsabilidad de presentar “el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales”, ya que así se los ordena la respectiva reforma constitucional. Este lunes los gobernadores, reunidos con el presidente de la República en el Consejo Nacional de SeguridadPública, al aprobar el Modelo Nacional de Policía y JusticiaCívica, precisaron que en el diagnóstico mencionado son“indispensables las encuestas de victimización de percepción dela seguridad para conocer la situación real en la que nos encontramos”.

Así las cosas, realizar encuestas estatales y municipales de victimización, tal como se ha venido pugnando en este mismo espacio periodístico en semanas anteriores, ya es un mandato legal, una obligación para las autoridades. Para el caso del Estado de México, muy bueno hubiera sido que las flamantes autoridades municipales hubieran comenzado por realizar ese diagnóstico siguiendo, más que el mandato legal, el del principio de orden y el método científico que, desde siempre, ha sugerido un diagnóstico, previo al pronóstico, que será seguido por una evaluación que, en fase de retroalimentación, reinicie el ciclo tratando de establecer una espiral virtuosa y ascendente.

El modelo establece con claridad que “es importante para la correcta evaluación y diseño del Modelo Nacional de Policía, medir los siguientes indicadores: a) Cifra negra; b) Confianza en la policía y, c) Percepción del desempeño policial. Estos tres indicadores permiten conocer la calidad del servicio de policía calificado por sus usuarios, lo que a su vez genera iniciativas de mejora continua o incluso de replanteamiento de procesos y estrategias. La medición de estos indicadores generará en policías estatales y municipales incentivos para orientar y priorizar su actuación cotidiana. Lo que se busca es orientar las políticas, los presupuestos y las estrategias fundamentalmente a la disminución de la incidencia, la mejora en la percepción y la calidad de la relación entre autoridades policiales y ciudadanos.

Así las cosas, es momento y oportunidad de evaluar para mejorar la seguridad y recuperar la paz.

@HuicocheaAlanis


Encuestas de victimización, ya son imperativo legal

Al ser creada la Guardia Nacional, los gobiernos estatales asumieron la responsabilidad de presentar “el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales”, ya que así se los ordena la respectiva reforma constitucional. Este lunes los gobernadores, reunidos con el presidente de la República en el Consejo Nacional de SeguridadPública, al aprobar el Modelo Nacional de Policía y JusticiaCívica, precisaron que en el diagnóstico mencionado son“indispensables las encuestas de victimización de percepción dela seguridad para conocer la situación real en la que nos encontramos”.

Así las cosas, realizar encuestas estatales y municipales de victimización, tal como se ha venido pugnando en este mismo espacio periodístico en semanas anteriores, ya es un mandato legal, una obligación para las autoridades. Para el caso del Estado de México, muy bueno hubiera sido que las flamantes autoridades municipales hubieran comenzado por realizar ese diagnóstico siguiendo, más que el mandato legal, el del principio de orden y el método científico que, desde siempre, ha sugerido un diagnóstico, previo al pronóstico, que será seguido por una evaluación que, en fase de retroalimentación, reinicie el ciclo tratando de establecer una espiral virtuosa y ascendente.

El modelo establece con claridad que “es importante para la correcta evaluación y diseño del Modelo Nacional de Policía, medir los siguientes indicadores: a) Cifra negra; b) Confianza en la policía y, c) Percepción del desempeño policial. Estos tres indicadores permiten conocer la calidad del servicio de policía calificado por sus usuarios, lo que a su vez genera iniciativas de mejora continua o incluso de replanteamiento de procesos y estrategias. La medición de estos indicadores generará en policías estatales y municipales incentivos para orientar y priorizar su actuación cotidiana. Lo que se busca es orientar las políticas, los presupuestos y las estrategias fundamentalmente a la disminución de la incidencia, la mejora en la percepción y la calidad de la relación entre autoridades policiales y ciudadanos.

Así las cosas, es momento y oportunidad de evaluar para mejorar la seguridad y recuperar la paz.

@HuicocheaAlanis