/ miércoles 27 de abril de 2022

Vida Pública | ¡A la salud de México!


Las muertes maternas aumentaron 32% entre 2019 y 2020, la tendencia continuó en 2021 y, todo indica, se está agravando mientras se escriben estas líneas, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México. Este dato debería ser suficiente para encender los focos rojos, pues representa un retroceso de una década, para el país y es señal inequívoca del deterioro que está sufriendo nuestro sistema de salud. Es una crisis que exige atención de la administración pública, y que urge a la acción coordinada de los mexicanos.

Lo anterior es un síntoma de una enfermedad grave en nuestra sociedad, acompañada de la reaparición de cuatro malestares que ya habíamos superado. Primero, en que padecemos un mayor riesgo de muerte, que ya se expresa en la primera reducción generalizada de la esperanza de vida en un siglo, lo cual debería alarmarnos, y tendría que ser el verdadero centro de la conversación nacional; segundo, en el incremento de la desigualdad social, derivado del deterioro del sistema de salud que ha abandonado a los más pobres; tercero, en el mayor riesgo de gastos catastróficos y empobrecedores a causa del descenso de los niveles de protección social, y nuestra vulnerabilidad creciente frente a otra emergencia que pudiera presentarse.

Todo indica que la creación del Insabi y la reducción del gasto público, produjeron la caída en la cobertura y deterioro de las instituciones, lo cual es evidente en la contratación de personal descuidando su capacidad técnica, retrocesos en el control de infecciones como el sarampión, y el desabasto de medicamentos.

Como se advierte, se trata de una emergencia que urge ser atendida con método científico, desde la perspectiva de la administración pública. La problemática de la salud ya comienza a estallarle en los ayuntamientos y gobiernos locales quienes, si bien no son parte del problema, sí deben serlo de la solución.

Es momento de restablecer lo que se ha dañado, y reconstruir evitando errores del pasado. Contrarrestar la centralización del sistema de salud, en especial restablecer la autonomía técnica, financiera y de gestión de la instancia responsable de prevenir los riesgos sanitarios, para que se rija con criterios científicos y de profesionalización en el servicio público; recuperar el subsistema de compras consolidadas del sector, y relanzar el programa de vacunación universal; al tiempo de replantear el anhelado sistema de salud universal, de modo que más que volver al pasado Seguro Popular, ir al futuro en el que todos los mexicanos gocemos en igualdad sin adjetivos, de nuestro derecho a la salud y su protección por parte del Estado, incluyendo, por supuesto, la hospitalización de alta especialidad, como el tratamiento de los cánceres en niños.

Todo lo anterior, evidentemente, requiere revertir la disminución consistente del gasto en salud pública que se ha padecido en los años recientes, y revisar para replantear las atribuciones en materia de salud de los gobiernos estatales y municipales, a efecto, no sólo de fortalecerlos, sino de corresponsabilizarlos de tareas claras, precisas, transparentes y evaluables.

Los gobiernos estatales y municipales tienen responsabilidades y recursos que pueden desplegar conforme a sus reglas y procedimientos, y sus gobernadores y ayuntamientos poseen, sobre todo, sentido de responsabilidad pública, y sobre ellos recae directamente la exigencia ciudadana. En este contexto es indispensable articularlas y, lo deseable sería hacerlo en el marco de decisiones del Consejo de Salubridad General. Instancia que debe asumir su responsabilidad plena y actuar oportunamente con base en las facultades que les otorga la Constitución para recuperar y reconstruir el sistema que México reclama, por su salud.

****En recuerdo, para siempre, de mi querida Rosa Ma. Coyotécatl Rosas.

@HuicocheaAlanis


Las muertes maternas aumentaron 32% entre 2019 y 2020, la tendencia continuó en 2021 y, todo indica, se está agravando mientras se escriben estas líneas, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México. Este dato debería ser suficiente para encender los focos rojos, pues representa un retroceso de una década, para el país y es señal inequívoca del deterioro que está sufriendo nuestro sistema de salud. Es una crisis que exige atención de la administración pública, y que urge a la acción coordinada de los mexicanos.

Lo anterior es un síntoma de una enfermedad grave en nuestra sociedad, acompañada de la reaparición de cuatro malestares que ya habíamos superado. Primero, en que padecemos un mayor riesgo de muerte, que ya se expresa en la primera reducción generalizada de la esperanza de vida en un siglo, lo cual debería alarmarnos, y tendría que ser el verdadero centro de la conversación nacional; segundo, en el incremento de la desigualdad social, derivado del deterioro del sistema de salud que ha abandonado a los más pobres; tercero, en el mayor riesgo de gastos catastróficos y empobrecedores a causa del descenso de los niveles de protección social, y nuestra vulnerabilidad creciente frente a otra emergencia que pudiera presentarse.

Todo indica que la creación del Insabi y la reducción del gasto público, produjeron la caída en la cobertura y deterioro de las instituciones, lo cual es evidente en la contratación de personal descuidando su capacidad técnica, retrocesos en el control de infecciones como el sarampión, y el desabasto de medicamentos.

Como se advierte, se trata de una emergencia que urge ser atendida con método científico, desde la perspectiva de la administración pública. La problemática de la salud ya comienza a estallarle en los ayuntamientos y gobiernos locales quienes, si bien no son parte del problema, sí deben serlo de la solución.

Es momento de restablecer lo que se ha dañado, y reconstruir evitando errores del pasado. Contrarrestar la centralización del sistema de salud, en especial restablecer la autonomía técnica, financiera y de gestión de la instancia responsable de prevenir los riesgos sanitarios, para que se rija con criterios científicos y de profesionalización en el servicio público; recuperar el subsistema de compras consolidadas del sector, y relanzar el programa de vacunación universal; al tiempo de replantear el anhelado sistema de salud universal, de modo que más que volver al pasado Seguro Popular, ir al futuro en el que todos los mexicanos gocemos en igualdad sin adjetivos, de nuestro derecho a la salud y su protección por parte del Estado, incluyendo, por supuesto, la hospitalización de alta especialidad, como el tratamiento de los cánceres en niños.

Todo lo anterior, evidentemente, requiere revertir la disminución consistente del gasto en salud pública que se ha padecido en los años recientes, y revisar para replantear las atribuciones en materia de salud de los gobiernos estatales y municipales, a efecto, no sólo de fortalecerlos, sino de corresponsabilizarlos de tareas claras, precisas, transparentes y evaluables.

Los gobiernos estatales y municipales tienen responsabilidades y recursos que pueden desplegar conforme a sus reglas y procedimientos, y sus gobernadores y ayuntamientos poseen, sobre todo, sentido de responsabilidad pública, y sobre ellos recae directamente la exigencia ciudadana. En este contexto es indispensable articularlas y, lo deseable sería hacerlo en el marco de decisiones del Consejo de Salubridad General. Instancia que debe asumir su responsabilidad plena y actuar oportunamente con base en las facultades que les otorga la Constitución para recuperar y reconstruir el sistema que México reclama, por su salud.

****En recuerdo, para siempre, de mi querida Rosa Ma. Coyotécatl Rosas.

@HuicocheaAlanis