Por supuesto que sí es posible acabar con el delito que más aqueja diariamente a millones de mexiquenses: el robo con violencia en el transporte público. Pero hay que hacerlo de un modo diferente.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) delinean perfectamente la problemática que se vive en los municipios del Estado de México, principalmente, los colindantes con la capital del país, donde tal delito se incrementó 55 por ciento este año, pues tan solo en los primeros nueve meses se cometieron 2 mil 836 asaltos con uso de la fuerza, cifra que representa el 42.2 por ciento de los registrados en el país. Ese es el peor peligro, el temor con el que vivimos 70 por ciento de los mexiquenses, de acuerdo con el INEGI, cifra que se incrementa en algunas demarcaciones como Ecatepec y Naucalpan.
La respuesta hasta ahora no parece ser la mejor; el Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la CDMX anunció que reforzará el operativo Pasajero Seguro, por lo que se desplegarán 355 policías en 123 puntos de revisión, en cinco vías primarias que conectan a la Ciudad con el Estado de México. Pero desatar una especie de cacería de rateros, por medio azarosas revisiones en unidades de transporte público está trayendo como resultado que los asaltantes muevan su lugar de operaciones de una ruta a otra, o cambien de horario con la tranquilidad de saber que es casi imposible que los "cachen", y lo peor: los operativos causan enormes molestias entre los muchos pasajeros que resultan afectados y perjudicados con retrasos, frecuentemente malos tratos y, todo indica, nulos o mínimos resultados.
Bernardo León Olea, coordinador académico del Diplomado “Reforma Policial: Seguridad y Justicia Cívica”, del IAPEM, sugiere en sesión con presidentes municipales electos, una estrategia diferente, que no esté basada en la cacería fortuita, sino en la investigación sistemática y articulada, fundada en evidencias. Una estrategia metodológica sólida, que permita ir por los asaltantes antes de que se atrevan a cometer otro crimen, y sacarlos de circulación, sin detrimento de su derecho a defenderse jurídicamente, pero impedidos para seguir infundiendo temor.
Es preciso -explica el especialista a sus alumnos- recabar los datos de todas las víctimas, que ya están disponibles en oficinas de la policía, para que un grupo especial de investigadores los estudien y se reúnan con ellas, así como con los choferes de las rutas más frecuentemente atacadas, para escuchar, registrar y sistematizar la información de sus experiencias, en especial los muchos datos que permitan identificar y localizar a los maleantes. Recabar, porque es su obligación hacerlo, las denuncias por esos delitos, aunque quizá en su momento las víctimas no las hayan presentado. Revisar, con los agentes del Ministerio Público, que dichas denuncias estén eficientemente recabadas. Buscar, en bases de datos de la fiscalía y de la policía estatal, los nombres y otros referentes aportados por la gente, que permitan asociar a los delincuentes con otras denuncias de delitos similares o faltas administrativas que sin duda y casi sin excepción, ya cometieron en el pasado, pues la experiencia demuestra que siempre existen datos que permiten asociarlos con antecedentes por los que resultan perseguibles. Con esa información tendrán claramente definido y hasta ubicado, el universo criminal; es decir, los nombres y datos generales para identificar y ubicar a los asaltantes de transporte público.
Con esa información bien clara, y abiertas las carpetas de investigación respectivas revisadas y "avaladas" por el MP, articular su estrategia jurídica con el Poder Judicial. Y ahora sí, ir por ellos. Detenerlos con la certeza de que se cuenta con la información clara y la investigación sólida que impedirá al Ministerio Público echar a andar la "puerta giratoria", pues éste habrá conocido, revisado e indicado la correcta integración de cada carpeta de investigación. Una estrategia así requiere, más que coordinación, articulación entre autoridades, lo cual, dicho sea de paso, es su obligación. Con ella, todos ganan, todos ganamos y el crimen pierde.
Tan solo unas semanas de trabajo con este método, y la voluntad política de hacerlo, serían suficientes para dar importantes, concretos y palpables resultados que, a no dudarlo, serían bien apreciados por la gente. ¿Se imaginan bajar el 42 por ciento de los delitos en transporte que registra el SESNSP? No es exagerado afirmar que nomás con eso cambiaría el rostro de México y, sin duda, el de la entidad más importante entre las que lo integran. Y más importante: nos demostraríamos y le demostraríamos a la delincuencia, que sí se puede, que sí podemos y que somos más los decididos a vivir con seguridad, justicia y paz.
@HuicocheaAlanis
