/ miércoles 5 de agosto de 2020

Vida Pública | Abrir negocios fácilmente

La urgente necesidad de reactivar la economía del Estado de México, a consecuencia de la crisis provocada por COVID19, abre la gran oportunidad de crear un nuevo modelo de gestión empresarial, que brinde certeza a los actuales y nuevos empresarios sobre requisitos, trámites y plazos, aplicables a cada actividad económica, dependiendo el impacto que causan, y el ámbito gubernamental en el que deben ser gestionados, registrados clara y brevemente en catálogos compatibles y comparables con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que forma parte del T-MEC, con un procedimiento que corresponsabilice a las autoridades municipales, de modo que, habiendo más actores en escena y menos requisitos que cumplir, se reduzcan dramáticamente los trámites y el tiempo que requieren, y sea mucho más fácil crear, formalizar, operar, en una palabra: abrir un negocio en apenas unos minutos.

Eso se concluye de un proyecto de reformas legales que, en medio de la “Lluvia de soluciones” a la que el Instituto de Administración Pública del Estado de México, convocó a sus integrantes a participar, éstos han hecho llegar, y que implica una concreta, aunque aparentemente compleja, estrategia de tareas legislativas que podrían agilizar e impulsar la llegada de inversiones a la entidad, destrabar las autorizaciones en trámite para la apertura de empresas y favorecer la formalización de negocios que actualmente operan en la informalidad. Propósitos que coinciden con los planteamientos que todas organizaciones del sector privado han formulado.

De acuerdo con el documento, nada más se requieren dos tareas legislativas: abrogar dos leyes, y reformar otras seis, para que las autoridades administrativas estatales y municipales puedan destrabar el embudo de trámites que hoy padecen y que tanto lamentan quienes buscan echar a andar un negocio.

La primera tarea parece ser la clave: Abrogar la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, con lo cual quedarán desclasificadas como de alto y mediano impacto las actividades actualmente reguladas por esta Ley; e incluir las previsiones conducentes respecto de las gestiones ya iniciadas ante la Comisión de Factibilidad, para la obtención del Dictamen Único de Factibilidad en breve tiempo; al tiempo de abrogar la Ley de Fomento Económico que resultaría innecesaria.

Complementariamente, reformar: A). la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México para adecuar sus disposiciones a una nueva normatividad y otorgarle facultades para la promoción y fomento de la confianza ciudadana, además de otorgarle las facultades y, eventualmente personal, que hoy realiza el Instituto de Verificación Administrativa. B). Código Administrativo del Estado de México para adecuar sus disposiciones a un modelo más ágil y sencillo. C). Ley Orgánica Municipal del Estado de México para ajustar sus disposiciones, refrendar y precisar las responsabilidades de los ayuntamientos en relación con el uso de suelo, licencias de funcionamiento, el Sistema para la Apertura Rápida de Empresas (SARE) y las actividades económicas del Catálogo que contendrá las de Bajo Impacto, lo cual dará certeza jurídica a los inversionistas micro, pequeños, medianos y grandes. D). Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México para actualizar las facultades de las dependencias estatales derivado de ese que sería un nuevo modelo de gestión empresarial. E). Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México para adaptar las disposiciones relativas a la excepción a la afirmativa ficta en relación con el DUF, que sería muy oportuno introducir en la coyuntura actual. F). Código para la Biodiversidad del Estado de México, para reformar sus disposiciones conforme al nuevo modelo de gestión empresarial y hacer las remisiones correspondientes al Catálogo Mexiquense de Actividades Económicas de Alto y Mediano Impacto. G). y Código Penal del Estado de México para despenalizar la no realización de trámites administrativos relacionados con algunas actividades previstas por la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial que para tranquilidad de todos se abrogaría, y con la cual se cierra, en un círculo perfecto, esta estrategia legislativa.

Facilitar la actividad económica, sin perder el orden, es el objetivo, ahora que la circunstancia obliga a hacer las cosas, no sólo de modo diferente, sino mejor y con resultados más benéficos para los mexiquenses.

@HuicocheaAlanis

La urgente necesidad de reactivar la economía del Estado de México, a consecuencia de la crisis provocada por COVID19, abre la gran oportunidad de crear un nuevo modelo de gestión empresarial, que brinde certeza a los actuales y nuevos empresarios sobre requisitos, trámites y plazos, aplicables a cada actividad económica, dependiendo el impacto que causan, y el ámbito gubernamental en el que deben ser gestionados, registrados clara y brevemente en catálogos compatibles y comparables con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que forma parte del T-MEC, con un procedimiento que corresponsabilice a las autoridades municipales, de modo que, habiendo más actores en escena y menos requisitos que cumplir, se reduzcan dramáticamente los trámites y el tiempo que requieren, y sea mucho más fácil crear, formalizar, operar, en una palabra: abrir un negocio en apenas unos minutos.

Eso se concluye de un proyecto de reformas legales que, en medio de la “Lluvia de soluciones” a la que el Instituto de Administración Pública del Estado de México, convocó a sus integrantes a participar, éstos han hecho llegar, y que implica una concreta, aunque aparentemente compleja, estrategia de tareas legislativas que podrían agilizar e impulsar la llegada de inversiones a la entidad, destrabar las autorizaciones en trámite para la apertura de empresas y favorecer la formalización de negocios que actualmente operan en la informalidad. Propósitos que coinciden con los planteamientos que todas organizaciones del sector privado han formulado.

De acuerdo con el documento, nada más se requieren dos tareas legislativas: abrogar dos leyes, y reformar otras seis, para que las autoridades administrativas estatales y municipales puedan destrabar el embudo de trámites que hoy padecen y que tanto lamentan quienes buscan echar a andar un negocio.

La primera tarea parece ser la clave: Abrogar la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, con lo cual quedarán desclasificadas como de alto y mediano impacto las actividades actualmente reguladas por esta Ley; e incluir las previsiones conducentes respecto de las gestiones ya iniciadas ante la Comisión de Factibilidad, para la obtención del Dictamen Único de Factibilidad en breve tiempo; al tiempo de abrogar la Ley de Fomento Económico que resultaría innecesaria.

Complementariamente, reformar: A). la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México para adecuar sus disposiciones a una nueva normatividad y otorgarle facultades para la promoción y fomento de la confianza ciudadana, además de otorgarle las facultades y, eventualmente personal, que hoy realiza el Instituto de Verificación Administrativa. B). Código Administrativo del Estado de México para adecuar sus disposiciones a un modelo más ágil y sencillo. C). Ley Orgánica Municipal del Estado de México para ajustar sus disposiciones, refrendar y precisar las responsabilidades de los ayuntamientos en relación con el uso de suelo, licencias de funcionamiento, el Sistema para la Apertura Rápida de Empresas (SARE) y las actividades económicas del Catálogo que contendrá las de Bajo Impacto, lo cual dará certeza jurídica a los inversionistas micro, pequeños, medianos y grandes. D). Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México para actualizar las facultades de las dependencias estatales derivado de ese que sería un nuevo modelo de gestión empresarial. E). Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México para adaptar las disposiciones relativas a la excepción a la afirmativa ficta en relación con el DUF, que sería muy oportuno introducir en la coyuntura actual. F). Código para la Biodiversidad del Estado de México, para reformar sus disposiciones conforme al nuevo modelo de gestión empresarial y hacer las remisiones correspondientes al Catálogo Mexiquense de Actividades Económicas de Alto y Mediano Impacto. G). y Código Penal del Estado de México para despenalizar la no realización de trámites administrativos relacionados con algunas actividades previstas por la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial que para tranquilidad de todos se abrogaría, y con la cual se cierra, en un círculo perfecto, esta estrategia legislativa.

Facilitar la actividad económica, sin perder el orden, es el objetivo, ahora que la circunstancia obliga a hacer las cosas, no sólo de modo diferente, sino mejor y con resultados más benéficos para los mexiquenses.

@HuicocheaAlanis