Va en picada y el golpazo parece inevitable. Con una caída de casi 15% en la inversión pública y de 4 en la privada para el presente año, de acuerdo con la SHCP y del INEGI respectivamente, ya se presagia el peor desempeño económico en una década. El control de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio del peso frente al dólar equivaldrán a colocar un par de colchonetas, donde la economía nacional se estampará sin haber abierto el paracaídas.
Es tiempo de hacernos a la idea que para los siguientes años la esperanza de México no está en el gobierno de la República, sino en los gobiernos de los estados. Éstos tienen la oportunidad de detonar la actividad económica local y, en el caso del Estado de México la ruta es clara: hay que dejar atrás la pretensión del control gubernamental de la actividad empresarial, y pasar al dinamismo de la Gestión Económica. Lejos de limitar, encauzar; en lugar de contener, facilitar; liberar la capacidad productiva de los emprendedores y no entorpecer la creación y funcionamiento de sus negocios. Para que pueda haber desarrollo económico es indispensable el crecimiento; antes de pensar en recaudar, es imprescindible crear valor y riqueza.
Con el propósito de controlar el consumo de alcohol en bares y restaurantes en el Estado de México, hace unos años se impuso una visión restrictiva, legalista y controladora que, sin proponérselo, trajo como consecuencia un retroceso lamentable que ha perjudicado la actividad económica en su conjunto. El Dictamen Único de Funcionamiento (DUF), trámite que habría de unir a diversas áreas de gobiernos estatal y municipales, responsables de entregar licencias y permisos en una sola instancia para emitir un mismo documento, no ha funcionado. Lejos de eso, el DUF es el emblema de un embudo de dependencias requisitos incomprensibles y plazos opacos que se invoca para asustar inversionistas y que, de acuerdo con información periodística tiene detenidas millonarias inversiones, o las está alejando del Estado de México hacia otros destinos.
Hace un par de años el gobierno actual inició un esfuerzo de mejora cuyo más reciente episodio se tradujo en la creación de la Comisión Estatal de Factibilidad. A decir verdad, dicha instancia no abandona la visión de control jurídico, formalista y gubernamental, en una especie de obsesión por “el análisis normativo y multidisciplinario”, como dicen sus documentos y así lo ha complicado aún más; de apenas 3 dependencias que resolvían las necesidades de los empresarios hace unos años, ahora se ven involucradas 10 áreas del gobierno estatal, justamente a contrapelo de lo que en dinamismo de la economía exige.
Los empresarios requieren un gobierno que haga gestión económica, concepto funcional que se refiere a “las tareas para la constitución y puesta en marcha de empresas, planificando y logrando la obtención de recursos necesarios que procuren la rentabilidad económica y financiera, realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento, así como de iniciativa en su actividad profesional con sentido de responsabilidad social, en la mayor armonía posible con su entorno”. En esa lógica, la uniformidad a la que aspira el DUF, no sólo es imposible sino indeseable; el crecimiento de la economía es mucho más orgánico y flexible de lo que pretende una visión predominantemente jurídica y rígida.
Aunque entró en desuso a consecuencia de una desatinada reforma, los mexiquenses contábamos hasta hace poco con un ordenamiento embebido de la Gestión Económica que después de años de desarrollo, determinó que nada más tres dependencias estatales, tenían obligada necesidad de opinar y aprobar licencias y dictámenes para que los negocios puedan operar, norma que corresponsabilizó a los ayuntamientos de realizar su parte y repartió entre ambos órdenes de gobierno, por grado de complejidad las actividades que requerían determinadas autorizaciones, todas vinculadas con catálogos y tipificaciones nacionales y de América del Norte, de modo que a todo negocio correspondía a un equivalente con nuestros principales socios comerciales. Y todo eso que suena complejo era mucho más sencillo que ahora pues, con esa Ley de Fomento Económico, obtener la autorización para un restaurante que hoy requiere 120 días hábiles, en caso que se logre, en 2007 nada más requería 7. En esa disposición, antes de su más reciente reforma, está la clave para que el gobernador Alfredo del Mazo cumpla su propósito de mejorar el clima de negocios en nuestra entidad.
@HuicocheaAlanis
