Eminencia médica de su época, el Dr, Weiss era el ejemplar padre de familia que, merced a su destacado trabajo científico y la esforzada carrera de pianista de su esposa, integraban, junto con tres hijos, una culta y típica familia judía, feliz y bien acomodada de Berlín, a finales de los años 30 del siglo pasado. Generosos, daban cobijo a los Dorf, joven pareja que alquilaba un cuarto de la misma casa, y que frecuentemente dejaba de pagar la renta, pues estaban desempleados y, a pesar de eso, el médico Weiss los atendía, sin cobrar, pues constantemente enfermaban los dos berlineses y su pequeño bebe, muy afectado de sus pulmones. Al encumbramiento del Partido Nacional Socialista Alemán, y el reclutamiento que llevó a cabo para fortalecer su policía política, conocida como SS, Erik Dorf inició una meteórica carrera ascendente, mostrando gran eficacia en los métodos de la operación que él mismo llamó con un eufemismo: “limpieza total”, y que no era otra cosa que el exterminio sistemático del pueblo judío. Por supuesto, llegado el momento, denunció a los Weiss que padecieron con toda crudeza el “holocausto”.
Tal es la trama de una serie de televisión que a finales de los 70, también del siglo pasado, fue presentada en México por Luis Spota.
Vale la pena el recuerdo, entre otras razones, porque en estos días, en México, se teje una estrategia formalmente dedicada a combatir la corrupción, pero que tiene muy peligrosos tintes de control político, intromisión en la vida privada de los servidores públicos y de muy probable comisión de abusos de autoridad.
El viernes pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que establecen las bases conforme a las cuales se creará, promoverá, operará, dará acompañamiento, seguimiento y coordinará el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”. Y estos son, de acuerdo con el artículo tercero del mismo documento: “Toda persona física que hace del conocimiento de la Coordinación General una alerta a través de la plataforma”.
Desde el anonimato, dicho alertador “proporcionará información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo, o sea probable que se cometan por servidores públicos respecto de presuntos actos de corrupción”, dice en su artículo cuarto. Por si fuera poco, más adelante precisa que el alertador podrá incluso “solicitar una compensación económica por su información”.
Así visto, dichos lineamientos tienen todo el tinte de una estructura de terror encima de los servidores públicos. Un mecanismo técnicamente diseñado para favorecer la denuncia de hechos de corrupción, que fácilmente podría ser utilizado en contra de prácticamente cualquier persona, un mecanismo de amenaza y control que se debe impedir.
En nuestro país existe una Sistema Nacional Anticorrupción, que corresponde a toda una estructura jurídica internacional de corte democrático que, si bien incompleto por la falta de impulso en su fase final de la administración pública federal anterior, y sin mayor entusiasmo de la actual, ya contempla toda suerte de mecanismos para echar a andar una política nacional de combate a la corrupción y a favor de la transparencia, así como de herramientas que fortalecerían nuestras instituciones republicanas y fomentarían la participación social, en un clima de respeto a los derechos de todos.
La lucha anticorrupción es tan importante que merece la atención de todos, en ese orden de ideas es necesario hacer este llamado de alerta sobre los alertadores que se han creado.
@HuicocheaAlanis
