/ miércoles 17 de julio de 2019

Vida Pública | Claves para recuperar la seguridad


Claves para recuperar la seguridad

Que las faltas administrativas, de tránsito, así como las conductas reprobables como consumir alcohol o arrojar basura en la vía pública y los numerosos pequeños hurtos y robos de vehículos, entre otros delitos menores, sean oportuna, transparente y justamente sancionados; quienes las cometan sean ejemplar y efectivamente castigados por un juez cívico municipal, es el siguiente pequeño gran paso para garantizar la seguridad pública en nuestro país.

Así es, implementar el modelo de justicia cívica, aunado a realizar encuestas de victimización, permitir que la policía municipal en función de proximidad cuide sistemáticamente de los domicilios y calles, reciba denuncias e inicie la investigación de los delitos, que el ministerio público evite recibir dichas denuncias y se abstenga de conducir las pesquisas de crímenes y se enfoque en preparar casos jurídicos sólidos y bien fundamentados, además de asignar claramente la responsabilidad de la Guardia Nacional en el combate de los crímenes más sofisticados, a las policías estatales la seguridad de las carreteras locales y la reacción en auxilio de las policías municipales en caso de necesidad, así como capacitar a todas las autoridades anteriormente mencionadas, son las claves para mejorar nuestra seguridad y empezar a recuperar la armonía en nuestras ciudades y poblaciones.

Cada una de las propuestas arriba citadas fue explicada en anteriores entregas, esta colaboración y todas ellas complementan un esquema que la semana pasada fue en gran medida recogido en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, mismo que fue unánimemente aprobado por el Presidente y por todos los gobernadores del país, en el seno del Consejo Nacional deSeguridad Pública. De esta suerte, lo aquí propuesto es hoy un compromiso de los gobernadores, una obligación legal y programática que deben cumplir. Por cierto, su primera tarea consiste en realizar encuestas de victimización y, con ellas, preparar un diagnóstico del estado de fuerza y la inseguridad en sus entidades. El tiempo corre y esa obligación tiene un plazo que deberán cumplir.

Bernardo León Olea es el personaje que, a base de persistencia, está logrando vencer prejuicios y, merced a la solidez de sus argumentos, respaldados por la contundencia de la realidad, ha persuadido a políticos de todo signo partidario para impulsar el modelo que es, en buena medida, su creación. Él, pero sobre todo, la causa que abandera, requiere aliados y estos deben emerger de la sociedad civil y de la responsabilidad política de los gobernadores y los presidentes municipales con la seguridad pública.

Si esas autoridades esperaban una señal del nuevo gobierno federal, ya la tienen. Ha llegado el momento de actuar para lograr la seguridad. No hay nada que esperar y no hay tiempo que perder.

@HuicocheaAlanis


Claves para recuperar la seguridad

Que las faltas administrativas, de tránsito, así como las conductas reprobables como consumir alcohol o arrojar basura en la vía pública y los numerosos pequeños hurtos y robos de vehículos, entre otros delitos menores, sean oportuna, transparente y justamente sancionados; quienes las cometan sean ejemplar y efectivamente castigados por un juez cívico municipal, es el siguiente pequeño gran paso para garantizar la seguridad pública en nuestro país.

Así es, implementar el modelo de justicia cívica, aunado a realizar encuestas de victimización, permitir que la policía municipal en función de proximidad cuide sistemáticamente de los domicilios y calles, reciba denuncias e inicie la investigación de los delitos, que el ministerio público evite recibir dichas denuncias y se abstenga de conducir las pesquisas de crímenes y se enfoque en preparar casos jurídicos sólidos y bien fundamentados, además de asignar claramente la responsabilidad de la Guardia Nacional en el combate de los crímenes más sofisticados, a las policías estatales la seguridad de las carreteras locales y la reacción en auxilio de las policías municipales en caso de necesidad, así como capacitar a todas las autoridades anteriormente mencionadas, son las claves para mejorar nuestra seguridad y empezar a recuperar la armonía en nuestras ciudades y poblaciones.

Cada una de las propuestas arriba citadas fue explicada en anteriores entregas, esta colaboración y todas ellas complementan un esquema que la semana pasada fue en gran medida recogido en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, mismo que fue unánimemente aprobado por el Presidente y por todos los gobernadores del país, en el seno del Consejo Nacional deSeguridad Pública. De esta suerte, lo aquí propuesto es hoy un compromiso de los gobernadores, una obligación legal y programática que deben cumplir. Por cierto, su primera tarea consiste en realizar encuestas de victimización y, con ellas, preparar un diagnóstico del estado de fuerza y la inseguridad en sus entidades. El tiempo corre y esa obligación tiene un plazo que deberán cumplir.

Bernardo León Olea es el personaje que, a base de persistencia, está logrando vencer prejuicios y, merced a la solidez de sus argumentos, respaldados por la contundencia de la realidad, ha persuadido a políticos de todo signo partidario para impulsar el modelo que es, en buena medida, su creación. Él, pero sobre todo, la causa que abandera, requiere aliados y estos deben emerger de la sociedad civil y de la responsabilidad política de los gobernadores y los presidentes municipales con la seguridad pública.

Si esas autoridades esperaban una señal del nuevo gobierno federal, ya la tienen. Ha llegado el momento de actuar para lograr la seguridad. No hay nada que esperar y no hay tiempo que perder.

@HuicocheaAlanis