Gobernar es un asunto tan importante, que no podemos dejarlo únicamente en manos de los gobernantes. Apenas ejercimos el voto, y parece muy lejana la oportunidad de volver a usar ese poder para castigar a los representantes populares que lo hagan mal, darle la oportunidad a otros que ofrezcan desempeñarse mejor o hasta premiar a quienes ya lo hayan hecho satisfactoriamente, a juicio de nosotros los electores, los mandantes, los que mandamos en un régimen democrático como deseamos que sea el mexicano.
Ciertamente hemos escuchado que el Voto es el derecho que tenemos para ejercer nuestro poder. Y eso es cierto, pero afortunadamente, no es el único con el que contamos. En los últimos años, hubo una serie de reformas, esas sí genuinamente transformadoras, que en su conjunto nos han dotado de nuevas herramientas, de poderes políticos con los que los ciudadanos podemos ejercer el control democrático de los poderes públicos, de manera cotidiana, sin tener que esperar la celebración de elecciones. Esos poderes, bien usados, nos permitirían ejercer otro derecho que hasta ahora se nos ha negado: el Derecho al Buen Gobierno.
Para ejercer el control democrático y cotidiano del poder público y del desempeño de los representantes populares y servidores públicos, los ciudadanos contamos con tres herramientas, principalmente que, quizá, no hemos difundido suficientemente, hemos estudiado deficientemente y estamos aprovechando mediocremente.
Se trata de a). El Sistema Nacional Anticorrupción; b). la evaluación del desempeño derivada del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y c). el Régimen de Transparencia. Aunque perfectibles las tres, como cualquier otra creación colectiva y humana, son las herramientas más avanzadas con las que contamos para conocer qué hace el gobierno, con qué resultados, a qué costo, en beneficio de quiénes y de qué manera eso puede mejorarse en el futuro inmediato. También permitirían corregir oportunamente, reconocer los buenos resultados, identificar y sancionar los malos, para que el desempeño de las instituciones públicas y privadas que reciban recursos públicos, entren en una dinámica de mejora continua, y el aparato público en una espiral ascendente de beneficios para la sociedad en su conjunto.
Vale la pena detenerse a analizar cada una de esas herramientas para el control ciudadano del poder gubernamental, comenzando en el orden enlistado arriba.
El Sistema Nacional Anticorrupción es el espacio de coordinación entre la ciudadanía, las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Concebido desde la sociedad y desde su origen con sólida base académica en su ingeniería. Discutible, todo en torno al SNA, perfectible, sin duda, en muchas de sus partes, es, sin embargo, la instancia ideal para combatir hasta abatir la corrupción.
Siendo fundamental, por primigenia, la función preventiva del SNA, exige investigación social; fuentes de información propias a partir de encuestas municipales de calidad e impacto gubernamental, así como otra del ámbito estatal, dado que la nacional sí existe y la realiza el INEGI; para contar con un diagnóstico, establecer indicadores comparables con las mejores prácticas de nivel internacional, y diseñar políticas públicas con metodologías estrictas y lógicas que hagan del Sistema, una herramienta eficaz, insumo central del control ciudadano del poder gubernamental.
@HuicocheaAlanis
