Nada más necesitamos cinco pasos para mejorar el crecimiento de la economía en nuestro estado, facilitar la instalación y operación de negocios, crear un clima de estabilidad con legalidad y generar más empleos dignos:
1. Abrogar la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial de 2012, porque a partir de particularidades estableció reglas generales, con lo que en la práctica hizo nugatorios los derechos de la mayoría de los empresarios y los mexiquenses; creó el DUF y, con ello, arrebató facultades de los ayuntamientos, además de que generó una centralización de funciones en el Ejecutivo estatal, atrofiando sus plazos de respuesta y aletargando la capacidad de las autoridades.
2. Reformar los códigos Administrativo, para la Biodiversidad y Penal del Estado de México. Primero, para que ya no sea perseguido de oficio quien realiza reparación de autos, estética automotriz y otros afines, sin previa tramitación de impacto y riesgo ambiental; así como suprimir requisitos y trámites para restaurantes, y que éstos ya no sean considerados establecimientos de mediano y alto impacto, además de dejar de imponer horarios escalonados para venta y consumo de alcohol; suprimir los consejos rectores de Impacto Sanitario, y el de Factibilidad Comercial Automotriz para evitar la concentración y el monopolio en la emisión de licencias de funcionamiento. Segundo, para que ya no sean considerados delitos que se persiguen de oficio, y actividades potencialmente peligrosas para la biodiversidad, el ecosistema y el equilibrio ecológico, todas las que implican guarda, custodia, reparación o depósito de vehículos, tales como lotes de autos, venta de autopartes usadas, deshuesaderos, talleres y casas de empeño. Tercero, suprimir la discrecionalidad para que la Secretaría del Medio Ambiente no pueda determinar libérrimamente cuáles de los establecimientos dedicados a esas actividades pueden operar sin requisitos, y obligar a que se sujeten a reglas generales.
3. Restablecer plenamente la Ley de Fomento Económico, y con ella distinguir las actividades de mínimo impacto regional que podrán realizar sus trámites por conducto del Sistema Apertura Rápida de Empresas, en un plazo de algunas horas o cuando mucho de 10 días, de las del Sistema Único de Gestión Empresarial, que sí requieren opinión de otras autoridades, ya que generan impacto regional; así como actualizar el Catálogo Mexiquense de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios de Bajo Riesgo que enlista todas las actividades exentas de cumplimiento de trámites, y señala expresamente requisitos y plazos para cada actividad, brindando certeza jurídica a los inversionistas.
4. Publicar el Reglamento de la Ley de Fomento Económico, y armonizarlo con las leyes de Mejora Regulatoria y la de Medios Electrónicos y sus respectivos reglamentos, a efecto de completar el esquema de Gestión Económica que haga del gobierno, un facilitador, no un controlador; y permita a los ayuntamientos corresponsabilizarse de la promoción económica, detonar el crecimiento e incrementar la recaudación en los ayuntamientos.
5. Valorar la pertinencia de mantener el Dictamen Único de Factibilidad, así como del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y, si esta fuera la decisión, turnar sus enfoques, darles nueva visión y cambiar su misión. Así, el DUF bien podría pasar de ser el pretexto de la lentitud, al elemento dinamizador; además de hacer el Instituto el espacio de intercambio de prácticas exitosas donde se dé la transferencia de experiencias de mejora, como antaño ya ocurría.
Trabajando con estrategia, es posible dar estos pasos, y acompañarlos con el desarrollo tecnológico que los convierta en medidas de gobierno digital que hagan más sencillo y confiable la labor de un gobernador aliado de los empresarios y amigo de los trabajadores.
@HuicocheaAlanis
