La salud es a las personas, lo que la seguridad a la sociedad. Las segundas son imposibles sin las primeras.
Así como el análisis de química sanguínea expresa el estado general de salud de una persona, de modo que se puede conocer el grado de funcionamiento de sus órganos vitales, para prevenir enfermedades; en el caso de la seguridad, es el análisis del Estado de Derecho, el que refleja el funcionamiento general de las instituciones de la sociedad, para hacer la vida comunitaria más incluyente y justa. En ambos casos se busca y se desea la certidumbre como condición en la que la vida individual y colectiva sean posibles, para que cada persona y grupo social puedan desarrollar su proyecto singular y ser felices.
Ayer, el capítulo México de una organización internacional llamada The World Justice Project, presentó su “Índice del Estado de Derecho 2021 – 2022” que consiste en el análisis comparativo de diversas fuentes oficiales y públicas de información, así como de una enorme encuesta aplicada en el país, y las opiniones recabadas de expertos. Aunque perfectible, es, sin duda, un estudio profundo y serio, de gran utilidad para la toma de decisiones; sirve para identificar qué aspectos de nuestra vida en sociedad deben corregirse y en qué medida. Son oportunidades de mejora.
De los 8 rubros evaluados, el Estado de México el que más urgente atención de todos exige es el de “Orden y Seguridad”, que mide la ausencia de homicidios y la percepción social de la seguridad. El primero de estos rubros es un dato objetivo, una cifra oficial registrada y publicada por las autoridades. El segundo es un dato estadístico, hasta cierto punto subjetivo pues refleja “cómo se sienten" las personas encuestadas.
Es posible mejorar en ambas mediciones simultáneamente, ya que tienen un común denominador: la desatención de los conflictos domésticos y vecinales en etapa temprana que, consecuentemente escalan a violencia y, frecuentemente, desembocan en delitos.
Mejorar el Estado de Derecho es tarea vital del ámbito de gobierno más cercano a la vida doméstica y vecinal: al municipal. Son las autoridades municipales las que pueden y deben desactivar, resolviéndolos con base en la ley (su Bando Municipal y conjunto de reglamentos), la abrumadora mayoría de los problemas derivados de la convivencia cotidiana, y eso es posible con una policía municipal reformada y con la justicia cívica que por mandato constitucional deben impartir los ayuntamientos. Bien entendida, la justicia cívica es el punto de contacto más sensible entre el gobernado y su gobierno, ya que el primero se acerca en momentos emocionalmente muy sensibles, y para el segundo, para el ayuntamiento esa es la mayor oportunidad que tiene de significativo en la vida de las personas que gobierna.
Así pues, vivir con percepción de seguridad es posible si la policía municipal se entiende como instancia que facilita la vida social; no sólo porque es cercana, crea un grupo de WhatsApp y realiza recorridos por la colonia; sino que es capaz de resolver problemas, recibe y registra las denuncias de las personas que hayan padecido o atestiguado delitos, investiga crímenes, sistematiza la información, construye, conjuntamente con el MP, carpetas de casos jurídicamente sólidos y detiene hasta encerrar definitivamente a los delincuentes que azotan las calles y transportes; en pocas palabras: cumple eficazmente su función de primer eslabón en la cadena de justicia penal. El círculo virtuoso se consolida si esa policía municipal cuenta con el complemento de la justicia cívica en la sede de la administración pública municipal, conocido en nuestra entidad como Juzgado Calificador, pero que debe ser genuina instancia de impartición de justicia, pero que a su vez asuma que su tarea no es contener la demanda social de justicia, sino resolver los conflictos y aportar valor público.
@HuicocheaAlanis
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