/ miércoles 13 de julio de 2022

Vida Pública | Empresarios exigentes

Con claridad, no carente de razón; y con energía, no exenta de respeto, la voz de la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado de México, está exigiendo implementar con eficacia la reforma policial y el modelo de justicia cívica en la entidad, a través de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y el esfuerzo de los 125 ayuntamientos que la integran.

Acierta, ya que la decisión de implementar ese modelo fue aprobada el 8 de julio de 2019 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por el Presidente de la República, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, el Fiscal General de la República, los gobernadores de los estados, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, el Comisionado Nacional de Seguridad, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de modo que se trata de una instrucción que a estas alturas debería estar dando buenos resultados a la ciudadanía.

La líder empresarial, afirmó que lograr la reforma policial e impulsar la justicia cívica, promovería la inversión y mejoraría el ambiente de negocios en la entidad.

En ese sentido, habría que recordar que dicha reforma implica, entre sus primeros pasos, permitir que las policías estatal y municipales, sobre todo estas últimas por su número y proximidad con la población, ejerzan su obligación de recibir las denuncias de delitos e iniciar inmediatamente, y sin trámite previo alguno, las investigaciones respectivas, lo cual permitiría a la Fiscalía concentrarse en su función de ser representante legal de la sociedad ante los jueces, y permitir que las policías cumplan cabalmente su tarea, pues es sabido que a falta de investigaciones que esclarezcan lo sucedido “la mayoría de los casos quedan varados en el archivo temporal, impactando la confianza para realizar denuncias”, como lo señaló el CCE en su sesión de antier. Datos del INEGI respaldan esa aseveración, pues revelan que en 2020 se emitieron 16 mil 942 sentencias, de más de 340 mil carpetas abiertas por la Fiscalía; lo que significa, que menos del 5 por ciento de las denuncias, concluyen el proceso legal dentro del Sistema de Justicia Penal, lo cual deja insatisfechos a víctimas, imputados, familiares de ambas partes y termina perjudicando a la sociedad en su conjunto.

En tono constructivo, la dirigente precisó que "desde el CCE Estado de México siempre impulsaremos las mejores prácticas para contribuir al desarrollo integral de nuestro estado y creemos plenamente en la capacidad que tendrán nuestras instituciones como en la Fiscalía Estatal, las policías del estado y municipios, así como el Tribunal de Justicia para implementar las acciones necesarias y recobrar la confianza ciudadana". El método para tal propósito existe y está sumando aliados para lograr lo que todos queremos y merecemos, vivir con seguridad, justicia y paz.

@HuicocheaAlanis

Con claridad, no carente de razón; y con energía, no exenta de respeto, la voz de la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado de México, está exigiendo implementar con eficacia la reforma policial y el modelo de justicia cívica en la entidad, a través de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y el esfuerzo de los 125 ayuntamientos que la integran.

Acierta, ya que la decisión de implementar ese modelo fue aprobada el 8 de julio de 2019 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por el Presidente de la República, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, el Fiscal General de la República, los gobernadores de los estados, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, el Comisionado Nacional de Seguridad, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de modo que se trata de una instrucción que a estas alturas debería estar dando buenos resultados a la ciudadanía.

La líder empresarial, afirmó que lograr la reforma policial e impulsar la justicia cívica, promovería la inversión y mejoraría el ambiente de negocios en la entidad.

En ese sentido, habría que recordar que dicha reforma implica, entre sus primeros pasos, permitir que las policías estatal y municipales, sobre todo estas últimas por su número y proximidad con la población, ejerzan su obligación de recibir las denuncias de delitos e iniciar inmediatamente, y sin trámite previo alguno, las investigaciones respectivas, lo cual permitiría a la Fiscalía concentrarse en su función de ser representante legal de la sociedad ante los jueces, y permitir que las policías cumplan cabalmente su tarea, pues es sabido que a falta de investigaciones que esclarezcan lo sucedido “la mayoría de los casos quedan varados en el archivo temporal, impactando la confianza para realizar denuncias”, como lo señaló el CCE en su sesión de antier. Datos del INEGI respaldan esa aseveración, pues revelan que en 2020 se emitieron 16 mil 942 sentencias, de más de 340 mil carpetas abiertas por la Fiscalía; lo que significa, que menos del 5 por ciento de las denuncias, concluyen el proceso legal dentro del Sistema de Justicia Penal, lo cual deja insatisfechos a víctimas, imputados, familiares de ambas partes y termina perjudicando a la sociedad en su conjunto.

En tono constructivo, la dirigente precisó que "desde el CCE Estado de México siempre impulsaremos las mejores prácticas para contribuir al desarrollo integral de nuestro estado y creemos plenamente en la capacidad que tendrán nuestras instituciones como en la Fiscalía Estatal, las policías del estado y municipios, así como el Tribunal de Justicia para implementar las acciones necesarias y recobrar la confianza ciudadana". El método para tal propósito existe y está sumando aliados para lograr lo que todos queremos y merecemos, vivir con seguridad, justicia y paz.

@HuicocheaAlanis