En febrero de este año, 22 millones de mexicanos no contaban con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria que les permitiera una nutrición suficiente y apta para la vida y su salud, hoy son 38 millones las personas que padecen esa indignante pobreza extrema por ingresos, su vida está en riesgo y peligran por hambre, de acuerdo con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), instancia de carácter multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). No está de más precisar que, conforme al mismo estudio (http://www.pued.unam.mx/opencms/difusion/pobreza.html), en 2018, a principios de esta administración federal, esa cifra rondaba los 21 millones de personas. Es decir, entre la 4T y COVID_19 han puesto en esta angustiosa circunstancia a 17 millones de nosotros.
Son vecinos, amigos, familiares, compañeros, conocidos, empleados que empiezan a padecer hambre.
En pocas palabras, lo anteriormente descrito significa que esas personas no cuentan con los $55.00 pesos diarios que se necesitan para adquirir alimentos para una nutrición adecuada, o $1,637.07 al mes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a precios de mayo pasado. Implica, también, que los programas implementados por el gobierno federal en funciones no estaban dando resultados, y que, si eso no fuera suficientemente malo, la pandemia está cayendo como un tsunami, que todavía habrá de arrastrar a muchos más, sin contar los propios males que engendra: enfermedad y muerte.
Todavía peor es contemplar que, ante el desolador panorama, no hay ningún asomo o señal de reacción del gobierno de la República, algún indicio que permita suponer que las acciones y programas se estén evaluando para mejorarlos y, mucho menos de solución, nada que haga suponer que se están diseñando nuevas alternativas de respuesta, impregnadas de solidaridad y sentido de responsabilidad histórica ante el desafío.
Las esperanzas deben surgir; aún mejor, ya surgen de la academia y de las autoridades estatales y municipales, y de la sociedad. Si entienden su momento, este es también un espacio de oportunidad para los partidos políticos.
El PUED plantea una propuesta en la coyuntura, que consiste en otorgar una ayuda directa a esas personas, por los montos mensuales descritos y, si bien prevé las enormes complicaciones para identificar a las personas indicadas, a consecuencia de la opacidad de los padrones de beneficiarios de los programas del gobierno federal, también sugiere que sí se puede confiar en la transparencia de los listados de quienes recibieron ayudas similares por medio de los programas del gobierno anterior, a pesar del margen de error que naturalmente tienen, año y medio después de que dejaron de utilizarse. De ese modo, concluyen que, entregar dicha ayuda a las personas que lo necesitan con urgencia tendría un costo anual de $169,500 millones de pesos. Una cifra ciertamente enorme que, sin embargo, apenas representa el 2.8% del presupuesto anual 2020 que estamos ejerciendo.
Vista así, esta emergencia se puede resolver con nada más un requisito: voluntad política; es decir que los políticos, empezando por el Presidente de la República, seguido de los legisladores que le son afines, y los de otros partidos políticos quieran. Dudo de lo primero. Los segundos lo han dicho, falta que pongan el pecho.
Los gobiernos locales, como el del Estado de México, han avanzado en la dirección que el estudio referido sugiere, sin esperar al gobierno federal. Desde esa perspectiva, la acción es aplaudible por sensible y evidentemente necesaria. Los recursos y las facultades legales de que disponen tienen límites que lógicamente afloran pero, la actitud es la deseable y correcta y, habida cuente que no se pude depender de lo que en la capital de país se decida, es muy loable que ya se inicie y, seguramente, se desplieguen acciones para ampliar la capacidad de respuesta del Gobierno del Estado para los meses por venir y para el año entrante.
@HuicocheaAlanis
