/ miércoles 22 de abril de 2020

Vida Pública | Entramos en fase III...¡En inseguridad!

Un asesinado cada 15 minutos en el país, más de cuatro por hora durante el mes de marzo pasado, y 114 en solo un día apenas antier, el más violento en lo que va del sexenio, son datos oficiales que confirman que la pandemia más mortuoria es la de la violencia criminal en la que está inmerso el país, con clara tendencia a empeorar. Murieron tres veces más personas asesinadas por otros seres humanos, que por COVID19 y, ante tan devastador escenario, la noticia es que ¡la estrategia de seguridad pública en el país no cambia! Entramos en fase III, también en inseguridad.

Porque parte de un diagnóstico incompleto, la estrategia de seguridad no mejora; y no cambiarán los resultados si se continúa haciendo lo mismo, por más recursos que se inviertan en ella, por más cadetes que se sumen, patrullas que se compren, armamento que se adquiera, cursos que se impartan, guardias nacionales que se multipliquen, becas que se obsequien, videocámaras que se instalen, reuniones de coordinación que se celebren, centros de comando que se construyan y equipen, los resultados no van a mejorar si las decisiones estratégicas se continúan tomando a partir de los delitos denunciados ante el Ministerio Público.

Incluso, en el improbable caso de que disminuya la cantidad de denuncias ante la Fiscalía General de la República y las de las entidades federativas, la criminalidad no disminuirá, ni la percepción de peligro para la ciudadanía, por una sencilla razón: de 97 de cada 100 delitos que ocurren, la autoridad ni se entera o, mejor dicho, las víctimas no los denuncian porque no confían en que hacerlo tenga utilidad o represente beneficio alguno para ellas. No confían en la capacidad de la autoridad para investigar, resolver y hacer justicia.

Urge que las autoridades observen lo mismo que ven los ciudadanos; que amplíen su visión más allá de lo que llega a la desvencijada barandilla del Ministerio Público, para conocer lo que ocurre en las calles; que empiecen a ver cada uno de los árboles para poder proteger el bosque; que mejoren sus instrumentos de diagnóstico, para formular el pronóstico preciso; que desmadejen la bola, para encontrar el hilo; en pocas palabras, que analicen, lo que significa descomponer en cada una de sus partes el problema, entender cómo funciona, para volver a armarlo, al tiempo de corregirlo, hasta que funcione a la perfección.

En el terreno de la seguridad pública, eso significa recordar que los pueblos, barrios y colonias se dividen, comúnmente en sectores. Esta es la unidad de medida más generalizada y aceptada para efectos de análisis del territorio urbano para comprender la seguridad. Pues lo que se requiere es de un estudio microrregional del territorio municipal, estatal y federal, a efecto de que los recursos -que no son menores- asignados a la seguridad, dejen de estar orientados a abatir el número de denuncias, y se orienten a combatir el número de conductas antisociales.

Así de sencillo, y así de complejo. Nada más se requiere, si realmente se desea mejorar la seguridad, empezar por llevar a cabo un estudio por sector y por cuadrante que permita registrar las conductas antisociales y los delitos que están ocurriendo en cada punto de la geografía, descubrir sus características, develar sus múltiples causas, identificar a las víctimas, los modos de operación de los victimarios, describir patrones de conducta de unas y otros. Nos sorprenderíamos de la sencillez de las acciones que en la mayoría de los rincones de la patria se requieren para cambiar la situación actual de cosas, y de manera natural emergerían esos pocos, pero peligrosísimos lugares donde se debe actuar con toda la determinación y la fuerza, incluso con la mayor violencia, la que únicamente debe poseer, legítimamente, el Estado. Mejorar la seguridad, incluso y sobre todo en esta época dominada por el Coronavirus, es menos un asunto de capacidades, y más de voluntades.

@HuicocheaAlanis

Un asesinado cada 15 minutos en el país, más de cuatro por hora durante el mes de marzo pasado, y 114 en solo un día apenas antier, el más violento en lo que va del sexenio, son datos oficiales que confirman que la pandemia más mortuoria es la de la violencia criminal en la que está inmerso el país, con clara tendencia a empeorar. Murieron tres veces más personas asesinadas por otros seres humanos, que por COVID19 y, ante tan devastador escenario, la noticia es que ¡la estrategia de seguridad pública en el país no cambia! Entramos en fase III, también en inseguridad.

Porque parte de un diagnóstico incompleto, la estrategia de seguridad no mejora; y no cambiarán los resultados si se continúa haciendo lo mismo, por más recursos que se inviertan en ella, por más cadetes que se sumen, patrullas que se compren, armamento que se adquiera, cursos que se impartan, guardias nacionales que se multipliquen, becas que se obsequien, videocámaras que se instalen, reuniones de coordinación que se celebren, centros de comando que se construyan y equipen, los resultados no van a mejorar si las decisiones estratégicas se continúan tomando a partir de los delitos denunciados ante el Ministerio Público.

Incluso, en el improbable caso de que disminuya la cantidad de denuncias ante la Fiscalía General de la República y las de las entidades federativas, la criminalidad no disminuirá, ni la percepción de peligro para la ciudadanía, por una sencilla razón: de 97 de cada 100 delitos que ocurren, la autoridad ni se entera o, mejor dicho, las víctimas no los denuncian porque no confían en que hacerlo tenga utilidad o represente beneficio alguno para ellas. No confían en la capacidad de la autoridad para investigar, resolver y hacer justicia.

Urge que las autoridades observen lo mismo que ven los ciudadanos; que amplíen su visión más allá de lo que llega a la desvencijada barandilla del Ministerio Público, para conocer lo que ocurre en las calles; que empiecen a ver cada uno de los árboles para poder proteger el bosque; que mejoren sus instrumentos de diagnóstico, para formular el pronóstico preciso; que desmadejen la bola, para encontrar el hilo; en pocas palabras, que analicen, lo que significa descomponer en cada una de sus partes el problema, entender cómo funciona, para volver a armarlo, al tiempo de corregirlo, hasta que funcione a la perfección.

En el terreno de la seguridad pública, eso significa recordar que los pueblos, barrios y colonias se dividen, comúnmente en sectores. Esta es la unidad de medida más generalizada y aceptada para efectos de análisis del territorio urbano para comprender la seguridad. Pues lo que se requiere es de un estudio microrregional del territorio municipal, estatal y federal, a efecto de que los recursos -que no son menores- asignados a la seguridad, dejen de estar orientados a abatir el número de denuncias, y se orienten a combatir el número de conductas antisociales.

Así de sencillo, y así de complejo. Nada más se requiere, si realmente se desea mejorar la seguridad, empezar por llevar a cabo un estudio por sector y por cuadrante que permita registrar las conductas antisociales y los delitos que están ocurriendo en cada punto de la geografía, descubrir sus características, develar sus múltiples causas, identificar a las víctimas, los modos de operación de los victimarios, describir patrones de conducta de unas y otros. Nos sorprenderíamos de la sencillez de las acciones que en la mayoría de los rincones de la patria se requieren para cambiar la situación actual de cosas, y de manera natural emergerían esos pocos, pero peligrosísimos lugares donde se debe actuar con toda la determinación y la fuerza, incluso con la mayor violencia, la que únicamente debe poseer, legítimamente, el Estado. Mejorar la seguridad, incluso y sobre todo en esta época dominada por el Coronavirus, es menos un asunto de capacidades, y más de voluntades.

@HuicocheaAlanis