“Gobernar es un asunto tan importante, que no podemos dejarlo únicamente en manos de los gobernantes”, afirmamos en este espacio la semana pasada, ya que, para que nuestra vida pública sea cada día más pública, es indispensable la participación de la ciudadanía en el control del poder gubernamental. Éste poder, dijimos, puede y debe ser exento de corrupción, transparente y, sobre todo, evaluado permanentemente, para, eventualmente, corregirlo, sancionarlo, incluso reconocerlo y hasta premiarlo, si el desempeño de los administradores públicos, llega a ameritarlo pero, eso sólo es posible, si lo habituamos y nos acostumbramos a evaluarlo en permanencia.
Para eso existe el Subsistema de Evaluación del Desempeño Gubernamental, derivado del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Es un instrumento del que disponemos los ciudadanos para ejercer nuestro poder de mandantes, sobre los mandatarios, con objetividad, transparencia y precisión; para saber cuáles son las fuentes de los recursos públicos, en qué y cómo se destinan y qué resultados se obtienen; todo ello, con base en indicadores previamente determinados, índices científicamente establecidos y demostrables a partir de evidencias aceptadas y reconocidas por la comunidad de administradores públicos, expertos evaluadores, la academia, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, y por la ciudadanía en general.
Surgida en otros ámbitos, incorporada paulatinamente en la última década y adoptada de manera jurídicamente plena en 2016 en la administración pública federal, la Evaluación del Desempeño deberá expandirse y profundizar en los años por venir a los órdenes estatal y municipal de gobierno, pero es, desde ahora, un mecanismo de control democrático del poder que, sumado al régimen de transparencia, permitirá que los mexicanos tengamos un buen gobierno a nuestro servicio.
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. […] El ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente”, señala nuestro artículo 134 constitucional. Y de ahí deriva una normatividad que se extiende hasta el Programa Anual de Evaluación, conocido como PAE, que obliga a entes públicos que reciben recursos federales a realizar dicha evaluación. Siendo evidente e importante el avance, es todavía insuficiente.
Extender y profundizar la aplicación y los efectos del mandato constitucional, es una ventana abierta de oportunidad para los representantes populares recientemente electos, una obligación para los servidores públicos en funciones, y una opción ciudadana para exigir un mejor desempeño de los gobernantes, pues evaluar a las autoridades, es una forma de empoderar a las personas, es el modo de co-gobernar.
