La inseguridad, el feminicidio y las desapariciones de personas, subrayadamente de niñas y mujeres, tienen en común una deficiente aproximación y una insuficiente comprensión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, a cada uno de esos problemas sociales. Obsesionados por cumplir y, quizá, desesperados por la gravedad de cada asunto, los servidores públicos realizan innumerables esfuerzos, disponen de cuantiosos recursos, invierten demasiado tiempo, pero no son eficaces y mucho menos eficientes.
Este lunes el presidente de la República, durante su conferencia matutina, la llamada “mañanera”, dedicada ese día al tema de la seguridad, afirmaba que aunque “no hay nada que presumir” –como reconoció Alfonso Durazo-, también declaró, justamente a las 8:11 am, que no volvería a haber masacres en el país; exactamente en el momento que estaban masacrando a policías estatales de Michoacán, según supimos todos poco después. “Ese es mi trabajo, y trabajo mucho”, dijo.
De casi nada sirve que el presidente de la República anuncie que cada madrugada tiene reuniones de coordinación de la estrategia nacional de paz, si la paz no llega. A nueve meses de trabajo, nadie esperaría una mejoría total, pero sí un avance y una idea significativa de mejoramiento. Sería muy esperanzador si existiera una política criminal; es decir, una estrategia integral del Estado Nacional, en la que los integrantes, que somos todos, tuviéramos una responsabilidad específica que cumplir, que ya se hubiera definido un nuevo esquema de organización entre las policías y que cada componente de dicho planteamiento tuviera una relación directa y clara con un indicador y una meta que se persigue.
Como no tienen claro en qué consiste o cómo pueden restablecer la seguridad, hacen muchas cosas y nos las repiten todo el tiempo, pero sin propósito claro.
No existen diagnósticos ni indicadores para entender la inseguridad, el feminicidio y las desapariciones. Así, por ejemplo, prácticamente en ninguna entidad federativa nadie sabe con precisión cuál fue la incidencia delictiva, la prevalencia de crímenes y qué decir de la “cifra negra” durante la semana o el mes pasados; tampoco nadie podría afirmar en qué nivel –obviamente bajo- está en este momento la confianza de las personas en su policía municipal respectiva y la del estado, y tampoco conocen cómo se pretende mejorar la relación entre uniformados y vecinos. Si no se sabe eso, no es posible tomar decisiones contundentes ni realizar operativos de precisión; mucho menos se puede llevar a cabo una estrategia de prevención exitosa, diferente a lo que se ha hecho siempre. Nadie conoce un registro personalizado del desempeño y seguimiento de las actividades cotidianas de cada policía, y de ese modo la sociedad no puede reconocer sus tareas y mucho menos premiarlas. Se desprecia la inteligencia. No contamos con indicadores y por tanto no se puede medir y mucho menos mejorar.
Un documento de más de 300 páginas da respuesta a la Alerta de Género emitida hace cuatro años en el Estado de México. Es un compendio muy bien organizado y presentado de decisiones, disposiciones y acciones llevadas a cabo por autoridades locales y municipales, con las mejores intenciones. Pero en todo ese extenso documento no existe vinculación alguna entre una sola de esas centenas de acciones y el resultado que se busca: preservar la vida de las mexiquenses. Sobran indicadores de desempeño, faltan indicadores de resultados. Si la mayoría de los actos violentos que padecen las víctimas suceden en su primer círculo familiar y social, nada va a cambiar, mientras no exploremos, identifiquemos y anulemos lo que ahí está ocurriendo, y mientras no proveamos a todas las personas de la herramienta que les permita pedir auxilio y sentirse seguras, así sea en el más íntimo rincón de su hogar.
@HuicocheaAlanis
