/ miércoles 21 de julio de 2021

Vida Pública | Gobierno transparente, no invisible 

Evidenciar es demostrar con tal claridad, que no quede duda; es un recurso para probar si, algo que se dijo, es congruente con lo que se hizo. En nuestro régimen republicano es lo que se necesita para evaluar, reconocer, sancionar y mejorar, permanentemente, lo que hace el gobierno, en sus tres poderes y ámbitos de gobierno. Es, de la mano de la transparencia, la tercera herramienta para que el ciudadano ejerza su poder de control, sobre el aparato público, el instrumento con el que el mandante, ejerce mando sobre el mandatario. Es así que, junto con el Sistema Anticorrupción y la Evaluación del Desempeño, que abordamos en las pasadas entregas de estas líneas, la transparencia, complementa el trípode del control ciudadano sobre el gobierno.

Cuidado con mal interpretaciones; gobierno transparente, no es lo mismo que invisible. El segundo es ausencia, el primero, abundancia de evidencia. Más precisamente: evidencia de resultados. Lo que significa que estos últimos sean palpables, mesurables, comparables y, subrayadamente, validos; lo cual exige que hayan sido previamente aceptados y convenidos por la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil, y por los otros ámbitos de gobierno y poderes públicos, sobre todo del legislativo, que es el que más y mejor refleja el pluralismo de la sociedad.

En las últimas dos décadas nuestro país y el Estado de México han avanzado de manera importante al respecto, tanto en la ingeniería jurídica o estructura legal, y en la construcción institucional para hacer posible el uso de la transparencia.

No obstante, persiste el desafío más grande: el del cambio cultural, en otras palabras, que los ciudadanos nos habituemos a ver el desempeño gubernamental con las gafas de las evidencias, expresadas en datos, indicadores e índices, y menos con los lentes del rumor, la suposición y las medias verdades, que ocultan engaños completos.

Desde principios de siglo, cuando este empeño comenzó, se sabía que la adopción de la transparencia como instrumento de ciudadanos comunes, sería la parte más compleja y tardada del proceso.

Una propuesta para acelerar dicho proceso, comenzar por dar toda la visibilidad posible a los asuntos de la agenda pública que más atención de la ciudadanía exigen, a grado de convertirse en preocupaciones generalizadas y permanentes, los cuales bien podrían ser: la inseguridad y la corrupción.

Ambos fenómenos ocupan la mayor parte de medios de comunicación tradicionales y digitales y, no obstante, no abundan los análisis construidos sobre evidencias, sino suposiciones. Tampoco es frecuente encontrar que las acciones gubernamentales, diseñadas a abatir esos fenómenos, estén dirigidas a modificar esos indicadores, incluso, cuando llegan a usarse, se hace mal. Es el caso de la “incidencia delictiva”, pues las políticas públicas y estrategias de gobierno dicen expresamente que buscan disminuirla cuando, en realidad, necesitamos incrementarla, pues eso significa que más delitos cometidos son del conocimiento de la autoridad y ésta, está obligado a atenderla y, eventualmente a resolverlo.

Siendo misión permanente la de mejorar a los gobiernos, el cambio de administraciones públicas municipales, es coyuntura propicia para insistir y sugerir cómo hacerlo -tarea que el IAPEM cumple- a fomentar el uso de indicadores para acabar con la corrupción, evaluar el desempeño institucional y hacer de la transparencia, práctica cotidiana y punto de encuentro entre sociedad y gobierno.

@HuicocheaAlanis

Evidenciar es demostrar con tal claridad, que no quede duda; es un recurso para probar si, algo que se dijo, es congruente con lo que se hizo. En nuestro régimen republicano es lo que se necesita para evaluar, reconocer, sancionar y mejorar, permanentemente, lo que hace el gobierno, en sus tres poderes y ámbitos de gobierno. Es, de la mano de la transparencia, la tercera herramienta para que el ciudadano ejerza su poder de control, sobre el aparato público, el instrumento con el que el mandante, ejerce mando sobre el mandatario. Es así que, junto con el Sistema Anticorrupción y la Evaluación del Desempeño, que abordamos en las pasadas entregas de estas líneas, la transparencia, complementa el trípode del control ciudadano sobre el gobierno.

Cuidado con mal interpretaciones; gobierno transparente, no es lo mismo que invisible. El segundo es ausencia, el primero, abundancia de evidencia. Más precisamente: evidencia de resultados. Lo que significa que estos últimos sean palpables, mesurables, comparables y, subrayadamente, validos; lo cual exige que hayan sido previamente aceptados y convenidos por la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil, y por los otros ámbitos de gobierno y poderes públicos, sobre todo del legislativo, que es el que más y mejor refleja el pluralismo de la sociedad.

En las últimas dos décadas nuestro país y el Estado de México han avanzado de manera importante al respecto, tanto en la ingeniería jurídica o estructura legal, y en la construcción institucional para hacer posible el uso de la transparencia.

No obstante, persiste el desafío más grande: el del cambio cultural, en otras palabras, que los ciudadanos nos habituemos a ver el desempeño gubernamental con las gafas de las evidencias, expresadas en datos, indicadores e índices, y menos con los lentes del rumor, la suposición y las medias verdades, que ocultan engaños completos.

Desde principios de siglo, cuando este empeño comenzó, se sabía que la adopción de la transparencia como instrumento de ciudadanos comunes, sería la parte más compleja y tardada del proceso.

Una propuesta para acelerar dicho proceso, comenzar por dar toda la visibilidad posible a los asuntos de la agenda pública que más atención de la ciudadanía exigen, a grado de convertirse en preocupaciones generalizadas y permanentes, los cuales bien podrían ser: la inseguridad y la corrupción.

Ambos fenómenos ocupan la mayor parte de medios de comunicación tradicionales y digitales y, no obstante, no abundan los análisis construidos sobre evidencias, sino suposiciones. Tampoco es frecuente encontrar que las acciones gubernamentales, diseñadas a abatir esos fenómenos, estén dirigidas a modificar esos indicadores, incluso, cuando llegan a usarse, se hace mal. Es el caso de la “incidencia delictiva”, pues las políticas públicas y estrategias de gobierno dicen expresamente que buscan disminuirla cuando, en realidad, necesitamos incrementarla, pues eso significa que más delitos cometidos son del conocimiento de la autoridad y ésta, está obligado a atenderla y, eventualmente a resolverlo.

Siendo misión permanente la de mejorar a los gobiernos, el cambio de administraciones públicas municipales, es coyuntura propicia para insistir y sugerir cómo hacerlo -tarea que el IAPEM cumple- a fomentar el uso de indicadores para acabar con la corrupción, evaluar el desempeño institucional y hacer de la transparencia, práctica cotidiana y punto de encuentro entre sociedad y gobierno.

@HuicocheaAlanis