Todas las personas queremos vivir con seguridad, justicia y paz. Eso implica que seamos capaces de dar solución pronta, transparente y expedita a los conflictos comunitarios que naturalmente derivan de la vida en sociedad; deseamos facilitar y mejorar la convivencia en comunidad y evitar que las diferencias entre las personas escalen a actos de violencia, y mucho menos deriven en delitos que todos lamentemos. Queremos y merecemos contar con cuerpos de seguridad municipales que se anticipen a los criminales, que investiguen con eficacia los delitos cuando ocurran, y que sean capaces de demostrar, con evidencias obtenidas científicamente, la responsabilidad de quien haya violado la ley, para castigarle con severidad, aunque respetando sus derechos humanos.
Lo anterior significa que todas las personas queremos un modelo de policía municipal de proximidad y de Justicia Cívica. Queremos pues, vivir en un Estado Democrático de Derecho, porque sabemos que es posible y conocemos cómo lograrlo. Esa es la primera obligación de la administración pública y es también el desafío de nuestra generación.
El modelo existe y funciona en apenas un puñado de ciudades mexicanas que, a diferencia de todas las demás, gozan de niveles de seguridad comparables con las del llamado “primer mundo” y que, ubicadas en el mapa de la República Mexicana, refulgen por excepcionales, ya que en ellas han hecho lo que debemos intentar en todas: adoptar la Justicia Cívica como práctica de Buen Gobierno municipal, al tiempo de empoderar a la policía municipal.
Lo primero consiste en realizar las reformas al marco jurídico municipal para que los ayuntamientos se atrevan a asumir plenamente la obligación constitucional de adoptar la justicia cívica, crear juzgados con infraestructura mínima y elemental, en los que mediadores calificados sigan los procedimientos de audiencias respetando principios de debido proceso ante un juez calificador, usen medidas alternativas para la solución de controversias -destacadamente el trabajo en favor de la comunidad- para evitar la impunidad y no haya falta que quede sin castigo en lo local.
Lo segundo, requiere que las autoridades municipales se atrevan a obedecer nuestra Carta Magna, que responsabiliza a las policías a recibir denuncias de delitos e iniciar investigaciones, además de orientar a esas corporaciones a la solución de problemas y facilitar la vida en comunidad.
Durante cuatro horas diarias, en los pasados seis meses y hasta ahora, el Instituto de Administración Pública del Estado de México, a petición de la Secretaría de Seguridad, ha trabajado con más de 650 servidores públicos de los 125 municipios, hasta perfilar el grado de avance del modelo de Justicia Cívica en la entidad. Los avances son modestos, pero suficientes para afirmar que, intensificando el esfuerzo en los próximos meses, con reforma policial y Justicia Cívica, sí es posible cambiar la percepción de seguridad del Estado que ocupa, más que el centro, el corazón de México.
@HuicocheaAlanis
