Incidencia es acontecimiento. Incidencia delictiva debería ser recuento de los sucesos delincuenciales. Siendo gramaticalmente sencillo de entender por todas las personas, lo anterior no lo es para los servidores públicos responsables de la procuración de justicia, quienes entienden a la incidencia delictiva como el registro oficial que realiza la fiscalía de los actos delictivos que la ciudadanía se presenta a denunciar. De modo que, mientras los ciudadanos de a pie entendemos la incidencia delictiva como el universo de más de 34 millones de delitos que suceden en el país, la autoridad nomás piensa en algunos cientos de miles de carpetas sobre sus escritorios y, así, con visiones, ideas, preocupaciones, incentivos y objetivos distintos, gobernados y gobernantes difícilmente podremos ponernos de acuerdo para resolver, juntos, el problema que más gravemente aqueja a los mexicanos: la inseguridad.
Lo normal y lógico, desde la perspectiva ciudadana, sería que cada día se presentaran más personas a denunciar; es decir, que los crímenes no queden sin ser denunciados, y que el registro de delitos capte más hechos delictivos; en otras palabras, que crezca la incidencia delictiva. Pero desde la perspectiva burocrática se piensa, equivocadamente, que el desafío consiste en reducir el registro de delitos, como si, al ignorarlos, los crímenes desaparecieran o no hubieran ocurrido, y tampoco existieran las víctimas y, por tanto, no es necesario investigar, judicializar, ni sancionar a nadie.
Como se advierte, esta mala interpretación por parte del aparato público, provoca que tantos delitos queden sin castigo y tantas personas mexicanas sin justicia. La impunidad existe, pues, porque mientras los ciudadanos quisieran que se incremente el registro de delitos, los gobernantes quieren que baje lo que entienden como incidencia delictiva, de modo que ambas fuerzas, en lugar de hacer sinergia, empujan en sentidos opuestos.
La autoridad puede y debe aceptar, incluso promover, que crezca la incidencia delictiva -entendida como el alza del registro de denuncias ciudadanas- ya que es el primer paso para resolver el verdadero problema: la percepción de inseguridad. A la policía, especialmente a la municipal, corresponde que cada vez ocurran menos delitos, para lo cual puede y debe desarrollar investigación – dejar atrás, porque es jurídicamente incorrecto, el mito de que la investigación está reservada al MP- y ambas, policía municipal y fiscalía, comprender que son interdependientes para lograr la fórmula ideal de la seguridad: que aumente la incidencia delictiva, al tiempo que disminuya la percepción de inseguridad.
Mucho bien le haría a la Fiscalía dejar de llamar incidencia delictiva, a lo que no lo es; una sugerencia sería utilizar la palabra registro de denuncias. Llamándolo de este modo, los agentes del MP, que han desarrollado habilidades inconfesables para desanimar a las víctimas de delitos a presentar denuncias, podrían aceptar que su tarea es recibir esas denuncias y, ante el cúmulo de trabajo, quizá abandonen su resistencia para permitir y facilitar que, como lo mandata nuestra Constitución, también los policías municipales y estatales puedan recibir las denuncias e iniciar investigaciones.
En resumen, un pequeño cambio de lenguaje en un componente del sistema de justicia, como lo es la incidencia delictiva, puede desatar la evolución del sistema en su conjunto, para bien de todos y que aumente el registro de delitos y el número de investigaciones, mientras decrezca la percepción de seguridad y los niveles de impunidad.
@HuicocheaAlanis
