El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una iniciativa de Ley que, de aprobarse este mes por el Congreso de la Unión, no sólo echaría por tierra la reforma energética aprobada el sexenio pasado, sino que encarecería “el pago de la luz” para todos, incrementaría la contaminación ambiental, detendría el avance de las tecnologías limpias, desaprovecharía la inacabable riqueza de energía solar y eólica de las que goza nuestro país, ahuyentaría la inversión extranjera directa y desalentaría el desarrollo nacional perjudicando a empresarios, trabajadores y población en general de la actual y varias generaciones futuras de mexicanos.
Además de esas gravísimas implicaciones que, de acuerdo con los expertos, puede tener la propuesta del Presidente, este nuevo episodio en las cámaras de diputados y de senadores, es útil para recordar que, prácticamente todas las reformas planteadas por el actual gobierno están sujetas a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por cierto, ya urge que comience a desahogar, entre otros, estos pendientes:
Están bajo controversia constitucional: La ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que violaría derechos adquiridos de los funcionarios del gobierno. La Ley General de Educación, que deja en el limbo el traslado de recursos educativos a los estados. La Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece la figura de los superdelegados. La Ley de Austeridad Republicana, que invade atribuciones de los órganos autónomos y suspende derechos adquiridos de trabajadores del Estado.
Cuestionadas con acciones de inconstitucional: La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permite intervenir los bienes que la autoridad presuma de procedencia ilícita. La Ley de Seguridad Nacional, que equipara delitos fiscales a delincuencia organizada e impone prisión preventiva forzosa por esos delitos. La Ley de la Guardia Nacional, porque otorga a ese cuerpo facultades de investigación y de intervención que podrían ser violatorias de garantías constitucionales. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza, porque no incorpora criterios internacionales de uso de la fuerza a los que México está obligado constitucionalmente. La Ley Nacional de Registro de Detenciones, porque no regula con claridad las obligaciones de las fuerzas armadas con sus detenidos. La eliminación de los 109 fondos y fideicomisos públicos, entre otros: el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Financiera Rural, Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fondo Sectorial para la Innovación, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo Institucional del Conacyt y el Fondo Metropolitano.
Y se han solicitado amparos contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya
Este recuento -al que habría que agregar algunos ordenamientos recientes- no pretende sino alertar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada, como nunca, a decidir el destino nacional, y que por el bien de todos, mientras más pronto lo haga, será mejor parta todos los mexicanos de hoy y mañana. Pende sobre los jueces un compromiso jurídico, político y ético ante la Nación.
@HuicocheaAlanis
