/ miércoles 30 de octubre de 2019

Vida Pública / Modernizar el “DUF”


Es posible reducir drásticamente plazos y requisitos para instalar y operar negocios en el Estado de México, combatir la corrupción y promover el crecimiento con desarrollo para los mexiquenses, como se ha propuesto hacerlo el gobernador del Estado de México.

Hace apenas seis años abrir un negocio en la entidad que no generara impacto regional requería un máximo de 6 días hábiles en los que el ayuntamiento respectivo emitía la licencia de funcionamiento. De pronto, a finales de 2013 esos plazos se dispararon, contra toda lógica, hasta llegar a más de 120 días. Reparar eso, agilizar los trámites fue, seguramente, un reclamo de los empresarios, porque apenas llegando a la gubernatura, en 2017, el Ejecutivo estatal presentó la iniciativa de reforma al Código Administrativo y posteriormente la Ley que Crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México que, a pesar de su declarado propósito de simplificar trámites, no los ha acortado significativamente y sigue hablándose de corrupción.

La pregunta naturalmente es: ¿si íbamos tan bien en la ruta de la simplificación y mejora administrativa, en qué momento nos perdimos? De esa respuesta depende la solución.

Promulgada en 2010, la Ley de Fomento Económico para el Estado de México elevó a rango de norma y sistematizó sendos decretos, con lo que se convirtió en una de las más avanzadas en el país, porque daba total certeza jurídica –que es lo único que piden los empresarios- y solidez a dos sistemas: el de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y al Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE), ambos muy claramente anclados al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIEN) que agrupa todas las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá, de modo que la ley tenía una clara vocación internacionalista y comercial; el primero, el SARE consistente en un listado concreto de actividades económicas que por su limitado impacto y poco riesgo pueden operar con un mínimo de requisitos perfectamente definidos; y el otro que sí exigen una revisión detallada y minuciosa, habida cuenta que tienen potencial impacto en salud, medio ambiente y protección civil, principalmente. Así nació el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios, conforme al cual se podía revisar qué actividades necesitan, de qué permisos, licencias o dictámenes y proceder a tramitarlos, sabiendo a qué plazos atenernos.

Todo lo anterior, si bien está vigente, es letra muerta porque inexplicable e inopinadamente, en 2014 fue aprobada la que paradójicamente fue llamada Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, que hizo lo que no se debe hacer: a partir de casos particulares, estableció reglas generales; so pretexto de impedir la proliferación de “tables dance”, creó burocracia en donde no había, arrogó facultades de los ayuntamientos, canceló el SARE, de modo que ya no fue posible aprobar pronto actividades que no implicaban mayor riesgo, revolviéndolas con las del SUGE y enfrascándolas a todas en un procedimiento confuso que ya acumula cientos de miles de solicitudes inconclusas, en espera de su Dictamen Único de Factibilidad, sin importar su respectivo grado de complejidad.

Inspirada por la mejor de las intenciones, buscando poner orden, -al parecer inspirándose en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, pasando por alto que se trata de la instancia del gobierno de la CDMX con el peor prestigio- el gobierno actual creó el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México. Además del nombre, la versión mexiquense comparte con la capital del país la lógica del control burocrático, no la racional de la gestión empresarial.

Para que instalar negocios en nuestra entidad sea cosa de horas y días requiere: abrogar la Ley para la Competitividad y el Ordenamiento Comercial de 2014, para devolver a los municipios sus facultades en materia de uso de suelo; revindicar la Ley de Fomento Económico del Estado de México y con ella el respectivo Catálogo de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios, recuperar el SARE de modo que los ayuntamientos puedan atender y liberar la instalación de cientos de miles de negocios de bajo impacto de manera transparente y legal, con lo que podrán incrementar su recaudación propia, y volver a utilizar el SUGE como mecanismo de gestión empresarial que dé certidumbre a los inversionistas, de modo que todos juntos, sin “hacernos bolas” impulsemos la actividad económica, la competitividad y el bienestar de los mexiquenses.

@HuicocheaAlanis


Es posible reducir drásticamente plazos y requisitos para instalar y operar negocios en el Estado de México, combatir la corrupción y promover el crecimiento con desarrollo para los mexiquenses, como se ha propuesto hacerlo el gobernador del Estado de México.

Hace apenas seis años abrir un negocio en la entidad que no generara impacto regional requería un máximo de 6 días hábiles en los que el ayuntamiento respectivo emitía la licencia de funcionamiento. De pronto, a finales de 2013 esos plazos se dispararon, contra toda lógica, hasta llegar a más de 120 días. Reparar eso, agilizar los trámites fue, seguramente, un reclamo de los empresarios, porque apenas llegando a la gubernatura, en 2017, el Ejecutivo estatal presentó la iniciativa de reforma al Código Administrativo y posteriormente la Ley que Crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México que, a pesar de su declarado propósito de simplificar trámites, no los ha acortado significativamente y sigue hablándose de corrupción.

La pregunta naturalmente es: ¿si íbamos tan bien en la ruta de la simplificación y mejora administrativa, en qué momento nos perdimos? De esa respuesta depende la solución.

Promulgada en 2010, la Ley de Fomento Económico para el Estado de México elevó a rango de norma y sistematizó sendos decretos, con lo que se convirtió en una de las más avanzadas en el país, porque daba total certeza jurídica –que es lo único que piden los empresarios- y solidez a dos sistemas: el de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y al Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE), ambos muy claramente anclados al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIEN) que agrupa todas las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá, de modo que la ley tenía una clara vocación internacionalista y comercial; el primero, el SARE consistente en un listado concreto de actividades económicas que por su limitado impacto y poco riesgo pueden operar con un mínimo de requisitos perfectamente definidos; y el otro que sí exigen una revisión detallada y minuciosa, habida cuenta que tienen potencial impacto en salud, medio ambiente y protección civil, principalmente. Así nació el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios, conforme al cual se podía revisar qué actividades necesitan, de qué permisos, licencias o dictámenes y proceder a tramitarlos, sabiendo a qué plazos atenernos.

Todo lo anterior, si bien está vigente, es letra muerta porque inexplicable e inopinadamente, en 2014 fue aprobada la que paradójicamente fue llamada Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, que hizo lo que no se debe hacer: a partir de casos particulares, estableció reglas generales; so pretexto de impedir la proliferación de “tables dance”, creó burocracia en donde no había, arrogó facultades de los ayuntamientos, canceló el SARE, de modo que ya no fue posible aprobar pronto actividades que no implicaban mayor riesgo, revolviéndolas con las del SUGE y enfrascándolas a todas en un procedimiento confuso que ya acumula cientos de miles de solicitudes inconclusas, en espera de su Dictamen Único de Factibilidad, sin importar su respectivo grado de complejidad.

Inspirada por la mejor de las intenciones, buscando poner orden, -al parecer inspirándose en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, pasando por alto que se trata de la instancia del gobierno de la CDMX con el peor prestigio- el gobierno actual creó el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México. Además del nombre, la versión mexiquense comparte con la capital del país la lógica del control burocrático, no la racional de la gestión empresarial.

Para que instalar negocios en nuestra entidad sea cosa de horas y días requiere: abrogar la Ley para la Competitividad y el Ordenamiento Comercial de 2014, para devolver a los municipios sus facultades en materia de uso de suelo; revindicar la Ley de Fomento Económico del Estado de México y con ella el respectivo Catálogo de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios, recuperar el SARE de modo que los ayuntamientos puedan atender y liberar la instalación de cientos de miles de negocios de bajo impacto de manera transparente y legal, con lo que podrán incrementar su recaudación propia, y volver a utilizar el SUGE como mecanismo de gestión empresarial que dé certidumbre a los inversionistas, de modo que todos juntos, sin “hacernos bolas” impulsemos la actividad económica, la competitividad y el bienestar de los mexiquenses.

@HuicocheaAlanis