/ miércoles 9 de septiembre de 2020

Vida Pública | Morena vs. “DUF”

Los diputados locales mexiquenses del partido MORENA han expresado claramente su rechazo al Dictamen Único de Factibilidad, conocido como el DUF, trámite y requisito para la creación de empresas y operación de negocios en el Estado de México, y con tal propósito han presentado una iniciativa de reformas legales y ayer iniciaron las sesiones de trabajo para dictaminar y resolver este importante asunto. Su planteamiento coincide, en sus grandes trazos, con las exigencias y recomendaciones formuladas hace unos días por la mayoría de las organizaciones empresariales, los inversionistas, las instituciones de educación superior, los académicos y especialistas, en los “Diálogos para la Reactivación de la Economía Mexiquense”, organizados por la Secretaría de Desarrollo Económico y el IAPEM, por parte del Gobierno estatal.

Es muy destacable y afortunado que el grupo parlamentario más numeroso haga eco de esta exigencia social y que muestre apertura al diálogo, incluso que genere cercanía con las organizaciones empresariales a las que ayer invitaron a trabajar conjuntamente, para agilizar la creación y operación de empresas de todo tamaño, abriendo la oportunidad de revisar y dictaminar la iniciativa del diputado Nazario Gutiérrez.

Dicha iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y se abroga la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México es una importante pieza legislativa que merece toda la atención, que como cualquier planteamiento puede ser mejorado sustantivamente. De entrada, llaman la atención algunos puntos relevantes.

La propuesta acierta al abrogar la Comisión de Factibilidad en la que se han acumulado miles de trámites pendientes, y al responsabilizar en mayor medida a los ayuntamientos de la gestión de la actividad empresarial, yerra al dejar intocables el Código Administrativo, en el Código para la Biodiversidad, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial que es el conjunto de leyes en los que la gestión empresarial se ha atrofiado, de modo que, aunque pasaran las responsabilidades de los ayuntamientos, permanecería el problema en legislación estatal que es preciso revisar; en pocas palabras, la iniciativa apunta en la dirección correcta, pero le falta visión de conjunto y profundidad.

En esa integralidad ausente en el planteamiento, la iniciativa deja al garete las atribuciones y facultades que la legislación vigente reserva a las autoridades estatales en materia de gestión empresarial.

Pero lo más delicado es que en la propuesta de los diputados locales, se crea un requisito nuevo el “Dictamen de Giro”, que sería liberado por los ayuntamientos en sustitución del DUF, aunque pasa a ser la misma cosa que busca reformar, pero con otro nombre y tramitado ante otra ventanilla, en la que el plazo se "acorta" a 66 días, aunque prevé que el plazo podría extenderse otros 15 días más; de modo que pasaríamos de los 92 días que actualmente contempla el DUF a 82, de la propuesta morenista. Definitivamente, no es lo que se necesita.

Si no se revisa integralmente la iniciativa, lo único que se lograría sería mantener el desorden, cambiarlo la sede del desastre, sin que se alcance el noble propósito que se persigue.

Se ha dicho antes en este mismo espacio, se requiere un nuevo modelo de gestión empresarial; para ello abrogar la Ley para la Competitividad y el Ordenamiento Comercial; eliminar una larga serie de requisitos y trámites creados a partir de 2013 y plasmados en diversos reglamentos que se tienen identificados; crear los catálogos de actividades empresariales de bajo impacto, así como el de mediano y alto impacto, precisando los requisitos exigibles y únicos para cada uno; revisar la pertinencia de mantener el Instituto de Verificación; y eliminar del Código Penal de delito de no realización de trámites.

El paso dado por los legisladores locales es un envión que, bien aprovechado, representa una gran oportunidad para lanzar una política pública que reactive la economía y beneficie a los mexiquenses.

@HuicocheaAlanis

Los diputados locales mexiquenses del partido MORENA han expresado claramente su rechazo al Dictamen Único de Factibilidad, conocido como el DUF, trámite y requisito para la creación de empresas y operación de negocios en el Estado de México, y con tal propósito han presentado una iniciativa de reformas legales y ayer iniciaron las sesiones de trabajo para dictaminar y resolver este importante asunto. Su planteamiento coincide, en sus grandes trazos, con las exigencias y recomendaciones formuladas hace unos días por la mayoría de las organizaciones empresariales, los inversionistas, las instituciones de educación superior, los académicos y especialistas, en los “Diálogos para la Reactivación de la Economía Mexiquense”, organizados por la Secretaría de Desarrollo Económico y el IAPEM, por parte del Gobierno estatal.

Es muy destacable y afortunado que el grupo parlamentario más numeroso haga eco de esta exigencia social y que muestre apertura al diálogo, incluso que genere cercanía con las organizaciones empresariales a las que ayer invitaron a trabajar conjuntamente, para agilizar la creación y operación de empresas de todo tamaño, abriendo la oportunidad de revisar y dictaminar la iniciativa del diputado Nazario Gutiérrez.

Dicha iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y se abroga la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México es una importante pieza legislativa que merece toda la atención, que como cualquier planteamiento puede ser mejorado sustantivamente. De entrada, llaman la atención algunos puntos relevantes.

La propuesta acierta al abrogar la Comisión de Factibilidad en la que se han acumulado miles de trámites pendientes, y al responsabilizar en mayor medida a los ayuntamientos de la gestión de la actividad empresarial, yerra al dejar intocables el Código Administrativo, en el Código para la Biodiversidad, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial que es el conjunto de leyes en los que la gestión empresarial se ha atrofiado, de modo que, aunque pasaran las responsabilidades de los ayuntamientos, permanecería el problema en legislación estatal que es preciso revisar; en pocas palabras, la iniciativa apunta en la dirección correcta, pero le falta visión de conjunto y profundidad.

En esa integralidad ausente en el planteamiento, la iniciativa deja al garete las atribuciones y facultades que la legislación vigente reserva a las autoridades estatales en materia de gestión empresarial.

Pero lo más delicado es que en la propuesta de los diputados locales, se crea un requisito nuevo el “Dictamen de Giro”, que sería liberado por los ayuntamientos en sustitución del DUF, aunque pasa a ser la misma cosa que busca reformar, pero con otro nombre y tramitado ante otra ventanilla, en la que el plazo se "acorta" a 66 días, aunque prevé que el plazo podría extenderse otros 15 días más; de modo que pasaríamos de los 92 días que actualmente contempla el DUF a 82, de la propuesta morenista. Definitivamente, no es lo que se necesita.

Si no se revisa integralmente la iniciativa, lo único que se lograría sería mantener el desorden, cambiarlo la sede del desastre, sin que se alcance el noble propósito que se persigue.

Se ha dicho antes en este mismo espacio, se requiere un nuevo modelo de gestión empresarial; para ello abrogar la Ley para la Competitividad y el Ordenamiento Comercial; eliminar una larga serie de requisitos y trámites creados a partir de 2013 y plasmados en diversos reglamentos que se tienen identificados; crear los catálogos de actividades empresariales de bajo impacto, así como el de mediano y alto impacto, precisando los requisitos exigibles y únicos para cada uno; revisar la pertinencia de mantener el Instituto de Verificación; y eliminar del Código Penal de delito de no realización de trámites.

El paso dado por los legisladores locales es un envión que, bien aprovechado, representa una gran oportunidad para lanzar una política pública que reactive la economía y beneficie a los mexiquenses.

@HuicocheaAlanis