/ miércoles 6 de julio de 2022

Vida Pública | No hacen lo que deben, hacen lo que no

Las policías municipales no hacen lo que deben, como recibir denuncias de delitos, cuando desde el 2008 por disposición del artículo 21 Constitucional y reforzado en el 2014 por los artículos 132 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció que es su obligación, así como realizar de inmediato las investigaciones de los delitos de los que tengan noticia, sin importar el medio por el que se enteraron. Y los agentes del Ministerio Público hacen lo que no deben pues, también, desde la reforma constitucional mencionada arriba, se pretendió quitarles la presión de funciones tales como recibir denuncias de delitos e investigarlos, apersonarse en el lugar de los hechos para la inspección del lugar, interrogar a testigos, tener a los servicios periciales bajo su adscripción, atender -es un decir- a las víctimas, retener a las personas detenidas en flagrancia, hacer “carpetas de investigación" carentes de relación lógica con los hechos, otorgándoles valor probatorio, entre otras tareas que, inexplicadamente, siguen haciendo.

El resultado de que unas y otros no hagan lo que les corresponde, y viceversa, es la inseguridad que padecemos como amenaza, la injusticia que sufrimos sin merecerla y el desorden que constatamos en la calle, como si se tratara de una maldición con la que hay que acostumbrarnos a vivir.

Por supuesto que no tiene que ser así. Todo sería mejor y más sencillo si cada quien hiciera lo que le corresponde. Empezado por hacer lo que hace 14 años se dispuso y continuando por entender y dimensionar correctamente el fenómeno de la inseguridad. Dice la Ley de Seguridad del Estado de México que “…los Municipios realizarán análisis de los factores de riesgo que propician la delincuencia de manera regional y general, y desarrollarán políticas públicas eficaces, progresivas y proactivas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas; las cuales deberán ser medibles a corto, mediano y largo plazo para verificar su efectividad”. Y precisa que se tienen que “Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables […] en materia de seguridad pública”.

Parece un atrevimiento decir que ese análisis que la Ley mandata no se ha hecho, pero no lo es. Y formular políticas públicas evaluables tampoco se ha logrado, pues nadie conoce el objetivo común que entre sociedad y gobierno buscamos alcanzar en algún municipio cualquiera, no existen metas y tampoco plazos para conseguirlos, mucho menos objetivos criminales, ni una visión de la vida en seguridad. El tiempo pasa y los métodos científicos y las tecnologías innovadoras para hacer seguridad con base en evidencia, siguen esperando un mejor momento. Nunca es tarde, pero ya es urgente.

@HuicocheaAlanis

Las policías municipales no hacen lo que deben, como recibir denuncias de delitos, cuando desde el 2008 por disposición del artículo 21 Constitucional y reforzado en el 2014 por los artículos 132 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció que es su obligación, así como realizar de inmediato las investigaciones de los delitos de los que tengan noticia, sin importar el medio por el que se enteraron. Y los agentes del Ministerio Público hacen lo que no deben pues, también, desde la reforma constitucional mencionada arriba, se pretendió quitarles la presión de funciones tales como recibir denuncias de delitos e investigarlos, apersonarse en el lugar de los hechos para la inspección del lugar, interrogar a testigos, tener a los servicios periciales bajo su adscripción, atender -es un decir- a las víctimas, retener a las personas detenidas en flagrancia, hacer “carpetas de investigación" carentes de relación lógica con los hechos, otorgándoles valor probatorio, entre otras tareas que, inexplicadamente, siguen haciendo.

El resultado de que unas y otros no hagan lo que les corresponde, y viceversa, es la inseguridad que padecemos como amenaza, la injusticia que sufrimos sin merecerla y el desorden que constatamos en la calle, como si se tratara de una maldición con la que hay que acostumbrarnos a vivir.

Por supuesto que no tiene que ser así. Todo sería mejor y más sencillo si cada quien hiciera lo que le corresponde. Empezado por hacer lo que hace 14 años se dispuso y continuando por entender y dimensionar correctamente el fenómeno de la inseguridad. Dice la Ley de Seguridad del Estado de México que “…los Municipios realizarán análisis de los factores de riesgo que propician la delincuencia de manera regional y general, y desarrollarán políticas públicas eficaces, progresivas y proactivas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas; las cuales deberán ser medibles a corto, mediano y largo plazo para verificar su efectividad”. Y precisa que se tienen que “Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables […] en materia de seguridad pública”.

Parece un atrevimiento decir que ese análisis que la Ley mandata no se ha hecho, pero no lo es. Y formular políticas públicas evaluables tampoco se ha logrado, pues nadie conoce el objetivo común que entre sociedad y gobierno buscamos alcanzar en algún municipio cualquiera, no existen metas y tampoco plazos para conseguirlos, mucho menos objetivos criminales, ni una visión de la vida en seguridad. El tiempo pasa y los métodos científicos y las tecnologías innovadoras para hacer seguridad con base en evidencia, siguen esperando un mejor momento. Nunca es tarde, pero ya es urgente.

@HuicocheaAlanis