Pretender acabar con los feminicidios, sin resolver la inseguridad, es como tratar de curar la diabetes, sin atender la obesidad.
Es bien sabido que el Estado debe garantizar la vida, la libertad y la igualdad jurídica de las personas, y que todo perjuicio causado ilegítimamente a la gente debe serle subsanado. Esa es la primera tarea y responsabilidad de todo gobierno ante su población; y claro está que a ella debe volver el Estado mexicano. Debemos volver al principio, sin desandar lo andado.
¡Sí, queremos que no mueran más mujeres, y que no desaparezcan! Deseamos vivir con la sensación de seguridad y la certeza de la justicia; que sepamos que nadie se atreverá a atentar contra nosotros o nuestras personas queridas, tampoco contra nuestros bienes; que, en todo caso, las autoridades responderán a nuestra demanda de justicia y actuarán con prontitud para que el que la haga, la pague; y que todos podamos observar la disminución rápida de los delitos que ocurren y la acelerada desaparición de la violencia en la vida pública. Paralelamente, que las condiciones de vida de las mujeres se emparejen a las de los hombres y que, en consecuencia, prevalezca el respeto a las diferencias biológicas y de géneros, de modo que se abata hasta que desaparezca, el feminicidio. ¡Lo queremos todo simultáneamente y ahora!
Puede ser que terminarlo requiera tiempo, pero empezarlo, no.
Los feminicidios comenzarán a disminuir cuando queramos. Cuando queramos reformar nuestras policías municipales y nos decidamos a implementar la justicia cívica en el ámbito local.
Cuando nos atrevamos a respetar la ley que dice que una o un policía municipal tiene la obligación de recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, de realizar diligencias y, en su caso, realizar detenciones, para impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores, sin someterse y mucho menos esperar a la Fiscalía, simplemente avisándole por cualquier medio y sin esperar respuesta. Especialmente, la policía municipal está obligada a realizar lo necesario para evitar una agresión real, actual o inminente a los gobernados, a quienes tiene la obligación de proteger. Cuando sea prioritario para todos, darles a esas valientes personas uniformadas, la capacitación adecuada, la certeza jurídica precisa y el respaldo material suficiente, para que cumplan sus obligaciones, comenzando por las condiciones de un trabajo decente, hasta que se entienda que la de policía puede ser una de las mejores y más dignas vocaciones. Y que siendo la policía la instancia que normalmente más integrantes tiene, y la única cuyo personal está permanentemente en contacto con las personas, cada agente es la posibilidad del Ayuntamiento y su Presidente, de tener contacto con decenas, centenas, miles de personas, por lo que dicho vínculo debe ser el más cuidadoso de todos.
La percepción de seguridad se incrementará y el feminicidio disminuirá, cuando queramos, queramos entender que la justicia cívica es la mejor herramienta para incidir positivamente en la solución de los conflictos vecinales, incluso domésticos y hasta conyugales, y asumamos que es esta la herramienta más eficaz para disminuir la violencia. Cuando en el Estado de México entendamos la jerarquía de la norma, la interpretación conforme, el bloque de convencionalidad y constitucionalidad, el principio pro persona, la progresividad de los derechos y el debido proceso, comprenderemos que el Juez Calificador no existe para imponer multas o recaudar efectivo, sino para resolver problemas comunitarios. Que sirve más enviar a una persona a realizar trabajo a favor de la comunidad o a terapia, que cobrarle dinero. Que será la justicia cívica y no la política social la que va a proteger a las mujeres.
Reformar a la policía municipal e implementar la justicia cívica es la fórmula para recuperar la seguridad y que no haya más feminicidios.
