No es achicando, sino engrandeciendo al gobierno, como superaremos el desafío que sociedad y gobierno estamos enfrentando. Audaz, atractiva y políticamente poderosa, la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México y al Código Electoral de la entidad, que presentó el Senador Higinio Martínez Miranda, proponiendo disminuir el número de regidores y síndicos que integran los 125 ayuntamientos mexiquenses, a efecto de optimizar “al máximo los recursos humanos y financieros con que se cuenta, buscando en todo momento crear escenarios que repercutan en mejores formas de gobierno”, ha desatado un sano y, seguramente, benéfico debate en la sociedad. La propuesta llega con gran impulso y apuntando en el sentido correcto de la austeridad; sin embargo, vale la pena precisar que sus efectos benéficos parecen limitados, de corto plazo y, antes de su muy probable aprobación, quizá valdría la pena explorar otras alternativas que incidan más y de mejor manera en el mejoramiento de las administraciones públicas municipales.
Al ser cuestionados sobre cómo superar la crisis que estamos viviendo, los expertos en finanzas públicas y en economía, han señalado que, lejos de reducir el gasto público, lo que se requiere para reactivar la economía, es incrementarlo, transparentarlo, evaluarlo. Es necesario gastar más y hacerlo de mejor manera. Y para ello es indispensable, antes, incrementar los recursos públicos.
Es muy loable que los diputados locales del Estado de México estén dando atención a este tipo de iniciativas, y sería muy importante si, adicionalmente, se abocarán a presentar, analizar, debatir y aprobar otras que incidan, justamente, en esos objetivos: acrecentar los ingresos propios de los ayuntamientos, transparentar el uso de esos recursos, acelerar el proceso y los resultados de la implementación de las políticas municipales anticorrupción, incrementar el gasto público municipal, en especial el orientado al cuidado de la salud de las personas, el apoyo a los trabajadores, el mejoramiento de la infraestructura, en especial de la de telecomunicaciones en sus localidades, la protección de los trabajadores y sus fuentes de empleo y la ayuda directa a las familias más necesitadas y afectadas por COVID_19.
Especial atención debería merecerles tomar medidas para incentivar a las administraciones municipales para incrementar el cobro del impuesto predial pues, la recaudación de ese solo impuesto, en la mayoría de los casos, sería suficiente para resolver los problemas de las ciudades, pueblos y colonias, y alcanzaría para atender programas en la dirección de los objetivos enlistados en los párrafos anteriores. De acuerdo con los registros consultados, desde hace 21 años los ayuntamientos mexiquenses no cuentan, salvo escasas excepciones, con mapas, bases de datos y sistemas informáticos adecuados para el cobro de esa obligación ciudadana. Empezar por ahí sería un buen principio, y se podría cerrar esa alternativa, en un círculo virtuoso, estableciendo en la Ley, la obligación de todos los integrantes de los ayuntamientos, es decir, de todos esos regidores y síndicos que ahora se propone suprimir, para que, habida cuenta de que fueron electos por el voto popular, sean ellos corresponsables directos de la recaudación pues, en esa medida, además de generar mayores ingresos, estarían obligados a transparentar y acreditar al eficacia de su gasto, conforme a los compromisos asumidos en campaña electoral.
Siendo positivo, concentrarse en limitar el gasto corriente de las administraciones municipales, es empequeñecerlas y confinarlas al "enanismo" administrativo, la situación actual es un desafío, pero también una oportunidad para impulsarlas a crecer, desarrollarse, profesionalizarse. No necesitamos menos, sino más y mejores gobiernos municipales en el Estado de México, y los diputados locales tienen la oportunidad de avanzar en la ruta correcta.
@HuicocheaAlanis
