Los diputados locales del Estado de México no pueden expedir una nueva Constitución. Los legisladores mexiquenses son representantes populares; por medio de ellos, el pueblo ejerce su soberanía, en los términos de la Constitución Federal y con arreglo a la Constitución local, lo cual significa que el único límite al poder legislativo que tienen los diputados locales, es el respeto al orden constitucional vigente en la entidad y, dado que la Constitución Política de nuestro Estado establece su propio mecanismo para ser reformada o adicionada, está claro que si bien tienen la capacidad de revisar, adicionar y reformar el texto constitucional, no pueden sustituirla por otra. Los diputados locales integran un poder constituido, no un poder constituyente.
Vale la pena precisar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México es inviolable; pues prevé, en su “Artículo 149.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aún cuando por cualquier causa se interrumpa su observancia. En caso de que por trastornos públicos se establezca un gobierno contrario a sus principios o a los de la Constitución Federal, tan pronto como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia.”
Lo que sí pueden hacer los diputados locales, es reformarla a grado tal, que al final no se parezca a su precedente, aunque incluso en ese caso deberán respetar los principios constitucionales que la sustentan, como ya ocurrió en 1995, año en el que fue sometida a una reforma integral, que la modernizó, abrevió y mejoró sustantivamente.
La precisión es pertinente porque, según notas periodísticas, el lunes, un muy importante grupo de legisladores mexiquenses anunció su intención de presentar y aprobar una Reforma del Estado, que incluye “una nueva Constitución, la disminución del número de síndicos y regidores, y la división de Ecatepec, para crear el municipio 126 de la entidad”.
Por supuesto que toda idea de legislar para mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses es siempre bienvenida, y sin duda los asuntos mencionados son relevantes y merecerán toda la atención de la ciudadanía por su importancia pero, a simple vista y a falta de mayor información en las notas periodísticas y redes sociales, pareciera que hay otros asuntos por legislar que en este momento impactan más en la vida de las personas, y reclaman la atención de los legisladores con mayor sentido de urgencia.
Como cualquier obra humana, la Constitución local por supuesto que puede ser mejorada y abreviada pues, sucesivas reformas la han engrosado con materias y detalles que bien podrían pasar a la legislación secundaria, pero los principios generales que la sostienen difícilmente tendrían que cambiar. En lo tocante a la reducción de integrantes de los ayuntamientos se puede anticipar que la primera reacción que el planteamiento provoca es de simpatía pero, en el mediano y largo plazos la decisión casi seguramente dejará a todos insatisfechos pues, por más que se reduzca el número de representantes, seguirán pareciendo muchos a los ojos de la ciudadanía más crítica, y el costo político que implicaría esa reducción, generaría serios daños y complicaciones a todos los partidos políticos. Si el propósito es reducir el gasto corriente de los ayuntamientos, es evidente que existen otras medidas más eficaces. Y en cuanto a la división del municipio de Ecatepec, seguramente obedece a una problemática demográfica y geográfica que, con sus matices, no sólo ocurre en ese enclave, sino en varios puntos de la geografía estatal. Es un asunto que seguramente vale la pena analizar.
A reserva de conocer qué más asuntos incluye la reforma del Estado anunciada, es evidente que hay otros que impactan en la vida de millones de personas como la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia y la promoción de la armonía social; la reactivación económica y el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, y la protección del empleo; las tareas de cuidado para la población escolar en periodo de pandemia; la movilidad con seguridad en el transporte público; la gestión integral de riesgos, incluidos los de origen biológico y los mecanismos de financiamiento para casos de contingencia; y el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y municipales, son asuntos que reclaman tanto o más la atención de los legisladores mexiquenses, sobre las cuales sería muy oportuno conocer sus planteamientos y que propiciaran la participación social.
@HuicocheaAlanis
