/ miércoles 28 de julio de 2021

Vida Pública | Nuevos alcaldes ¿administrar o gobernar?

Recientemente electas, o reelectas, las 125 personas que ocuparán las presidencias municipales tienen cinco meses para reflexionar y tomar múltiples decisiones que nos afectarán a todos, pero entre ellas, una vital: ¿administrarán o gobernarán en sus municipios?

Administrar significa contar con la capacidad de respuesta —fiscal, técnica, de gestión y ejecución— para resolver los problemas concretos que afectan la vida cotidiana de los habitantes en sus municipios. Es proveer los servicios mínimos para generar bienestar.

Gobernar es mucho más; significa tener -aunado a lo necesario para administrar- la capacidad para imponer el monopolio legítimo de la coacción física sobre todas las personas en todo el territorio; así como generar la capacidad para hacer valer las leyes que regulan las relaciones, las transacciones y la convivencia pacífica entre las personas. Es asegurar la vigencia del Estado de Derecho.

A la luz de estos conceptos surge la pregunta lógica, ahora mismo, ahí en el municipio de cada quien, quién administra, quién garantiza el imperio de la Ley o, más dramáticamente planteado: ¿hay gobierno municipal?

Muy probablemente, la respuesta es no. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer ayer que en 2020 se registraron 36,579 homicidios en México; 29 por cada 100 mil habitantes. Es decir que, a pesar de que buena parte del periodo contabilizado vivimos encerrados, se mantuvo la tasa de homicidios registrada el año anterior, la cual es superior a la de cualquier país comparable, pues en ninguno de ellos la cifra es de más de un dígito.

Así que, si un presidente municipal recientemente electo, aspira a gobernar, debe apuntar hacia la recuperación y consolidación del Estado de Derecho; es decir, que todo lo que suceda en su municipio, ocurra en estricta observancia de las normas, que éstas respeten los derechos de todos, y que las instituciones municipales, subrayadamente de la policía, sean, efectivamente, garantes de que así suceda, además de que su actuación y resultados sean palpables, medibles, transparentes, claros y accesibles a las personas.

Por supuesto que eso sí es posible, y así está demostrado en ciudades del mundo, pero también del país en donde la ley y sus instituciones sí dan resultados. Y si así ocurre es porque opera, aunque con variantes locales, lo que Bernardo León Olea, bautizó como Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica.

Verdadera guía de trabajo disponible en publicaciones impresa y electrónica, en su formato original editado por las autoridades federales, ampliamente explicada y desarrollada en un libro de dos tomos firmados por el autor citado, en edición electrónica en el sitio del IAPEM, y analizada en diversos artículos de la revista número 109 del Instituto también disponible, el modelo referido toca el punto y activa el corazón de lo que esperan los gobernados de sus flamantes gobernantes municipales para administrar y gobernar bien.

@HuicocheaAlanis


Recientemente electas, o reelectas, las 125 personas que ocuparán las presidencias municipales tienen cinco meses para reflexionar y tomar múltiples decisiones que nos afectarán a todos, pero entre ellas, una vital: ¿administrarán o gobernarán en sus municipios?

Administrar significa contar con la capacidad de respuesta —fiscal, técnica, de gestión y ejecución— para resolver los problemas concretos que afectan la vida cotidiana de los habitantes en sus municipios. Es proveer los servicios mínimos para generar bienestar.

Gobernar es mucho más; significa tener -aunado a lo necesario para administrar- la capacidad para imponer el monopolio legítimo de la coacción física sobre todas las personas en todo el territorio; así como generar la capacidad para hacer valer las leyes que regulan las relaciones, las transacciones y la convivencia pacífica entre las personas. Es asegurar la vigencia del Estado de Derecho.

A la luz de estos conceptos surge la pregunta lógica, ahora mismo, ahí en el municipio de cada quien, quién administra, quién garantiza el imperio de la Ley o, más dramáticamente planteado: ¿hay gobierno municipal?

Muy probablemente, la respuesta es no. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer ayer que en 2020 se registraron 36,579 homicidios en México; 29 por cada 100 mil habitantes. Es decir que, a pesar de que buena parte del periodo contabilizado vivimos encerrados, se mantuvo la tasa de homicidios registrada el año anterior, la cual es superior a la de cualquier país comparable, pues en ninguno de ellos la cifra es de más de un dígito.

Así que, si un presidente municipal recientemente electo, aspira a gobernar, debe apuntar hacia la recuperación y consolidación del Estado de Derecho; es decir, que todo lo que suceda en su municipio, ocurra en estricta observancia de las normas, que éstas respeten los derechos de todos, y que las instituciones municipales, subrayadamente de la policía, sean, efectivamente, garantes de que así suceda, además de que su actuación y resultados sean palpables, medibles, transparentes, claros y accesibles a las personas.

Por supuesto que eso sí es posible, y así está demostrado en ciudades del mundo, pero también del país en donde la ley y sus instituciones sí dan resultados. Y si así ocurre es porque opera, aunque con variantes locales, lo que Bernardo León Olea, bautizó como Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica.

Verdadera guía de trabajo disponible en publicaciones impresa y electrónica, en su formato original editado por las autoridades federales, ampliamente explicada y desarrollada en un libro de dos tomos firmados por el autor citado, en edición electrónica en el sitio del IAPEM, y analizada en diversos artículos de la revista número 109 del Instituto también disponible, el modelo referido toca el punto y activa el corazón de lo que esperan los gobernados de sus flamantes gobernantes municipales para administrar y gobernar bien.

@HuicocheaAlanis