Proteger la vida y restablecer la salud de las personas contagiadas, contener la pérdida de empleos de los trabajadores, garantizar la sobrevivencia de las empresas e impulsar la reactivación del consumo y la economía, son las titánicas tareas que las autoridades enfrentan simultáneamente y deben superar con la colaboración de todos. Los esfuerzos son importantes y numerosos, de acuerdo con la información recabada y presentada por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en iapem.edomex.gob.mx, que compendia y actualiza todas las acciones de respuesta de los 32 gobiernos de las entidades que conforman el país y de los 125 municipios mexiquenses, a la crisis de salud y económica desatadas por COVID-19. Y no obstante la suma de esfuerzos desplegados, resulta evidente que todos los gobiernos tienen importantes limitantes, que en mayor o menor medida, todos carecen de recursos jurídicos, institucionales, políticos y, sobre todo, financieros, para tener éxito en la lucha contra la pandemia y sus daños colaterales.
Sin detener el tren de la emergencia y al tiempo de darle el menor cauce posible, éste también es momento de responder cómo podrán los gobiernos de estados y municipios obtener más recursos para atender las secuelas e impulsar el crecimiento con desarrollo, de nuestra economía.
Y una propuesta concreta para lograrlo, consistiría en reformar la Constitución Federal, para que los estados tengan más responsabilidades -o recursos jurídicos y políticos en la reactivación- pero también más capacidades institucionales y administrativas -o recursos financieros, llámese: dinero público- al darles la facultad de imponer, de manera privativa o concurrente con la federación, las contribuciones necesarias para cubrir su presupuesto y el de sus municipios; y para que administren libremente su hacienda, la cual estará formada de participaciones y aportaciones federales, así como de los ingresos autorizados por sus legislaturas. Esto, porque actualmente están en desventaja respecto del orden federal ya que, por increíble que parezca, los gobiernos estatales no pueden planear, recaudar y controlar los recursos fiscales que perciben.
Otro problema que enfrentan los estados, es que la Federación determina con anticipación el destino de las aportaciones que les transfiere a ellos y a sus municipios, cuando deberían ser las legislaturas locales -nótese que no se propone “el gobernador”- las que determinen la distribución de estos fondos.
Y para precisar los mecanismos de compensación de los egresos federales y estatales, se propone instituir un organismo autónomo de Coordinación Hacendaria, o Consejo Fiscal, en palabras de otros, encargado de fijar normas y procedimientos para el ejercicio de las responsabilidades del gasto público nacional, y de observar la disciplina financiera, en el que el Gobierno Federal, los de las entidades federativas y de los municipios, estarán debidamente
representados, que será independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, además de profesionalizado en su desempeño; también tendrá a su cargo la definición y aplicación de los mecanismos de compensación necesarios para evitar efectos regresivos en la captación de los ingresos fiscales por algunos estados.
Con la reforma que aquí se propone y esboza, de un lado se fortalece la competencia tributaria estatal, y del otro, se perfeccionan los mecanismos de colaboración que prevé nuestro sistema legal, para lograr una mejor articulación de los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno, para que el nuestro sea, no sólo en la letra sino en los hechos, y no sólo en momentos de reactivación, sino de crecimiento y prosperidad para todos, un régimen solidario y, a la vez, retributivo y compensador.
Kilómetros de tinta y grandes extensiones de papel se han escrito sobre este asunto vital para el futuro de México, buena parte de los cuales, han sido consultados durante décadas por equipos de trabajo y en espacios donde integrantes del IAPEM hemos podido participar, para arribar a la propuesta de los párrafos anteriores, y mucho se volverá a decir muy pronto pero, sin temor a errar -y anticipando una disculpa por la soberbia que esta afirmación implica- palabras más, palabras menos, la alternativa para que los gobiernos estatales mejoren sus finanzas públicas y amplíen sus capacidades ejecutivas, pasa por estos breves pero profundos planteamientos.
@HuicocheaAlanis
Proteger la vida y restablecer la salud de las personas contagiadas, contener la pérdida de empleos de los trabajadores, garantizar la sobrevivencia de las empresas e impulsar la reactivación del consumo y la economía, son las titánicas tareas que las autoridades enfrentan simultáneamente y deben superar con la colaboración de todos. Los esfuerzos son importantes y numerosos, de acuerdo con la información recabada y presentada por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en iapem.edomex.gob.mx, que compendia y actualiza todas las acciones de respuesta de los 32 gobiernos de las entidades que conforman el país y de los 125 municipios mexiquenses, a la crisis de salud y económica desatadas por COVID-19. Y no obstante la suma de esfuerzos desplegados, resulta evidente que todos los gobiernos tienen importantes limitantes, que en mayor o menor medida, todos carecen de recursos jurídicos, institucionales, políticos y, sobre todo, financieros, para tener éxito en la lucha contra la pandemia y sus daños colaterales.
Sin detener el tren de la emergencia y al tiempo de darle el menor cauce posible, éste también es momento de responder cómo podrán los gobiernos de estados y municipios obtener más recursos para atender las secuelas e impulsar el crecimiento con desarrollo, de nuestra economía.
Y una propuesta concreta para lograrlo, consistiría en reformar la Constitución Federal, para que los estados tengan más responsabilidades -o recursos jurídicos y políticos en la reactivación- pero también más capacidades institucionales y administrativas -o recursos financieros, llámese: dinero público- al darles la facultad de imponer, de manera privativa o concurrente con la federación, las contribuciones necesarias para cubrir su presupuesto y el de sus municipios; y para que administren libremente su hacienda, la cual estará formada de participaciones y aportaciones federales, así como de los ingresos autorizados por sus legislaturas. Esto, porque actualmente están en desventaja respecto del orden federal ya que, por increíble que parezca, los gobiernos estatales no pueden planear, recaudar y controlar los recursos fiscales que perciben.
Otro problema que enfrentan los estados, es que la Federación determina con anticipación el destino de las aportaciones que les transfiere a ellos y a sus municipios, cuando deberían ser las legislaturas locales -nótese que no se propone “el gobernador”- las que determinen la distribución de estos fondos.
Y para precisar los mecanismos de compensación de los egresos federales y estatales, se propone instituir un organismo autónomo de Coordinación Hacendaria, o Consejo Fiscal, en palabras de otros, encargado de fijar normas y procedimientos para el ejercicio de las responsabilidades del gasto público nacional, y de observar la disciplina financiera, en el que el Gobierno Federal, los de las entidades federativas y de los municipios, estarán debidamente
representados, que será independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, además de profesionalizado en su desempeño; también tendrá a su cargo la definición y aplicación de los mecanismos de compensación necesarios para evitar efectos regresivos en la captación de los ingresos fiscales por algunos estados.
Con la reforma que aquí se propone y esboza, de un lado se fortalece la competencia tributaria estatal, y del otro, se perfeccionan los mecanismos de colaboración que prevé nuestro sistema legal, para lograr una mejor articulación de los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno, para que el nuestro sea, no sólo en la letra sino en los hechos, y no sólo en momentos de reactivación, sino de crecimiento y prosperidad para todos, un régimen solidario y, a la vez, retributivo y compensador.
Kilómetros de tinta y grandes extensiones de papel se han escrito sobre este asunto vital para el futuro de México, buena parte de los cuales, han sido consultados durante décadas por equipos de trabajo y en espacios donde integrantes del IAPEM hemos podido participar, para arribar a la propuesta de los párrafos anteriores, y mucho se volverá a decir muy pronto pero, sin temor a errar -y anticipando una disculpa por la soberbia que esta afirmación implica- palabras más, palabras menos, la alternativa para que los gobiernos estatales mejoren sus finanzas públicas y amplíen sus capacidades ejecutivas, pasa por estos breves pero profundos planteamientos.
@HuicocheaAlanis
