Apenas inicia la crisis económica, así que es tiempo de identificar las oportunidades que este duro episodio trae consigo para el Estado de México. Es indispensable impulsar la actividad de las empresas y los negocios, modernizando el Dictamen Único de Funcionamiento (DUF) que hoy estorba.
Antes, es preciso recordar que so pretexto de combatir el alcoholismo; el robo de vehículos y autopartes; la contaminación generada por talleres mecánicos y deshuesaderos; la tala ilegal; y el lavado de dinero, así como el mercado negro de bienes robados, y de oro y plata, en 2013 entró en vigor un nuevo marco jurídico en el Estado de México para normar las actividades económicas llamadas de bajo impacto (las que antes atendían y resolvían los ayuntamientos en un máximo de 5 días) equiparándolas con las de alto impacto, de forma que varias dependencias estatales quedaron facultadas para emitir diversas autorizaciones, en plazos y bajo requerimientos diversos, además de que creó nuevos entes públicos intermediarios, de integración colegiada, responsables de emitir el Dictamen Único de Factibilidad, de vigencia anual. Nuevas reglas, autoridades, requisitos y plazos, que complicaron la creación y operación de empresas en el EDOMÉX.
A partir de esa normatividad, en un intrincado y lento proceso burocrático, los empresarios deben obtener primero los dictámenes del ámbito estatal -y renovarlos anualmente- para que el ayuntamiento respectivo emita la licencia de funcionamiento, lo que dio lugar a un incremento en el número de solicitudes, a la sobrecarga de trabajo para las dependencias estatales y el rezago creciente en su emisión y renovación, en detrimento del desarrollo económico de la entidad. Si bien se estableció un solo trámite administrativo adicional para obtener la licencia de funcionamiento, el DUF, su diseño fue tan complejo y tan excesivos los requisitos exigidos, así como las obligaciones de los particulares para conservarlo, que el plazo para obtenerlo se disparó a 102 días hábiles.
Nueva reforma en 2018, con ligeros cambios conservó el DUF como condición para la obtención de la licencia de funcionamiento para las actividades económicas de bajo impacto, creó la Comisión de Factibilidad del Estado de México (COFEM) como órgano desconcentrado responsable de emitir el dictamen, integrado por un Consejo Consultivo de seguimiento, conformado por 10 dependencias. Y, con todo eso, apenas “redujo” el plazo a 94 días hábiles, más los que acumule cada ayuntamiento. Una eternidad, en los tiempos actuales.
La urgente necesidad de reactivar la economía del Estado de México, a consecuencia de la crisis provocada por COVID-19, abre una gran oportunidad a nuestra entidad y a nuestro gobierno, de crear un nuevo modelo de gestión empresarial en la Ley, sobre la base de la confianza mutua, que dé certeza a los empresarios sobre requisitos, trámites y plazos aplicables a cada actividad económica, dependiendo del impacto que causan, y el ámbito competencial en el que deben ser gestionados, todo eso registrado clara y brevemente en catálogos que correspondan al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, con un procedimiento que corresponsabilice a las autoridades municipales, de modo que, habiendo más actores en escena y menos requisitos que cumplir, reduzca dramáticamente los trámites y el tiempo que requieren, de suerte que, crear u operar un negocio o empresa, aprovechando las nuevas tecnologías, sea posible hacerlo en apenas unos minutos.
Así debe ser en la entidad número uno en actividad económica de México, así debe ser ahora que la circunstancia obliga a hacer las cosas, no solo de modo diferente, sino mejor y con resultados más satisfactorios para los mexiquenses.
@HuicocheaAlanis
