Habiendo entrado en funciones los 125 ayuntamientos, y algunos de ellos implementado tácticas de proximidad de la policía casa por casa, como en Toluca; otros, continuado el pase de lista a los policías por las madrugadas, como en Ecatepec; unos más renovado y presentado patrullas, armamento y uniformes, como Tlalnepantla; y los demás creado grupos especiales de atención por barrios y áreas de especialización, como en San Mateo Atenco, es preciso preguntarse, qué sigue en materia de seguridad pública municipal, qué se espera de los ayuntamientos y que todavía no hemos escuchado.
No se ha sabido, aunque probablemente sí se esté llevando a cabo, por ejemplo: que algún ayuntamiento mexiquense haya diseñado la estrategia financiera para respaldar y financiar la reforma de la policía, sin depender de los recursos federales y estatales, de modo que dicho municipio pueda reafirmar su autonomía política y operativa en materia de seguridad, garantizando con ello, que esa función de gobierno se llevará a cabo sin interrupciones, al menos durante los siguientes tres años.
No hemos escuchado que esté en marcha la reforma administrativa municipal para que los integrantes de la policía sean reconocidos como servidores públicos de pleno derecho, lo que considere la posibilidad de desarrollar su vida profesional en un sistema de carrera policial basado en su desempeño y no en el lugar que ocupen en la jerarquía de la corporación, con salario digno y un horizonte de mejora basado en sus méritos y con opciones de capacitación continua, además de prestaciones, seguro de vida, certeza de los servicios básicos para sus dependientes familiares, servicios de salud mental y emocional, entrenamiento y equipamiento adecuados para su labor; además de estándares de certificación obligatoria a toda autoridad facultada para investigar.
Salvo en San Mateo Atenco, no se ha sabido de otro ayuntamiento que cuente con una adecuada investigación de campo que le permita establecer indicadores de percepción de seguridad, cifra negra, y registro de delitos que efectivamente ocurren para, con ella y la información que necesariamente existe en sus archivos de la gestión anterior, por deficientes que hayan sido, realizar la minería de datos que les permitan identificar su universo criminal, definir algunos objetivos de la acción policial y, proactivamente, ir por ellos para desactivarlos, antes de que cometan más delitos.
No se ha informado de algún ayuntamiento que haya tomado la iniciativa de plantear a la Fiscalía General de Justicia, la necesidad de establecer un acuerdo para que la policía municipal pueda recibir las denuncias de los delitos e iniciar de inmediato la investigación, de modo que ésta sea oportuna y más eficaz, a efecto de que, trabajando de la mano desde el inicio, policía municipal y ministerio público, logren impedir la llamada “puerta giratoria”, de la mano de otro componente del que no hemos escuchado se esté impulsando en los ayuntamientos: la justicia cívica, a cargo de los jueces calificadores.
En resumen, sería deseable que los ayuntamientos informaran, por ejemplo, en sus reuniones periódicas en materia de seguridad, las acciones simultáneas que necesitamos en lo financiero, administrativo, investigativo, operativo y de coordinación, que son alma y arma, con la que sus policías sí podrán mejorar la seguridad pública municipal.
@HuicocheaAlanis
