/ miércoles 14 de octubre de 2020

Vida Pública | Seis premisas para nuevas leyes

La soberanía, es decir, el máximo poder en nuestra República, reside en el pueblo. En otras palabras, la sociedad manda. Hoy, el mandato de los mexiquenses es claro: prevenir los riesgos, empezando por los sanitarios; garantizar la seguridad de todos, subrayadamente, la vida y la integridad de las mujeres y las niñas; reactivar la economía para favorecer más a quienes más lo necesitan, sin detrimento del medio ambiente; asegurar educación de calidad, usando nuevas tecnologías; y abatir la corrupción, son las seis premisas que los mexiquenses imponen. Para que la reforma constitucional y las adecuaciones legales que los diputados locales aprueben como resultado de los trabajos del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, echado a andar este lunes, sean trascendentes en la vida de las personas, deben cumplir las seis expectativas señaladas.

La comunidad de miles personas académicas, especialistas y servidoras y servidores públicos asociados en torno al Instituto de Administración Pública del Estado de México, ha estudiado y formulado propuestas concretas al respecto:

  • Prevenir los riesgos, fundamentalmente sanitarios. El Atlas de Riesgos del Estado de México contiene casi 250 mapas de distintos factores que representan peligro para todos, pero solo uno de ellos es de tipo sanitario; y sanitaria es la causa de muerte que ahora nos amenaza a todos. Es necesario sustituir la Ley de Protección Civil, para pasar, por limitado, del actual enfoque de protección civil, a una visión moderna de gestión integral de riesgos, que nos precava de lo que viene en tiempos post Covid-19.
  • Garantizar la seguridad de todos. Es urgente reformar la Constitución local, la Ley de Seguridad, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, el Código Penal y armonizar otras leyes, para que la policía estatal y, sobre todo, las policías municipales, estén facultadas para recibir denuncias de delitos y realizar investigaciones criminales bajo su total responsabilidad, con la asesoría jurídica de los fiscales, para que estos armen casos imbatibles ante los jueces, tal como lo prevé el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad, a propuesta de la 4T.
  • Proteger la vida y la integridad de las mujeres y las niñas. Reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para dar precisión y objetividad a la emisión de la Alerta de Género, de modo que, cuando ésta se emita, desencadene una reacción inmediata, precisa y eficaz, centrada en indicadores que hoy no existen, que permitan conocer el estado de riesgo en un municipio determinado, y evaluar el trabajo de las autoridades con criterios objetivos.
  • Reactivar la economía para favorecer más a quienes más lo necesitan, sin detrimento del medio ambiente. Lo cual inevitablemente se refiere a la necesidad de contar con una Ley de Gestión Empresarial, y a la reforma de otras ocho disposiciones y códigos que en su conjunto permitan sustituir o modernizar el trámite exigido para contar con el Dictamen Único de Funcionamiento, asunto detallado en este espacio la semana pasada.
  • Asegurar educación de calidad. Es recomendable legislar para que algunas acciones relevantes de la Secretaría de Educación, como el Programa de Valores para una Convivencia Armónica, cuente con indicadores precisos y transparentes de seguimiento, mejora continua y evaluación permanente, para alumnos, docentes, padres de familia y autoridades, lo cual acerque a los actores del proceso educativo, y provea a las autoridades de un tablero de control, alumno por alumno, sin perder visión del conjunto del sistema, con base en las experiencias más exitosas en el mundo.
  • Abatir la corrupción. Reformar la Ley Orgánica Municipal y el marco jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción, para que sea posible que los ayuntamientos cuenten con la información precisa de su demarcación, que les permita conocer el tamaño, la forma y la profundidad de la corrupción de las autoridades, por tipo de servicio público a su cargo; y establecer entre las obligaciones de los ayuntamientos, presentar el plan de ataque del fenómeno, con fechas e indicadores precisos y transparentes, sujetos a evaluación permanente de los ciudadanos.

Estos proyectos -aunados a otro fundamental, para renovar el federalismo fiscal, e incrementar los ingresos del Gobierno estatal- buscan, como lo dijeron el lunes Mauricio Valdés y Ernesto Nemer, Secretario Técnico de este esfuerzo legislativo, y representante personal del Gobernador, respectivamente, fomentar el diálogo constructivo y lograr, más que un cambio legal, un rostro nuevo para el Estado de México.

@HuicocheaAlanis

La soberanía, es decir, el máximo poder en nuestra República, reside en el pueblo. En otras palabras, la sociedad manda. Hoy, el mandato de los mexiquenses es claro: prevenir los riesgos, empezando por los sanitarios; garantizar la seguridad de todos, subrayadamente, la vida y la integridad de las mujeres y las niñas; reactivar la economía para favorecer más a quienes más lo necesitan, sin detrimento del medio ambiente; asegurar educación de calidad, usando nuevas tecnologías; y abatir la corrupción, son las seis premisas que los mexiquenses imponen. Para que la reforma constitucional y las adecuaciones legales que los diputados locales aprueben como resultado de los trabajos del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, echado a andar este lunes, sean trascendentes en la vida de las personas, deben cumplir las seis expectativas señaladas.

La comunidad de miles personas académicas, especialistas y servidoras y servidores públicos asociados en torno al Instituto de Administración Pública del Estado de México, ha estudiado y formulado propuestas concretas al respecto:

  • Prevenir los riesgos, fundamentalmente sanitarios. El Atlas de Riesgos del Estado de México contiene casi 250 mapas de distintos factores que representan peligro para todos, pero solo uno de ellos es de tipo sanitario; y sanitaria es la causa de muerte que ahora nos amenaza a todos. Es necesario sustituir la Ley de Protección Civil, para pasar, por limitado, del actual enfoque de protección civil, a una visión moderna de gestión integral de riesgos, que nos precava de lo que viene en tiempos post Covid-19.
  • Garantizar la seguridad de todos. Es urgente reformar la Constitución local, la Ley de Seguridad, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, el Código Penal y armonizar otras leyes, para que la policía estatal y, sobre todo, las policías municipales, estén facultadas para recibir denuncias de delitos y realizar investigaciones criminales bajo su total responsabilidad, con la asesoría jurídica de los fiscales, para que estos armen casos imbatibles ante los jueces, tal como lo prevé el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad, a propuesta de la 4T.
  • Proteger la vida y la integridad de las mujeres y las niñas. Reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para dar precisión y objetividad a la emisión de la Alerta de Género, de modo que, cuando ésta se emita, desencadene una reacción inmediata, precisa y eficaz, centrada en indicadores que hoy no existen, que permitan conocer el estado de riesgo en un municipio determinado, y evaluar el trabajo de las autoridades con criterios objetivos.
  • Reactivar la economía para favorecer más a quienes más lo necesitan, sin detrimento del medio ambiente. Lo cual inevitablemente se refiere a la necesidad de contar con una Ley de Gestión Empresarial, y a la reforma de otras ocho disposiciones y códigos que en su conjunto permitan sustituir o modernizar el trámite exigido para contar con el Dictamen Único de Funcionamiento, asunto detallado en este espacio la semana pasada.
  • Asegurar educación de calidad. Es recomendable legislar para que algunas acciones relevantes de la Secretaría de Educación, como el Programa de Valores para una Convivencia Armónica, cuente con indicadores precisos y transparentes de seguimiento, mejora continua y evaluación permanente, para alumnos, docentes, padres de familia y autoridades, lo cual acerque a los actores del proceso educativo, y provea a las autoridades de un tablero de control, alumno por alumno, sin perder visión del conjunto del sistema, con base en las experiencias más exitosas en el mundo.
  • Abatir la corrupción. Reformar la Ley Orgánica Municipal y el marco jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción, para que sea posible que los ayuntamientos cuenten con la información precisa de su demarcación, que les permita conocer el tamaño, la forma y la profundidad de la corrupción de las autoridades, por tipo de servicio público a su cargo; y establecer entre las obligaciones de los ayuntamientos, presentar el plan de ataque del fenómeno, con fechas e indicadores precisos y transparentes, sujetos a evaluación permanente de los ciudadanos.

Estos proyectos -aunados a otro fundamental, para renovar el federalismo fiscal, e incrementar los ingresos del Gobierno estatal- buscan, como lo dijeron el lunes Mauricio Valdés y Ernesto Nemer, Secretario Técnico de este esfuerzo legislativo, y representante personal del Gobernador, respectivamente, fomentar el diálogo constructivo y lograr, más que un cambio legal, un rostro nuevo para el Estado de México.

@HuicocheaAlanis

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