Es evidente que la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los servicios que presta el poder público tienen mucho que mejorar. Lo primero significa que el gobierno efectivamente alcance los resultados que la sociedad desea, lo segundo implica que lo logre al más bajo costo posible y, en tercer lugar, que los beneficios para la gente lleguen en el momento justo que se les requiere y a las poblaciones objetivo precisas. La experiencia y las evidencias demuestran que lo anterior sí es posible en particular en ciertas áreas del Estado mexicano que cumplen funciones importantes, con estándares de clase mundial, que incluso han llegado a ser ejemplos internacionales. Es el caso del Servicio Exterior Mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); del Servicio Profesional Electoral Nacional, del INE; el Servicio Profesional de Carrera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Nacional, del INEGI; y hasta hace poco, el Servicio Civil de Carrera, de la CNDH.
Esos cuatro modelos tienen en común, como dicen sus nombres, que están regulados por su respectivo “Servicio Profesional de Carrera”, lo que significa que cuentan con reglas que deben observar las personas que deseen trabajar en esos lugares, normas claras, estrictas, públicas y transparentes para el ingreso, ascenso, desarrollo, formación, capacitación, estímulo, sanción, movilidad horizontal y vertical, y retiro; todas ellas, fases de la vida laboral al interior de esas instituciones, que funcione a partir de una máxima: los resultados individuales plasmados en evidencias.
De lo anterior, lógicamente surge la idea de que habría que adoptar y adaptar el modelo de Servicio Civil de Carrera, para todo el aparato gubernamental en los tres ámbitos de gobierno y en los tres poderes públicos, además de extenderlo a los organismos autónomos que también cumplen tareas gubernamentales y de interés público. Pero no es tan sencillo. Prueba de ello es que, en los países donde se establecieron desde hace más de un siglo, esos sistemas rígidos, se han venido flexibilizando en las últimas décadas, justo cuando, en latitudes como la nuestra, donde todavía son excepcionales los casos de éxito, tendemos a solidificarlos. Es conveniente pues, revisar unos y otros, para desarrollar el modelo a la mexicana y, más específicamente, el modelo mexiquense de servicio civil de carrera que sí pueda ser eficazmente implementado en los poderes públicos en nuestra entidad.
El asunto es pertinente porque en el contexto de la revisión integral del marco jurídico del Estado de México que las personas legisladoras iniciaron hace meses y, particularmente, en la masiva participación social que logró el Secretariado Técnico para en Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, el tema fue recurrente, y las abundantes propuestas merecen una consideración aparte.
Además de los cuatro ejemplos mencionados en el primer párrafo, en nuestro país existe una decena de sistemas de servicio civil de carrera, descritos en leyes, reglamentos, estatutos y manuales con diversos y, en no pocos casos, decepcionantes niveles de avance, penetración y resultados. Al análisis comparativo de los anteriores, se agregan los múltiples planteamientos surgidos de la consulta ciudadana, ya mencionada. Del estudio de todos ellos, y del muy importante Reglamento de Profesionalización para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado el año pasado, sí es posible identificar y visualizar un sistema que sirva para el Gobierno del Estado de México en su conjunto, concebir un concepto unificador, derivar sus principios, categorías y fases; en suma, lo necesario para integrar, entre legisladores y especialistas en desarrollo de personal que, para nuestra fortuna, abundan en el Estado, un sistema de esas características y lo mejor: que garantice más resultados benéficos para las personas.
@HuicocheaAlanis
