Que “no hay dinero público”, confirmó el ex Secretario de Hacienda del Gobierno de la República la semana pasada en entrevista para el diario El País y, al hacerlo, confirmó una obviedad: los gobiernos estatales y municipales deben y pueden lanzarse a hacer tres cosas que siempre han temido y hasta ahora no les resultaban de vital importancia: cobrar impuestos, transparentar sus gastos y someterse a la evaluación ciudadana con base en resultados. Y les irá mucho mejor a los ayuntamientos y gobernadores que comiencen a hacerlo antes, y con ellos, a los ciudadanos que gobiernan, que somos todos. No hay de otra, pues como dijo Adam Smith hace casi 250 años, "Para llevar a un Estado desde la más baja barbarie al más alto grado de opulencia, se necesitan: una administración de justicia tolerable e impuestos sencillos”.
\u0009Para esto último, las autoridades pueden aprovechar la muy comprensible proclividad de la ciudadanía a colaborar en un esfuerzo compartido de solidaridad ante la urgente reactivación económica, de modo que se logre una mutua comprensión, de parte de los gobernantes y los gobernados, ante las dificultades adicionales que el momento actual impone para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de modo que se diseñen las mayores facilidades posibles y se ofrezcan a los contribuyentes; y de parte de estos últimos, para asumir su obligación legal, y sobre todo ética, de colaborar en un esfuerzo que se realiza por el bien de la comunidad en general, con la certidumbre y la confianza, merced a actitudes, esfuerzos y resultados palpables, de que los recursos que son de todos, tendrán por destino beneficios colectivos.
\u0009Concretamente, los gobiernos locales cuentan con importantes atribuciones fiscales que no ejercen plenamente; tienen el poder de cobrar impuestos adicionales, y no lo hacen; y de los tributos que sí cobran, no obtienen todo lo que debieran. La mayor de las veces, ambas cosas ocurren por consideraciones políticas y otras por falta de información, o por una combinación de ambas razones.
\u0009Los ayuntamientos, por ejemplo, tienen la obligación de cobrar, entre otros impuestos asociados a la propiedad de bienes inmuebles, el predial. Pero nuestros gobiernos municipales son, en ese rubro, una vergüenza, apenas cobran el 0.13 por ciento del PIB nacional, la sexta parte de lo que hacen sus equivalentes colombianos; nuestros ediles lo hacen peor que los de países con Jamaica o las pequeñas islas del Caribe, como Trinidad y Tobago. Es muy lamentable.
En esa debilidad de nuestros gobiernos municipales, radica su oportunidad, en el cobro del predial hay una mina de oro, incluso en las condiciones actuales, si se sabe cómo reconvertirla en fortaleza. Por ejemplo, conforme a un análisis propio, en el que podríamos llamar primer cuadro del municipio de Toluca, se han dejado de cobrar 400 millones de impuestos anuales, y la proyección para el resto del territorio de la capital mexiquense podría llegar al triple, en un cálculo conservador. ¡¿Se imaginan lo que se podría hacer con 1,200 millones de pesos adicionales en estos momentos?! Ahora imaginen los niveles que alcanzan esas cantidades en lugares como Naucalpan, Atizapán y qué decir de los “Cuautitlanes”. Y toda proporción guardada, los municipios más pequeños y menos poblados, también se podrían beneficiar de modo considerable en su respectiva escala.
Pero es imposible recaudar esas fortunas sin información actualizada, confiable, científica, objetiva y de calidad, con la que, todo indica, ninguna de las autoridades de esas demarcaciones cuenta, pues la cartografía disponible no permite ese trabajo, además de que, en el mejor de los casos, data de 2016. Para revertir esa situación, incluso aprovechar esta coyuntura, se podría realizar, y más pronto que tarde será indispensable, un nuevo levantamiento cartográfico, pero con fines de recaudación, por medio de tecnología satelital, vuelos fotogramétricos tripulados, sobrevuelos con drones en ciertos enclaves, y levantamiento en tierra que permita comparar la evolución y cambio de vocación de terrenos e inmuebles en cada municipio, para generar bases de datos confiables. Costoso en millones de pesos, un estudio así, se paga solo y sobra para impulsar, no sólo la reactivación, sino el desarrollo de la entidad.
A un año y medio de terminar sus gestiones, los presidentes municipales que tengan el arrojo de hacer lo anterior, dejarán un gran legado y sentarán las bases para la prosperidad de sus gobernados.
@HuicocheaAlanis
