/ miércoles 24 de junio de 2020

Vida Pública | Sociedad y gobierno mejoremos juntos

Mientras se endeuda, el Gobierno de la República niega a los gobiernos de los estados la posibilidad de contratar empréstitos que, según plantearon los gobernadores y sus cámaras de diputados locales de los estados que lo solicitaron, se ocuparían para paliar los efectos de la crisis económica derivada de COVID19; en contraparte, vaticinan todos los analistas, que el dinero que el Ejecutivo Federal ha estado recibiendo no servirá para impulsar la reactivación de la economía nacional. Esta complicada y delicada situación pone en predicamento las finanzas públicas de estados que, evidentemente, ya requieren y necesitarán aún más recursos adicionales para atender sus obligaciones. Urgen recursos para los gobiernos estatales.

La buena noticia es que, a diferencia de lo que tiende a pensarse, sí hay de dónde obtener dichos recursos. La mala: la tarea no es sencilla, ni barata, hay que aplicarse e invertir, al menos parte de lo poco con que se cuenta.

Son los impuestos de los que los gobiernos de los estados pueden echar mano para obtener recursos propios. Ninguna entidad los cobra todos. De acuerdo con el INEGI, el gobierno de Baja California es el que más impuestos locales cobra (9), y Puebla el que menos (3). Al golpe de vista de esa información resalta, por ejemplo, que el Impuesto a las Actividades Industriales, únicamente se cobra en el Estado de Quintana Roo, paradójicamente, una entidad en la que prácticamente no hay industria, por lo que su recaudación es apenas simbólica. Llama la atención, también, que siete entidades (Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco) no recaudaron ni un peso por el cobro de impuesto por tenencia o uso de vehículos.

Prácticamente todas las entidades, salvo Coahuila, no cobraron tampoco impuesto alguno a las actividades mineras y extractivas, no obstante lo lucrativas que muchas de estas pueden ser, al tiempo de ser contaminantes, además de cierta problemática social, de salud y protección civil, entre otros muchos servicios públicos que suelen exigirse en las comunidades de esa vocación y que, por supuesto, tienen que ser prestados -las más de las veces con pésima calidad- financiados por recursos públicos. Casi lo mismo ocurre con el Impuesto a las Actividades Mercantiles, las que evidentemente ocurren en todo momento y lugar, pero que únicamente se cobra en Sonora y Baja California.

De esa suerte, en lugares como el Estado de México se dejan de cobrar algunos impuestos como los que se clasifican como a). impuestos sobre los ingresos: Ejercicio de profesiones y honorarios, e instrumentos públicos y operaciones contractuales; los conocidos como b). impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, tales como: Actividades mercantiles, Comercio de libros y revistas, Actividades industriales, Explotación de minas; y tampoco se cobran algunos impuestos adicionales que existen en otras entidades, entre los clasificados como c). impuestos adicionales, a saber: para Educación, para Obras de Infraestructura Urbana, y para la Implementación del Modelo nacional de Policía y Justicia Cívica. Es decir, algunos gobiernos no ejercer plenamente su capacidad recaudatoria reconocida en la ley, de modo que no cobran todos los impuestos a los que tienen derecho, por decirlo de alguna manera.

En contraparte, hay otro grupo de impuestos, los conocidos impuestos a la propiedad raíz (predial y otros relativos a bienes inmuebles), que en principio no les corresponde cobrar a los gobiernos estatales, pues desde hace casi treinta años pasó a ser potestad de los ayuntamientos y que, sin embargo, cobran, al amparo de un convenio de colaboración, y, a cambio de una comisión, entregan a los gobiernos municipales el producto resultante del servicio. Este es un ingreso muy jugoso, no obstante que suele cobrarse mal, pues se parte de muy deficientes bases de información y de mapas caducos y poco confiables, que no reflejan la evolución en el tiempo que un predio suele tener y su cambio de vocación, lo cual debería ser reportado y significaría una verdadera mina de oro para las autoridades locales. Tema que merece abordarse aparte.

En suma, existen fuentes tributarias para mejorar las finanzas estatales y un modo más eficaz de cobrar el predial, pero implican la impopular tarea de cobrar. Este podría ser el momento de empezar a entender de modo diferente la responsabilidad de administrar lo público, asumir que implicará gastar mejor, dar valor a los bienes públicos, brindar mejores resultados, y hacerlo con transparencia ante una ciudadanía que incluso en estos momentos de crisis está dispuesta a aumentar su gasto y consumo de refrescos (como también informa el INEGI), pero no a pagar impuestos. Es momento de que sociedad y gobierno mejoremos juntos.

@HuicocheaAlanis

Mientras se endeuda, el Gobierno de la República niega a los gobiernos de los estados la posibilidad de contratar empréstitos que, según plantearon los gobernadores y sus cámaras de diputados locales de los estados que lo solicitaron, se ocuparían para paliar los efectos de la crisis económica derivada de COVID19; en contraparte, vaticinan todos los analistas, que el dinero que el Ejecutivo Federal ha estado recibiendo no servirá para impulsar la reactivación de la economía nacional. Esta complicada y delicada situación pone en predicamento las finanzas públicas de estados que, evidentemente, ya requieren y necesitarán aún más recursos adicionales para atender sus obligaciones. Urgen recursos para los gobiernos estatales.

La buena noticia es que, a diferencia de lo que tiende a pensarse, sí hay de dónde obtener dichos recursos. La mala: la tarea no es sencilla, ni barata, hay que aplicarse e invertir, al menos parte de lo poco con que se cuenta.

Son los impuestos de los que los gobiernos de los estados pueden echar mano para obtener recursos propios. Ninguna entidad los cobra todos. De acuerdo con el INEGI, el gobierno de Baja California es el que más impuestos locales cobra (9), y Puebla el que menos (3). Al golpe de vista de esa información resalta, por ejemplo, que el Impuesto a las Actividades Industriales, únicamente se cobra en el Estado de Quintana Roo, paradójicamente, una entidad en la que prácticamente no hay industria, por lo que su recaudación es apenas simbólica. Llama la atención, también, que siete entidades (Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco) no recaudaron ni un peso por el cobro de impuesto por tenencia o uso de vehículos.

Prácticamente todas las entidades, salvo Coahuila, no cobraron tampoco impuesto alguno a las actividades mineras y extractivas, no obstante lo lucrativas que muchas de estas pueden ser, al tiempo de ser contaminantes, además de cierta problemática social, de salud y protección civil, entre otros muchos servicios públicos que suelen exigirse en las comunidades de esa vocación y que, por supuesto, tienen que ser prestados -las más de las veces con pésima calidad- financiados por recursos públicos. Casi lo mismo ocurre con el Impuesto a las Actividades Mercantiles, las que evidentemente ocurren en todo momento y lugar, pero que únicamente se cobra en Sonora y Baja California.

De esa suerte, en lugares como el Estado de México se dejan de cobrar algunos impuestos como los que se clasifican como a). impuestos sobre los ingresos: Ejercicio de profesiones y honorarios, e instrumentos públicos y operaciones contractuales; los conocidos como b). impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, tales como: Actividades mercantiles, Comercio de libros y revistas, Actividades industriales, Explotación de minas; y tampoco se cobran algunos impuestos adicionales que existen en otras entidades, entre los clasificados como c). impuestos adicionales, a saber: para Educación, para Obras de Infraestructura Urbana, y para la Implementación del Modelo nacional de Policía y Justicia Cívica. Es decir, algunos gobiernos no ejercer plenamente su capacidad recaudatoria reconocida en la ley, de modo que no cobran todos los impuestos a los que tienen derecho, por decirlo de alguna manera.

En contraparte, hay otro grupo de impuestos, los conocidos impuestos a la propiedad raíz (predial y otros relativos a bienes inmuebles), que en principio no les corresponde cobrar a los gobiernos estatales, pues desde hace casi treinta años pasó a ser potestad de los ayuntamientos y que, sin embargo, cobran, al amparo de un convenio de colaboración, y, a cambio de una comisión, entregan a los gobiernos municipales el producto resultante del servicio. Este es un ingreso muy jugoso, no obstante que suele cobrarse mal, pues se parte de muy deficientes bases de información y de mapas caducos y poco confiables, que no reflejan la evolución en el tiempo que un predio suele tener y su cambio de vocación, lo cual debería ser reportado y significaría una verdadera mina de oro para las autoridades locales. Tema que merece abordarse aparte.

En suma, existen fuentes tributarias para mejorar las finanzas estatales y un modo más eficaz de cobrar el predial, pero implican la impopular tarea de cobrar. Este podría ser el momento de empezar a entender de modo diferente la responsabilidad de administrar lo público, asumir que implicará gastar mejor, dar valor a los bienes públicos, brindar mejores resultados, y hacerlo con transparencia ante una ciudadanía que incluso en estos momentos de crisis está dispuesta a aumentar su gasto y consumo de refrescos (como también informa el INEGI), pero no a pagar impuestos. Es momento de que sociedad y gobierno mejoremos juntos.

@HuicocheaAlanis

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