Universo criminal; es decir, el número total de personas que cometen delitos en un municipio determinado; y objetivos criminales; que significa el listado de personas específicas que se sabe han sido autoras de faltas administrativas o delitos, son los dos datos que toda persona directora de seguridad pública municipal debería haber informado ya, a estas alturas del trienio que inició el 1 de enero pasado pero, hasta donde se sabe, nadie conoce esos datos en los 125 ayuntamientos del Estado de México. Así no es posible suponer que van a mejorar la percepción de inseguridad con la que vivimos.
Para la totalidad de la entidad son alrededor de 10 mil personas, y para una ciudad de cerca de un millón de habitantes, son aproximadamente 600 criminales que debemos detener para que no sigan causando daño. Como se advierte, no parece una tarea imposible, de hecho, es bastante sencilla si los ciudadanos exigimos a las policías municipales que trabajen con método de administración pública, que no es sino sentido común.
Si se toma en cuenta el número de delitos que se cometieron el año pasado, de acuerdo con el INEGI -no con las engañosas cifras de las Fiscalías que se limitan a contabilizar las carpetas de investigación que esa misma autoridad dictaminó- y se dividen entre las 52 semanas del año, dando por hecho que, en promedio, un delincuente comete un crimen cada siete días, es posible calcular el universo criminal de un municipio o entidad federativa.
Y entendiendo que, mientras más peligroso es un criminal, más larga es la trayectoria que ha dejado, pues -por ejemplo- un consumado jefe de una banda de secuestradores, antes fue integrante menor de la misma u otra organización y, quizá al principio fue simplemente un “halcón” o informante que, probablemente, para sobrevivir, realizaba pequeños hurtos, es posible que consumiera alcohol u otras sustancias en la vía pública, las comercializara y protagonizara algunas riñas o escandalizara al interior de bares, si no es que haya violentado la mala relación con sus vecinos, con su pareja o con las mujeres de su entorno, si no es que lo sorprendieron vendiendo mercancía robada o, simplemente, realizando desfiguros en la vía pública. Típico. Lo más probable es que, a propósito de su poco decoroso estilo de vida, del que abundan testimonios y testigos, en más de una ocasión haya sido detenido y, malamente, puesto en libertad. En todo caso, la policía municipal ya tiene su nombre, domicilio, lazos de amistad y, muy probablemente, la estatal también, incluso la Fiscalía casi siempre dispone ya de datos adicionales de la misma persona.
Lo que procede es muy sencillo: hay que construir su historial criminal, lo cual resulta muy fácil indagando entre los vecinos, las antiguas y recientes víctimas, y los testigos que siempre abundan en la comunidad; de modo que, ejerciendo su obligación constitucional, la policía municipal puede y debe, sin pedir o necesitar permiso de nadie, pues se trata de su obligación jurídica, integrar un caso, ordenar los antecedentes, concatenar las pruebas y exponer la explicación lógica de los hechos delictivos que esa persona cometió, formular la acusación y, antes de que ese delincuente continúe haciendo daño, muchas veces irreparable a personas inocentes, detenerlo y demostrar ante un juez su culpabilidad, para que el Estado lo condene, lo sentencie y lo castigue.
Lo cierto es que no existe evidencia que demuestre que en algún ayuntamiento de la entidad mexiquense se haya hecho lo anterior y, por el contrario, se sigue haciendo lo de siempre: patrullajes intuitivos apostándole a tropezar con los delincuentes en flagrancia para detenerlos en flagrancia, con el riesgo de cometer un sin número de errores de protocolo que, en el proceso penal, abran la puerta a los delincuentes y que estos terminen como empezaron: en libertad. Es indispensable que cada ayuntamiento conozca y haga público el universo y los objetivos criminales, así podremos evaluarlos y, en su caso, premiar su efectividad.
@HuicocheaAlanis
