/ martes 18 de junio de 2019

Visión Democrática


Por un sistema electoral nacional del siglo XXI

Las instituciones electorales son delas más revisadas, vigiladas y auditadas en México, no sólo por los órganos de control y fiscalización, sino también por todos los partidos políticos quienes nos acompañan, opinan e incluso, si no están de acuerdo, impugnan las decisiones tomadas, es por ello que podemos afirmar que son instituciones acostumbradas a la constante evaluación.

En estos días en que convocados por laCámara de Diputados se realizan “Foros para la Reformas del Estado y Electoral” en los que se discute y dialoga, entre otros temas, sobre el papel de los Órganos Públicos Electorales “Oples” como parte de nuestro Sistema Electoral Nacional, es importante dejar muy en claro algunos puntos.

Las autoridades electorales no podríamos estar en contra de una revisión al marco jurídico de nuestro actuar, por el contrario, creemos que es necesario para seguir fortaleciendo nuestra democracia que se realice un análisis y como consecuencia se propongan ajustes legislativos que tengan como objetivo el eficientar el ejercicio de los recursos públicos destinados, no sólo a la organización de las elecciones, ya que la educación cívica y el desarrollo de una cultura político- democrática son tareas que requieren de acciones institucionales.

Nos parece elemental señalar que dicho análisis debe hacerse partiendo de verdades y no de suposiciones o inexactitudes, que no basta con dar cifras que sean mediáticamente llamativas, por ejemplo mucho se ha mencionado que en 2019 los Oples en su conjunto le “costarán” al erario público de las entidades10 mil millones de pesos, cuando realmente más del 51% de ese recurso en promedio es destinado a las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos, destacando casos como los de Oaxaca yNayarit en los que dichas prerrogativas representan más del 70% del presupuesto asignado a sus autoridades electorales.

Sí, es necesaria una reforma, pero con visión democrática y de Estado, si se logran ajustar en la norma aquellas obligaciones que se incorporaron para reducir la desconfianza en los procesos electorales, se pueden desarrollar acciones que disminuyan significativamente los recursos erogados para organizar las elecciones, sin disminuir ni un ápice en la certeza.También hay en las leyes electorales otros temas que las reformas delos últimos 25 años no han tocado y cuya revisión hoy día puede derivar en instituciones más ajustadas a la realidad de México en el siglo XXI.

Otro tema que no se ha referido, probablemente porque no se conoce o porque no abona a las pretensiones de quienes proponen la reforma, es que los Oples realizan como política institucional una contención del gasto que resulta significativa, como ejemplo cito que en el Estado de México entre 2015 y 2018 se devolvieron al erario estatal recursos por un monto superior a los 653 millones de pesos, 133% más de lo que se ejercerá este 2019 en la operación del instituto electoral.

Dialoguemos, opinemos, propongamos, todo con responsabilidad, el “niño” que podríamos tirar con el agua de la bañera es el desarrollo democrático que en un cuarto de siglo las y los mexicanos nos hemos esforzado en construir, vale la pena cuidarlo.

@CP_IEEM_MX


Por un sistema electoral nacional del siglo XXI

Las instituciones electorales son delas más revisadas, vigiladas y auditadas en México, no sólo por los órganos de control y fiscalización, sino también por todos los partidos políticos quienes nos acompañan, opinan e incluso, si no están de acuerdo, impugnan las decisiones tomadas, es por ello que podemos afirmar que son instituciones acostumbradas a la constante evaluación.

En estos días en que convocados por laCámara de Diputados se realizan “Foros para la Reformas del Estado y Electoral” en los que se discute y dialoga, entre otros temas, sobre el papel de los Órganos Públicos Electorales “Oples” como parte de nuestro Sistema Electoral Nacional, es importante dejar muy en claro algunos puntos.

Las autoridades electorales no podríamos estar en contra de una revisión al marco jurídico de nuestro actuar, por el contrario, creemos que es necesario para seguir fortaleciendo nuestra democracia que se realice un análisis y como consecuencia se propongan ajustes legislativos que tengan como objetivo el eficientar el ejercicio de los recursos públicos destinados, no sólo a la organización de las elecciones, ya que la educación cívica y el desarrollo de una cultura político- democrática son tareas que requieren de acciones institucionales.

Nos parece elemental señalar que dicho análisis debe hacerse partiendo de verdades y no de suposiciones o inexactitudes, que no basta con dar cifras que sean mediáticamente llamativas, por ejemplo mucho se ha mencionado que en 2019 los Oples en su conjunto le “costarán” al erario público de las entidades10 mil millones de pesos, cuando realmente más del 51% de ese recurso en promedio es destinado a las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos, destacando casos como los de Oaxaca yNayarit en los que dichas prerrogativas representan más del 70% del presupuesto asignado a sus autoridades electorales.

Sí, es necesaria una reforma, pero con visión democrática y de Estado, si se logran ajustar en la norma aquellas obligaciones que se incorporaron para reducir la desconfianza en los procesos electorales, se pueden desarrollar acciones que disminuyan significativamente los recursos erogados para organizar las elecciones, sin disminuir ni un ápice en la certeza.También hay en las leyes electorales otros temas que las reformas delos últimos 25 años no han tocado y cuya revisión hoy día puede derivar en instituciones más ajustadas a la realidad de México en el siglo XXI.

Otro tema que no se ha referido, probablemente porque no se conoce o porque no abona a las pretensiones de quienes proponen la reforma, es que los Oples realizan como política institucional una contención del gasto que resulta significativa, como ejemplo cito que en el Estado de México entre 2015 y 2018 se devolvieron al erario estatal recursos por un monto superior a los 653 millones de pesos, 133% más de lo que se ejercerá este 2019 en la operación del instituto electoral.

Dialoguemos, opinemos, propongamos, todo con responsabilidad, el “niño” que podríamos tirar con el agua de la bañera es el desarrollo democrático que en un cuarto de siglo las y los mexicanos nos hemos esforzado en construir, vale la pena cuidarlo.

@CP_IEEM_MX

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