Es noticia reciente la existencia de una iniciativa para reformar el artículo 41 de la Constitución, en la que se proponen modificaciones para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sea rotativa, por un periodo de tres años, y recaiga en el Consejero Electoral que para tal efecto designe la Cámara de Diputados. Es muy tentador compartirles algunas reflexiones, a partir del texto referido y considerando lo dicho en algunas entrevistas que se han difundido.
En un transitorio de la iniciativa se propone que la designación de quien presida al INE en un primer periodo de 3 años iniciaría cuando la Cámara de Diputados nombre a cuatro consejeras/os que habrán de integrarse a su Consejo General (CG) en abril de 2020; lo anterior implicaría dejar sin efectos la designación del actual presidente, hecha por esa misma soberanía para el periodo 2014-2023.
Ese periodo de nueve años, por “larguísimo” que parezca, tiene una lógica de estabilidad institucional transexenal que se debe valorar; quien presida una institución con las atribuciones y responsabilidades del INE debe integrar un equipo de trabajo que le acompañe en la labor, quien encabeza el Consejo General también preside la Junta General, órgano que ha de hacer efectivas las decisiones aprobadas por la mayoría del CG, no es una tarea menor.
Proponer rotar la presidencia cada tres años, afirmando que es lo mejor para la institución, y que además así se hace en otros órganos colegiados como la Suprema Corte, el INAI o el Tribunal Electoral; es afirmar de manera inexacta o al menos incompleta, en dichos órganos la presidencia es rotativa y limitada en tiempo, pero la decisión la toman entre pares, es decir, las personas que integran el órgano designan de entre ellas mismas a quien habrá de presidir los trabajos. En la iniciativa referida se pretende que la designación se haga desde la Cámara de Diputados, y bien dice el dicho que el diablo está en los detalles.
Por la naturaleza de su función y por el ejercicio de sus atribuciones, el INE tiene, de manera natural y cotidiana, roces con los partidos políticos, las decisiones que se toman causan conflicto y suelen ser impugnadas; con este modelo de presidencia rotatoria sujeta a designación de las y los diputados; no resulta difícil imaginar que a quienes integren ese CG del INE, se les vea y/o se les acuse de estarse “cuidando” de no volverse antipáticos a los ojos de los legisladores y sus partidos, y se les acusará de que en sus decisiones no sólo pesa su libre albedrío sino sus probables pretensiones de convertirse en quien presida en el próximo periodo trianual; el riesgo es mayúsculo, el boquete bajo la línea de flotación de la autonomía institucional sería inmenso, aunque no sucediera, la simple sospecha es un déficit que nuestro desarrollo democrático no necesita adquirir.
Por último: se ha dicho que la propuesta está dirigida a afectar la permanencia de Lorenzo Córdova, honestamente creo que con su experiencia y capacidad académica no tardaría en ser llamado a proyectos en los que pueda desplegar sus capacidades y con la libertad a la que nos tenía acostumbrados, él es el menos preocupado, quienes debemos preocuparnos somos todos los demás.
