La consulta del próximo 1 de agosto domina la agenda pública y con ello se desvía la atención de los focos rojos del gobierno de AMLO: la inseguridad, la crisis económica y sanitaria así como los responsables de la caída de la línea 12 del metro en la ciudad de México. Lo más lamentable es que brilla por su ausencia una agenda de futuro que nos permita enfrentar la violencia social, la reactivación económica, y la injerencia de la delincuencia organizada en nuestra frágil democracia.
Desde el punto de vista del control de la agenda, el Presidente López Obrador ha mostrado ser sumamente exitoso al insertar los temas que le resultan favorables en la agenda pública. El combate a la corrupción, y la desigualdad social son los temas dominantes de la agenda lopezobradorista, que terminan desplazando a otros temas como la inseguridad, la violencia, la crisis económica y sanitaria, y la caída del metro en la ciudad de México que desnuda la supuesta superioridad moral de honestidad y competencia de los gobiernos de izquierda en la ciudad de México. La aprobación del Presidente se ha mantenido en promedio con el 60% basado en la percepción de cercanía y honestidad, y al control de la conversación pública.
AMLO convoca a una nueva consulta que pretende enjuiciar a los expresidentes, y de esta forma gana la agenda otra vez como lo hizo cuando organizó la consulta para cancelar el nuevo aeropuerto de la ciudad de México en Texcoco, la venta del avión presidencial que no se hizó, la aprobación del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y el 1 de agosto se avecina la consulta para enjuiciar a los expresidentes: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Pena Nieto. De acuerdo a diversas encuestas, los expresidentes registran altos niveles de desconfianza y percepción de corrupción.
Será organizada por el INE con un costo superior a los 500 millones de pesos, y se basa en una pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de apegarse al debido proceso es la siguiente: ¿Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En realidad, no se juzgará a los expresidentes, aunque esto es lo que el Presidente y sus seguidores han promovido. La pregunta es confusa y demasiado extensa, pues plantea diversos temas en una misma pregunta. Para que el resultado sea vinculante se requiere que vote al menos 36 millones de personas, es decir, 40% del padrón electoral.
El evento del 1 de agosto presenta un vicio de origen, pues plantea una situación que ya esta contemplada por las leyes mexicanas, y revela el principal problema de nuestro estado de derecho: la impunidad, o la imposibilidad de castigar a quienes han cometido un delito o han violado la ley.
Tendrá los mismos efectos que la polarización social y electoral característica del gobierno de AMLO, porque terminará endureciendo la base de apoyo social del Presidente, pero también podría radicalizar a los segmentos anti AMLO. El Presidente continua dominando la conversación, pero también afianzando su base de apoyo social con miras a la revocación de mandato en 2022, y la sucesión presidencial del 2024.
La consulta domina la conversación de las próximas semanas y con ello se desvía la atención de los focos rojos del gobierno de AMLO: la inseguridad, la crisis económica y sanitaria así como los responsables de la caída de la línea 12 del metro en la ciudad de México. Lo más lamentable es que brilla por su ausencia una agenda de futuro que nos permita enfrentar la violencia social, la reactivación económica, y la injerencia de la delincuencia organizada en nuestra frágil democracia.
