/ viernes 28 de agosto de 2020

Vox Populi | Justicia por propia mano y crisis económica

Justicia por propia mano es un término que legalmente no existe, porque la justicia así como la seguridad pública son determinados por el Estado y los órganos que lo representan. Sin embargo, en la realidad cotidiana, es frecuente que percibamos frustración ante la inoperancia de la autoridad para garantizar el estado de derecho y libertades públicas.

Esta lamentable situación no apareció este sexenio, sin embargo, a casi dos años de haber iniciado el gobierno de AMLO, prevalecen las condiciones que provocan la frustración ciudadana, al grado que la población decide hacer justicia por su propia iniciativa.

Este escenario podría agravarse debido a la grave crisis económica. Cuando el desempleo sube, también crecen delitos como el robo en la calle, robo en transporte público y a casa habitación.

El episodio mas reciente conocido, fue la viralización de un video, en el que un grupo de pasajeros del transporte público golpean a un ladrón. En nuestro país han sucedido casos de linchamientos públicos y muerte a supuestos ladrones por parte de la comunidad, y es previsible que sigan ocurriendo acompañados de la impunidad o incapacidad del estado para hacer valer el estado de derecho y castigar a los delincuentes. Para 7 de cada 10 mexicanos, la justicia por propia mano ocurre porque nuestras autoridades no hacen valer la justicia.

Gobiernos van y vienen, y la desconfianza en la capacidad del gobierno para combatir la inseguridad continúa. El inicio del gobierno de Morena supuso una renovación de la esperanza de cambio de régimen, sin embargo a la luz de los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los primeros 18 meses de gobierno de AMLO apuntan a registrar máximos históricos en delitos como homicidios dolosos, lo cuál no es poca cosa, considerando que durante el sexenio de Peña Nieto, se habían registrado altos niveles de inseguridad.

La percepción de inseguridad, y la impunidad son parte del problema, y esto podría agravarse en un escenario de crisis económica como el que estamos viviendo en 2020. De acuerdo, al Banco de México, nuestro país tendrá su peor contracción económica desde 1932, estimando un decrecimiento de la economía entre un 8.8 y 12.8%, enfatizando que debido a que la pandemia del coronavirus continúa, la economía del país aún enfrenta un alto grado de incertidumbre. En el mismo reporte, Banxico pronostica un crecimiento positivo en un rango de 1.3 a 2.8% de la economía para 2021.


Desafortunadamente, la justicia por mano propia se ha ido normalizando en nuestra vida pública, erosionando aún más la credibilidad y confianza en la democracia, así como en las instituciones de seguridad y justicia, así sean cuerpos de seguridad pública municipal, estatal o federal, abriendole paso a las políticas de mano dura que por definición vienen acompañadas de una violación a los derechos humanos y libertades públicas. Ante la creciente inseguridad y crisis, la opinión pública se enfrenta a una paradoja, al apoyar mayoritariamente medidas autoritarias de combate a la inseguridad que vayan en contra de los principios de la democracia.

Justicia por propia mano es un término que legalmente no existe, porque la justicia así como la seguridad pública son determinados por el Estado y los órganos que lo representan. Sin embargo, en la realidad cotidiana, es frecuente que percibamos frustración ante la inoperancia de la autoridad para garantizar el estado de derecho y libertades públicas.

Esta lamentable situación no apareció este sexenio, sin embargo, a casi dos años de haber iniciado el gobierno de AMLO, prevalecen las condiciones que provocan la frustración ciudadana, al grado que la población decide hacer justicia por su propia iniciativa.

Este escenario podría agravarse debido a la grave crisis económica. Cuando el desempleo sube, también crecen delitos como el robo en la calle, robo en transporte público y a casa habitación.

El episodio mas reciente conocido, fue la viralización de un video, en el que un grupo de pasajeros del transporte público golpean a un ladrón. En nuestro país han sucedido casos de linchamientos públicos y muerte a supuestos ladrones por parte de la comunidad, y es previsible que sigan ocurriendo acompañados de la impunidad o incapacidad del estado para hacer valer el estado de derecho y castigar a los delincuentes. Para 7 de cada 10 mexicanos, la justicia por propia mano ocurre porque nuestras autoridades no hacen valer la justicia.

Gobiernos van y vienen, y la desconfianza en la capacidad del gobierno para combatir la inseguridad continúa. El inicio del gobierno de Morena supuso una renovación de la esperanza de cambio de régimen, sin embargo a la luz de los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los primeros 18 meses de gobierno de AMLO apuntan a registrar máximos históricos en delitos como homicidios dolosos, lo cuál no es poca cosa, considerando que durante el sexenio de Peña Nieto, se habían registrado altos niveles de inseguridad.

La percepción de inseguridad, y la impunidad son parte del problema, y esto podría agravarse en un escenario de crisis económica como el que estamos viviendo en 2020. De acuerdo, al Banco de México, nuestro país tendrá su peor contracción económica desde 1932, estimando un decrecimiento de la economía entre un 8.8 y 12.8%, enfatizando que debido a que la pandemia del coronavirus continúa, la economía del país aún enfrenta un alto grado de incertidumbre. En el mismo reporte, Banxico pronostica un crecimiento positivo en un rango de 1.3 a 2.8% de la economía para 2021.


Desafortunadamente, la justicia por mano propia se ha ido normalizando en nuestra vida pública, erosionando aún más la credibilidad y confianza en la democracia, así como en las instituciones de seguridad y justicia, así sean cuerpos de seguridad pública municipal, estatal o federal, abriendole paso a las políticas de mano dura que por definición vienen acompañadas de una violación a los derechos humanos y libertades públicas. Ante la creciente inseguridad y crisis, la opinión pública se enfrenta a una paradoja, al apoyar mayoritariamente medidas autoritarias de combate a la inseguridad que vayan en contra de los principios de la democracia.

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