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Crónica Legislativa

  • Jorge Reyes Pastrana

El 5 de febrero de 1917, el presidente de la República, Venustiano Carranza, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 115 se estableció que “los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, el municipio libre”; que “el Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente”; que “los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de cuatro años”; que “son aplicables a los gobernadores, sustitutos o interinos, las prohibiciones del artículo 83 (sobre reelección)”; que “el número de representantes en las legislaturas de los estados, será proporcional al de habitantes de cada uno, pero, en todo caso, el número de representantes de una legislatura local no podrá ser menor de quince diputados propietarios”; que “en los estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un suplente”, y que “sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con vecindad no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección”.

El 23 de marzo, el presidente de la República reformó el Plan de Guadalupe, en el cual se dispuso que “los gobernadores provisionales de los estados convocarán a elecciones para los poderes locales,… procurando que dichas elecciones se hagan de manera que las personas que resulten electas tomen posesión de sus cargos antes del día primero de julio del presente año”. Se determinó que “los gobernadores provisionales de los estados dividirán sus respectivos territorios en tantos distritos electorales cuantos estimen convenientes, que para ser gobernador de un Estado se necesitaba: “ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del Estado o vecino de él, con residencia efectiva en los últimos cinco años anteriores a la elección”, y que “las legislaturas de los estados que resulten de las elecciones próximas tendrán, además del carácter de constitucionales, el de constituyentes para el solo efecto de implantar en las constituciones locales, las reformas de la nueva Constitución General de la República en la parte que les concierna”.

El 16 de abril, el gobernador interino del Estado, Carlos Tejada, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Guadalupe, convocó “al pueblo del Estado de México a elecciones extraordinarias de gobernador y de diputados al Congreso Local, para los periodos constitucionales que respectivamente deben terminar el 20 de marzo de 1921 y el 2 de marzo de 1919”. Las elecciones debían efectuarse “el tercer domingo del mes de mayo entrante, con sujeción a las prescripciones de las leyes respectivas, y la modificación de que las de diputados serán directas. Para dichas elecciones, servirá de base la división territorial expedida el 1º de junio de 1911 (quince distritos) con motivo de las elecciones extraordinarias de gobernador constitucional”.

Se indicaba que “la primera junta preparatoria de los diputados electos, tendrá lugar el 10 de junio del corriente año para que la revisión de las credenciales quede terminada a más tardar dentro de los cinco días siguientes, en que quedará legalmente instalado el Congreso”; que “el Congreso del Estado tendrá, además del carácter de Constitucional el de Constituyente, para sólo el efecto de implantar en la Constitución local, las reformas correspondientes a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”; que “durante los primeros días de instalado el Congreso, el Ejecutivo del Estado presentará las listas que forme de los candidatos para el Tribunal Superior de Justicia, a efecto de que el mismo Congreso hará la elección de este alto Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Política del propio Estado”; que “el gobernador electo tomará posesión de su puesto el día 30 de junio del corriente año, previa declaración respectiva del H. Cuerpo Legislativo”; que “el mismo día tomarán posesión de sus cargos las personas que resulten electas para integrar el Tribunal Superior de Justicia”, y que “el Gobernador, diputados y magistrados que resulten electos, percibirán los emolumentos que señala el Presupuesto de Egresos de 1912 a 1913, puesto en vigor actualmente”.