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Editorial

  • Inocente Peñaloza

 

El programa de seguridad pública, bajo el lema “cero tolerancia”, fue uno de los principales compromisos asumidos por el licenciado Alfredo del Mazo Maza durante su campaña electoral para ser gobernador del Estado de México.

A menos de treinta días de haber rendido protesta de ley ante el Congreso local, el mandatario mexiquense dio a conocer el domingo pasado un plan de diez puntos para empezar a cumplir esa promesa.

Queremos que el Estado de México sea uno de los estados más seguros del país”, dijo el licenciado Del Mazo al bosquejar su programa de seguridad pública, del que son inmediatos responsables cinco integrantes del gabinete de seguridad: Alejandro Osuna Rivero, secretario general de Gobierno; Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad; Elías Rescala Jiménez, subsecretario de Gobierno; Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia y Eduardo Valente Hernández, comisionado de Seguridad.

El planteamiento de este programa como una acción prioritaria viene desde los ciudadanos, que durante la campaña le hicieron saber al entonces candidato su interés de que el Estado de México deje de encabezar las listas de los estados más peligrosos en la comisión de delitos de alto impacto. Y así nació el compromiso: “Cero tolerancia”.

Frente a esa demanda muy concreta de los ciudadanos, el nuevo gobierno ha elaborado una estrategia general que pretende, a través de las diez acciones anunciadas por el gobernador Del Mazo, abatir las cifras de homicidios dolosos y ejecuciones, feminicidios, asaltos en el transporte público, narcomenudeo y otras modalidades del crimen organizado y no organizado, puesto que no todas las cifras de la estadística son obra de pandillas que tienen en jaque a la entidad particularmente en el valle de México, sino que también ocurren crímenes aislados e intrafamiliares dentro de una racha delincuencial de la que no está a salvo el valle de Toluca.

Uno de los diez puntos del nuevo plan de seguridad es algo por lo que ya se ha luchado en el sector público sin tener buenos resultados: la depuración de los cuerpos policiacos para impedir que se alineen a favor de los delincuentes y obstruyan la acción de la justicia, tal vez porque no se han seguido los caminos adecuados, de igual modo que está pendiente, por lo menos en parte, la capacitación de los policías en todos aspectos para que puedan proteger a la sociedad y combatir con éxito a los transgresores de la ley.

En este aspecto, el licenciado Del Mazo tiene una meta precisa: “Reconstruir y fortalecer la relación entre gobierno y ciudadanía, lo cual requiere de una mejor policía estatal, así como regenerar el tejido social”.

Esto es importante. Recuperar la confianza de los ciudadanos en la policía, aunque esa confianza tenga que crearse desde cero, ya que si alguna vez existió, fue hace mucho tiempo, en la época de los policías de punto o de barrio que conocían y estaban en buenos términos con los vecinos al grado de que, llegado el caso, se les pedía protección y apoyo ante la ocurrencia o amenaza de un delito, en tanto que hoy los policías son absolutamente desconocidos por los ciudadanos, quienes muchas veces optan por no denunciar los ataques que sufren en su persona o en su patrimonio por no tener mayores problemas con la autoridad o por no poder distinguir ya entre policías y delincuentes.

Generalmente se cree que el problema de la criminalidad sólo puede resolverse con más policías, leyes más severas y una eventual intervención militar, pero rara vez se piensa en fomentar la prevención, y en este punto, una de las diez acciones de la estrategia oficial contra la delincuencia dice: “Fortalecer la estrategia para la prevención del delito con la participación ciudadana”.

Esta es una cuestión que vale la pena explorar: prevenir los actos criminales antes de que ocurran y utilizar en ello la fuerza del Estado, pero también, la fuerza de la sociedad, para hacer de esta cruzada una causa común, una corresponsabilidad en la que gobernantes y ciudadanos luchen por igual y de común acuerdo para defender la integridad de las personas y de sus bienes, ya que de otro modo será difícil, por no decir imposible, mejorar los resultados obtenidos hasta hoy.