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Hablando de Derechos

  • Redacción

Por María Guadalupe Monroy Cruz

Para establecer el significado de derechos humanos es ineludible revisar la percepción que los miembros de una sociedad determinada tienen acerca de éstos, si conocen cómo pueden exigirlos y la forma en que el Estado debe armonizar el orden jurídico con la actuación de sus instituciones para garantizarlos.

México aparece en el contexto internacional como pionero en su reconocimiento y protección fundamental. A partir de 1917, la Constitución fijó el respeto tanto de los derechos personales como de los sociales; avanzó en el concepto garantista, pero les otorgó una connotación de derecho objetivo, supeditada a ésta. Como mecanismo de protección, estableció el sistema jurisdiccional y, el juicio de amparo, como instrumento de tutela por excelencia.

En el ámbito internacional, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 las Naciones Unidas se interesaron por institucionalizar su defensa; en los Principios de París (1991), se introdujo la necesidad de que en cada nación exista un ente, encargado de promover y proteger los derechos humanos, que tenga un fundamento constitucional o legal.

Al respecto, en nuestro país, por decreto del ejecutivo federal se creó (1990) la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con la adición del apartado “B” al artículo 102 de la Constitución General de la República (1992), se instituyó el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, con el mandato para crear organismos similares en los estados federados para atender la función primordial y específica de salvaguarda de tales derechos.

En la entidad, la naturaleza jurídica, como organismo constitucional autónomo, faculta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para conocer de quejas e investigaciones de oficio por actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de autoridades o servidores públicos estatales y municipales que, en el ejercicio de sus atribuciones, violen esos derechos en la esfera personal de los habitantes o transeúntes.

La premisa en la que se basa la fortaleza de sus Recomendaciones deriva de la obligación que impone el artículo 1 de la Constitución (2011) para que las autoridades respeten y garanticen los derechos humanos; la integran tres elementos esenciales: su carácter público; la reparación integral que se le requiere a la autoridad responsable de una violación a derechos fundamentales, en la cual se determinan medidas tendentes a obtener el restablecimiento de derechos, lograr la rehabilitación física y psicológica, así como instar a la satisfacción —mediante la investigación de la responsabilidad y, en su caso, la sanción conforme a la normativa penal o administrativa aplicable— de compensación apropiada y proporcional —según la naturaleza de la violación— y de no repetición —para producir efectos de mejora en el servicio público—; y el seguimiento y la verificación al cumplimiento de las Recomendaciones.

De este modo, se privilegia el ejercicio del derecho subjetivo frente a la autoridad que realiza una función del Estado, la cual debe guardar un equilibrio en sus relaciones con los gobernados, resguardando su esfera personal.(L)