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Pensamiento Universitario

  • Juan Cuenca Díaz

 

La semana pasada, una diputada federal habló de la urgencia de poner en orden a Toluca, destacando la necesidad de crear una movilidad urbana sustentable, además de darle difusión a la normatividad aplicable en las distintas materias. Otra sugerencia fue en el sentido de contar con una especie de gerente de la capital mexiquense, con la encomienda de atender los asuntos pendientes, derivados de un servicio público de muy baja calidad.

Con mayor o menor énfasis, se acumulan las propuestas de cambio y mejora, y más aún las quejas y reclamos hacia un gobierno municipal sin la capacidad suficiente para enfrentar los retos planteados, cuya frecuencia y magnitud tienden a agudizarse día con día. Como muestra, ahí están los altos niveles de inseguridad, el aumento del comercio informal, la terrible contaminación, las denuncias de proveedores por deudas no pagadas, la deficiente recolección de basura y, por supuesto, el caos vial cotidiano.

Justamente en este tema, se ha naturalizado ya un fenómeno de gravedad incuestionable, causante de daños diversos a la población, a consecuencia del tránsito vehicular excesivo y desordenado. Un problema en crecimiento constante, donde si bien es posible identificar diferentes factores, el más evidente está ligado a la ineptitud de las autoridades, al no aplicar las medidas de solución efectiva.

Y cuando se determina imponer la ley, se hace con fines meramente recaudatorios, parciales y medrosos, según lo vemos en la decisión tomada por la burocracia, al retomar la aplicación de las multas a quienes estacionen sus vehículos en lugares prohibidos, sólo de lunes a sábado y en tres o cuatro zonas de la sufrida ciudad. Sin embargo, nada se hace en cuanto a elaborar y dar a conocer planes de educación y de concientización en el uso de calles y avenidas, de sincronizar los semáforos y colocar los señalamientos necesarios, y mucho menos en hacer respetar la normativa, con el apoyo de personal honesto y debidamente preparado.

Ante la deficiente actuación de un gobierno inoperante, erradicar los malos comportamientos será cada vez más difícil, pues a la falta de cultura vial se suma la actitud grosera, soberbia y prepotente de una gran cantidad de infractores. Al no existir sanciones y predominar la impunidad, se arraigan las malas prácticas, entre las cuales se identifican el manejar con exceso de velocidad, en sentido contrario o bajo la influencia de sustancias nocivas, desobedecer las señales de tránsito, no usar el cinturón de seguridad, conducir y al mismo tiempo hablar o mandar mensajes por el teléfono móvil, y en la generalidad de ciclistas y motociclistas hacer lo que les viene en gana, transitando incluso sobre las banquetas.

Para colmo, ahí está la aportación, muchas veces trágica, de varios de los operadores del transporte público, por cuya insistencia al tratar de imponer en las calles la ley de la selva, uno duda de si estos individuos fueron autorizados para estar frente del volante precisamente por tener trastornos emocionales y de personalidad, marcados patrones de conducta antisocial y bastante limitado su funcionamiento intelectual.

Una sociedad digna y responsable no puede permanecer indiferente ante liderazgos incompetentes, que permiten lo caótico y tienen a las vialidades convertidas en coto exclusivo de un creciente número de conductores maleducados, agresivos, adoradores del teléfono portátil y en extremo ignorantes de las más elementales reglas de la circulación.